La Interrupción Voluntaria del Embarazo en Hospitales Públicos: Un Desafío en Madrid
En España, a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho de las mujeres desde 2010, su acceso en los hospitales públicos sigue siendo un desafío considerable. Esta situación afecta a miles de mujeres en el país, quienes se enfrentan a obstáculos significativos, incluso cuando la IVE es necesaria por razones terapéuticas o cuando la vida de la madre o del feto está en riesgo.
Un ejemplo de esta problemática fue el caso de Marta Vigara en septiembre de 2021, quien relató en los micrófonos de la SER cómo un hospital público de Madrid se negó a realizar un aborto a pesar de la inviabilidad del feto y el riesgo para su salud. Marta tuvo que recurrir a la sanidad privada y describió la sensación de vulnerabilidad y estigmatización durante todo el proceso. A ella le habían dicho que en su hospital no se realizaban abortos mientras hubiese latido fetal.
Casi año y medio después, sigue siendo muy difícil para las mujeres interrumpir voluntariamente el embarazo en los hospitales públicos, incluso por razones terapéuticas, o aunque esté en riesgo la vida de la madre o del feto.
El Caso de Patricia en el Hospital Universitario La Paz
Esta dificultad se manifestó recientemente, en noviembre, en el caso de Patricia, quien se encontraba en el Hospital Universitario La Paz, el centro de referencia donde había seguido todo su embarazo en Madrid. Patricia recibió un diagnóstico tardío de una anomalía fetal muy grave y solicitó la interrupción del embarazo en La Paz. Sin embargo, fue derivada a la red concertada, ya que en el hospital no se realizan abortos, ni siquiera en estos casos.
La explicación que Patricia escuchó fue tajante: "Esto es un tema extra médico", le dijeron. Ella lo recuerda perfectamente porque se le "clavó en el corazón" y, aunque con el tiempo lo ha digerido, sigue sin entender cómo algo así puede ser considerado "extra médico". En ese momento, Patricia se encontraba en la semana 26 de gestación, "embarazadísima", y sentía miedo, pues deseaba abortar en un hospital público.
Gracias a la información y ayuda de asociaciones y mujeres expertas, una de ellas gestionó su atención en otro hospital de Madrid, el de Torrejón. Allí, Patricia recibió finalmente la interrupción del embarazo, la cual fue un parto inducido con muerte perinatal. Patricia no puede estar más agradecida por el cariño y el respeto que recibió en este centro. Explicó que el trato del Hospital de Torrejón fue excepcional: "Las matronas me cogían de la mano, lloraban conmigo. Las ginecólogas fueron espectaculares. No tengo palabras para el cariño. Me regalaron las únicas horas que he estado con mi bebé".
Además, sostiene que todo el servicio de ginecología le ayudó a superar el duelo por su bebé, a quien llamó Lara. Patricia quiso contar su caso públicamente con un claro objetivo: "Que se cumpla la ley y que se asegure en los hospitales públicos la interrupción del embarazo. No puede ser que en un hospital como La Paz objete en bloque. Es un tema médico. Y es horrible y doloroso para las familias".
La Objeción de Conciencia Colectiva y sus Implicaciones
La objeción de conciencia colectiva es una práctica generalizada en prácticamente todas las comunidades autónomas españolas y ha sido así desde siempre. Los profesionales se niegan sistemáticamente a realizar interrupciones de embarazo, a menudo por miedo a ser estigmatizados. Esta objeción dificulta enormemente el acceso a la IVE en los hospitales públicos, a pesar de que es un derecho fundamental de las mujeres.
Blanca Fernández, consejera de Igualdad de Castilla La Mancha, reconoció en declaraciones a la Cadena SER esta realidad, afirmando: "No tenemos ahora profesionales que no estén acogidos a la objeción de conciencia y es muy difícil ofrecer este servicio en condiciones de garantía". Esta situación pone de manifiesto la necesidad de medidas que aseguren la prestación de este servicio esencial.
La objeción de consciencia y su impacto en el proyecto de aborto
Hacia una Nueva Regulación: La Reforma de la Ley del Aborto
La nueva reforma de la ley del aborto, que está a punto de aprobarse en el Senado, pretende acabar con esta situación. El objetivo es garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos de manera efectiva y sin barreras.