En el panorama legislativo español, el partido político Vox ha manifestado su postura en diversas iniciativas que afectan a la infancia, desde la mejora de programas de salud para recién nacidos hasta la ley integral de protección contra la violencia. Su visión a menudo se ha caracterizado por un enfoque particular en la autonomía familiar y una crítica a ciertas políticas progresistas.
La Propuesta de Mejora del Cribado Neonatal y el Compromiso de Vox
La diputada del PSOE Inés Plaza ha defendido una proposición con la finalidad de mejorar el programa de cribado, la denominada prueba de talón, para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Esta propuesta busca establecer la garantía de la evaluación del programa con una periodicidad mínima, argumentando que las comunidades autónomas avanzan a distintos ritmos y ello “crea desigualdades que no podemos permitir en algo tan esencial como es la salud”.
La propuesta socialista, que deberá modificar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, coincide con los planes del Ministerio de Sanidad. Busca incluir, entre otras cuestiones, que el Ministerio y las Comunidades Autónomas, cada dos años, “revisen obligatoriamente el cribado neonatal”.
En este contexto, desde Vox, María Ruiz ha asegurado que “vamos a poner todo de nuestra parte para que el cribado neonatal sea igual para todas las comunidades”. Por su parte, el diputado del PP, Antonio Cavacasillas, ha avanzado el sentido de algunas de las enmiendas de su grupo, señalando la necesidad de financiación para esta iniciativa.
La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Ley Rhodes)
Aprobación, Consenso y Rechazo de Vox
El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia, un texto pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la protección de los derechos de los niños. La norma ha cosechado un apoyo significativo con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones, rebasando por mucho la mayoría absoluta necesaria. En un apoyo poco habitual en el actual panorama político, los grupos parlamentarios han logrado un amplio consenso.
No obstante, solo Vox y el PNV, este último por motivos competenciales, mostraron su rechazo a esta ley, conocida también como Ley Rhodes. Las abstenciones corresponden a EH-Bildu, JuntsxCat, PDeCAT y Navarra Suma. La ley continuará su trámite por el Senado, donde probablemente se presentarán nuevas enmiendas, si bien su tramitación de urgencia podría llevar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado en junio.
Contexto y Objetivos de la Norma
La violencia contra la infancia es una realidad a menudo silenciada, con un sistema de recogida de datos deficiente. En 2019, se registraron más de 40.000 delitos contra menores de edad, y cerca de la mitad de los delitos contra la libertad sexual tuvieron como víctimas a un niño o un adolescente, siendo estas cifras solo “la punta del iceberg” debido a la falta de denuncias.
La norma pretende un “cambio de paradigma”, similar a la ley de violencia de género en su momento. Su fin principal es garantizar los derechos de los niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, abordando exhaustivamente desde el castigo físico hasta la violencia sexual o el ciberacoso. Recoge medidas para la sensibilización, detección, protección y reparación de las víctimas.
Entre sus objetivos más destacados se encuentra acabar con la impunidad de los delitos graves contra menores, como la pederastia, ampliando los plazos de prescripción. El tiempo del que dispondrá la víctima para denunciar comenzará a contarse cuando cumpla 35 años (frente a los 18 actuales), lo que significa que los delitos no caducarán hasta que la víctima tenga al menos 40 años, y los casos más graves podrán denunciarse hasta los 55. Esta enmienda clave fue añadida in extremis y aprobada en el pleno.
Conversatorio sobre Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Medidas Adicionales y Enfoque Preventivo
La ley instaura medidas para evitar la victimización secundaria, que ocurre cuando la atención deficiente durante el proceso judicial revive el trauma de la víctima. Asimismo, refuerza el derecho de los niños a ser informados y escuchados, y otorga un mandato al Gobierno para la creación de juzgados especializados.
Se pone un gran foco en la prevención, con un despliegue de iniciativas que incluyen:
- Formación a profesionales que trabajen con niños.
- Establecimiento de protocolos en colegios, centros deportivos y de menores.
Voces y Reacciones ante la Ley
Los grupos que intervinieron en la tribuna, a excepción de Vox, elogiaron el espíritu de la norma. Se presentaron 576 enmiendas, de las cuales más de 200 fueron incorporadas y más de 70 transaccionadas entre los grupos. Los partidos del Gobierno señalaron que “es una ley que marca un antes y un después”. La ponente de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, afirmó que “Podemos convertirnos en referencia mundial”, y la portavoz socialista de derechos sociales, Sonia Guerra, expresó: “Queremos que crezcáis sin violencia y viváis sin miedo”.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos), destacó el “altísimo consenso” y la “baja intensidad” de la norma, criticando que “la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces” al encubrir violencia sexual contra niños. Belarra se dirigió directamente a los niños: “Si alguien trata de haceros sentir culpables por lo que os ha pasado quiero que escuchéis atentamente mis palabras: nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”. Agradeció la labor del pianista James Rhodes, quien sufrió abusos en la infancia y fue “pieza clave, un motor fundamental” para la aprobación de esta ley.
A pesar del consenso general, surgieron diferencias en el seno del Ejecutivo de coalición, con Unidas Podemos reclamando al PSOE su voto a favor de prohibir la entrada de menores a espectáculos taurinos y una enmienda para aumentar las garantías de los menores ante desahucios. Ambas fueron rechazadas, con argumentos socialistas sobre competencias autonómicas y negociaciones en la futura ley de vivienda.
Organizaciones y expertos en infancia celebran la inminente aprobación de la ley. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, la valora como “una ley necesaria y pionera a nivel europeo y mundial, por su aspecto integral”, destacando su carácter multidisciplinar y preventivo. No obstante, considera que aún hay margen de mejora en el Senado. Noemí Pereda, profesora de Victimología en la Universidad de Barcelona, subraya la necesidad de dotación presupuestaria y un plan plurianual para desarrollar las medidas.
Alicia García, portavoz de derechos sociales del Grupo Popular, reconoció que la ley “llega tarde” y echó en falta un “enfoque de discapacidad” y “más receptividad por parte del Gobierno”. Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, recalcó el consenso y exigió recursos para desplegar la ley.
La Voz Discordante de Vox y la Crítica por Invasión de Competencias
El principal punto de fricción para algunos grupos ha sido el asunto competencial. Iñigo Barandiaran, del PNV, afirmó que la norma contempla “una invasión competencial que no tiene justificación”, lo que llevó a su grupo a votar en contra. Mertxe Aizpurua (EH-Bildu) y el PDeCAT se abstuvieron con “sentimiento amargo” por este motivo, considerando la necesidad de incluir el reconocimiento de la “violencia institucional” y suprimir la condición de agente de autoridad a funcionarios de servicios sociales. ERC, aunque votó a favor, coincide en estos dos aspectos.
La voz más discordante provino de Vox. La diputada Teresa López comenzó su intervención presentándose como “Mujer, nieta, hija, hermana, amiga, periodista, compañera, diputada. Principalmente soy madre”, y acusó a los proponentes de la ley de “Querer limpiar sus conciencias”. López deslizó una crítica directa: “Paradojas progresistas. Proteger a la infancia no es promover el aborto. Eso es violencia”.
Además, cuestionó el concepto de “parentalidad positiva” al preguntar: “¿Es parentalidad positiva que los padres no puedan elegir que sus hijos puedan recibir, a cualquier edad, en cualquier escuela, educación afectivo sexual?”. Concluyó su intervención afirmando que “Es una ley creada para educaros a imagen de lo que ustedes representan, la destrucción de la familia, de la vida y de España”.