La República de Irlanda ha sido históricamente uno de los pocos países europeos con un acceso particularmente restrictivo al aborto. Esta situación ha generado un amplio debate social y político, así como una intensa movilización por parte de organizaciones y activistas pro-elección. En un país con una fuerte tradición católica, la legislación sobre el aborto ha estado marcada por la Octava Enmienda de su Constitución, que ha equiparado el derecho a la vida de la madre con el del embrión o feto, lo que en la práctica ha significado una prohibición casi total del aborto.
La Restrictiva Legislación Irlandesa sobre el Aborto
En Irlanda, el aborto únicamente ha estado permitido si la vida de la madre corría peligro. Esto implicaba que estaba prohibido en casos de violación, incesto o malformaciones del feto. La cláusula en la Constitución, conocida como la Octava Enmienda e incluida en 1983, tipificaba el aborto como ilegal en casi todos los supuestos. Esta enmienda indicaba que la vida del feto es protegible desde su concepción y tiene el mismo derecho que la de la mujer. Según diversas organizaciones, esta situación privaba a las mujeres de "su autonomía física primordial" y "violaba sus derechos humanos".
Consecuencias de la Octava Enmienda
La Octava Enmienda no impidió que las mujeres abortaran, sino que añadió un peso suplementario a las mujeres que tenían necesidad de recurrir a ello, según la Federación Irlandesa de Planificación Familiar (IFPA). Más grave aún, esta legislación creaba disparidades, discriminando a las mujeres que no tenían dinero, pero también a las que carecían de papeles. Además, la píldora abortiva, menos cara y a priori solicitada, era ilegal. Aunque no se dictó ninguna condena por este tipo de infracción, su utilización en teoría podía castigarse con una pena de 14 años de prisión. "Estas píldoras no revisten peligro y son eficaces cuando se toman bajo control médico, como es el caso en prácticamente todos los demás países europeos", afirman los defensores de su uso.
El Impacto en las Mujeres Irlandesas
La restrictiva ley llevó a que, según Amnistía Internacional, más de 4.000 mujeres salieran del país cada año para someterse a un aborto, "con un considerable costo mental, económico y físico". Muchas de estas mujeres, como Shelley (29 años) o la española Lupe, tuvieron que emprender un viaje temprano por la mañana junto con sus parejas para acceder a servicios de aborto en el extranjero. Las condiciones eran desfavorables, con largos viajes y un gran agotamiento físico y emocional al regresar.
Las mujeres que no podían viajar se quedaban sin acceso al tratamiento médico que necesitaban o se arriesgaban a sanciones penales si se sometían a un aborto ilegal en su país. Profesionales de la salud también se enfrentaban a un dilema ético. "En virtud de la ley actual debemos esperar hasta que las mujeres estén lo bastante enfermas para poder intervenir. ¿Hasta qué punto hemos de acercarnos a la muerte?", se preguntaban los médicos, evidenciando el miedo y la frustración ante la Ley de Regulación de la Información, que penalizaba como delito que los profesionales sanitarios aconsejaran e informaran a las mujeres sobre tratamientos y condiciones para un aborto sin riesgos.
Irlanda aprueba ley de aborto
Activismo y el Rol de las Organizaciones No Gubernamentales
Numerosas organizaciones y grupos de activistas han trabajado incansablemente para desafiar la legislación y abogar por un acceso más amplio al aborto en Irlanda. "Mi cuerpo mi elección" y "Confía en las mujeres" eran lemas comunes en las manifestaciones pro-elección que se llevaban a cabo, por ejemplo, en Dublín.
- Amnistía Internacional: Esta organización ha sido una voz prominente en la lucha, señalando que la Octava Enmienda afectaba al "derecho a la salud, vida, privacidad, igualdad y no discriminación de las mujeres irlandesas". Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, aseguró que, aunque Irlanda se enorgullecía de ser una sociedad abierta tras el referéndum sobre igualdad en el matrimonio, la Constitución "trataba a las mujeres y a las niñas como si fueran vasijas fecundadoras". Publicaron informes como 'No es ninguna delincuente. Las consecuencias de la legislación sobre el aborto en Irlanda', documentando casos de mujeres obligadas a viajar al extranjero y las dificultades de los profesionales de la salud.
- IFPA (Irish Family Planning Association): Se ha opuesto firmemente a la Octava Enmienda, explicando que no prevenía el aborto, sino que "añadía un peso suplementario a las mujeres que tienen necesidad de recurrir a ello".
- Rosa (Movimiento Feminista Socialista): Militantes de este grupo recorrieron el país varias veces con su "bus de píldoras abortivas", demostrando que "abortos ya los hay aquí. Es un hecho", como recordaba Ailbhe Smyth, codirectora de la campaña.
- Everyday Stories: Mary, cofundadora de esta plataforma, publicaba en línea historias de mujeres que abortaron a pesar de las dificultades encontradas en Irlanda.
- Women on Web: Este sitio especializado, que entre 2010 y 2015 fue contactado por 5.650 mujeres de Irlanda y de Irlanda del Norte, ofrecía información y acceso a píldoras abortivas, pese a su ilegalidad.
- Irish Congress of Trade Unions (ICTU): David Joyce, de la central sindical, señaló que se opusieron a la introducción de la Octava Enmienda ya en la década de 1980, destacando que "cerca de la mitad de nuestros miembros son mujeres".
El Referéndum y el Cambio Generacional
La cuestión del aborto en Irlanda también se consideró generacional. El analista político Noel Whelan sugirió que nadie menor de 53 años había tenido la oportunidad de votar para mejorar la accesibilidad del aborto desde la introducción de la Octava Enmienda en 1983. Un referéndum posterior brindó a los más jóvenes la oportunidad de mostrar si se apartaban de la tendencia conservadora del país.
Miles de jóvenes emigrados regresaron temporalmente al país para poder votar en el referéndum, ya que la legislación irlandesa no permitía el voto a distancia desde el extranjero, según señaló la organización humanitaria. Este movimiento subrayó la importancia de la participación ciudadana y la presión social para el cambio. "Las draconianas leyes de Irlanda han creado un clima de miedo en los orientadores. En consecuencia, algunas mujeres evitan ir al médico", afirmó Amnistía Internacional, enfatizando la necesidad de que Irlanda enmendara su Constitución.
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