La muerte de bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba es un hecho inédito que conmocionó a la provincia y al país. Este trágico suceso dio inicio a una compleja investigación judicial que hoy tiene a varias personas imputadas, incluyendo personal de enfermería y altos funcionarios.
Inicio de la Investigación y la Denuncia Clave
La investigación se destapó a raíz de una denuncia que marcó el fallecimiento dudoso de cinco bebés entre marzo y julio de 2022 en el Hospital Neonatal de Córdoba. Francisco Luperi, un ingeniero civil y esposo de Virginia Zamora, médica anestesióloga en el hospital, fue quien realizó la denuncia inicial el 4 de julio de 2022, dando comienzo al proceso judicial. Luperi tomó conocimiento de la seguidilla de muertes de recién nacidos sin ningún problema de salud a través de su esposa, quien había escuchado las primeras versiones de lo que estaba sucediendo en las guardias.
Luperi relató que su esposa, quien trabaja un día fijo a la semana y a veces los fines de semana en el hospital, le comentaba lo que había pasado en la guardia. En 2022, su esposa comenzó a contarle cosas que estaban sucediendo en el Neonatal, según el testimonio de otros médicos y enfermeros, sobre muertes que no tenían explicación. A medida que se acumulaban los hechos, la pareja lo conversaba con creciente alarma. Un día, Virginia regresó del hospital y comentó que había más muertes o más bebés con lesiones sin causa conocida, momento en el que decidieron ir a la Justicia.
Francisco Luperi se presentó ante la Justicia para proteger a su mujer de cualquier situación que pudiera plantearse con su trabajo, desconociendo si ya existía una denuncia judicial o policial. Las investigaciones internas se precipitaron porque los recién nacidos eran niños sanos de madres también con buena salud, y nada hacía presumir el trágico desenlace.
La hora de las madres en el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal
Cronología de los Hechos y Evidencias
Primeros Fallecimientos y la Sospecha del Potasio
El viernes 18 de marzo de 2022, Francisco Calderón Cáceres, la primera víctima, perdió la vida apenas horas después de haber nacido por cesárea. Tanto él como su madre gozaban de buena salud. Ese mismo día, otro recién nacido sufrió una descompensación en el Materno Neonatal, aunque logró sobrevivir. La familia de Francisco recibió el certificado de defunción con la única duda sobre un posible problema con la vitamina K, un suplemento administrado a todos los recién nacidos. En respuesta, el hospital decidió reemplazar los lotes de esa vitamina, pero los casos continuaron.
A finales de abril, se registró otro fallecimiento cuestionable en circunstancias similares. En ese periodo, se identificó un elemento crucial: varias madres, médicos y enfermeros notaron marcas de pinchazos inexplicables en múltiples recién nacidos. Una fuente involucrada en el caso compartió que "ninguna inyección se le coloca a un bebé en un lugar antojadizo, y acá vimos marcas en la espalda, en lugares muy aleatorios". La justificación relacionada con la vitamina K empezó a parecer insostenible.
Escalada de la Crisis y las Autopsias
El 6 de mayo, la jefa del departamento de Neonatología envió una comunicación a la dirección del hospital alertando sobre la muerte de dos bebés y la descompensación de cinco más, mencionando los inexplicables pinchazos y solicitando una investigación. Julio Escudero Salama, subdirector de Gestión Administrativa del hospital, pidió una versión más completa de ese informe, que recibió el 10 de mayo. Seis días después, se reunió con el fiscal Guillermo González y el director de los médicos forenses, David Dib.
Del 6 al 7 de junio, la crisis alcanzó su punto máximo. En ese breve lapso, dos bebés perdieron la vida y otros dos sufrieron graves descompensaciones, lo que llevó el total a trece incidentes bajo análisis. Las muertes de estos dos bebés se informaron como sospechosas, una denunciada por una enfermera y otra por un policía que vigilaba el hospital. A pesar de que cinco infantes habían fallecido y ocho habían sufrido descompensaciones, nadie puso el asunto en manos de la Justicia de manera colectiva.
Las dudas se confirmaron con las autopsias realizadas a las dos últimas víctimas, que revelaron elevados niveles de potasio en su organismo, conocidos como hiperpotasemia. Los forenses encontraron niveles alarmantes de 18 miliequivalentes por litro en ambos casos, cuando los valores normales oscilan entre 3 y 3.5 miliequivalentes, y hasta 4.5 en casos de deceso. La autopsia indicó que el potasio había sido administrado de forma exógena, lo que significa que alguien había realizado las inyecciones. Además, se detectaron concentraciones elevadas de insulina, a pesar de que no tenían prescripción para dicha hormona. Todo esto sucedió en un contexto de "inoculaciones erráticas", compatibles con "quien lo hace a escondidas, cuando hay un segundo de descuido".
El Rol del Potasio y Otros Hallazgos
La médica anestesióloga Virginia Zamora afirmó que el cloruro de potasio no estaba en un lugar de fácil acceso para el personal en general. Explicó que el potasio se encuentra en la caja de paro y se usa en determinadas ocasiones, principalmente en una reanimación por paro cardiaco, aplicado a través de un suero con solución fisiológica por goteo, nunca de manera rápida como una inyección, ya que puede causar arritmias o afecciones graves. A un bebé sano, no se le aplica potasio, ya que produciría un paro y la muerte.
La investigación también descartó la posibilidad de que los eventos hayan sido fortuitos. La confusión con la vitamina K (representada por la letra K) fue desestimada, ya que "en ningún lugar del mundo se pone la letra K en las ampollas de potasio, sino que lleva su nombre completo, y las ampollas de vitamina K tienen otro tamaño". Aunque se confirmaron lotes de productos vencidos en el hospital, no se encontraron pruebas concluyentes que los vincularan directamente con las muertes.
Implicados y el Desarrollo del Juicio
Brenda Agüero: La Enfermera Acusada
La principal acusada es Brenda Agüero, una enfermera del hospital, quien había intervenido en todas las ocasiones. Las pruebas la indicaban como la persona siempre involucrada en los hechos, sumándose diferentes elementos que permitieron su detención. Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini argumentan que Agüero tenía la intención de provocar enfermedades en los bebés deliberadamente para ser la primera en alertar a sus superiores, buscando así destacar y llamar la atención sobre su desempeño. Agüero se encuentra detenida desde el 19 de agosto de 2022 en la prisión de Bouwer.
En el juicio, Agüero no declaró formalmente, pero hizo una presentación en la que contó que se graduó con un promedio superior a 9.5 en 2018, comenzó a trabajar en 2019 en el Sanatorio Allende y en 2020 ingresó al Neonatal. Actualmente estudia abogacía en el penal para "poder defenderme" y sobrellevar las agresiones "por la mediatización" del caso. Refutó una de las principales pruebas en su contra, diciendo que los archivos sobre cómo administrar potasio encontrados en su celular eran "de neonatología porque trabajaba en un área de neonatología". También rechazó ser paciente psiquiátrica.
En otros bebés sobrevivientes se encontraron lesiones sospechosas o altos niveles de potasio, con distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Se detectaron pinchazos en las espaldas o muslos posteriores de los bebés, lo que sugiere que la imputada actuaba en la sala de recuperación sola y los inoculaba con la ropa puesta. Era una de las pocas personas con acceso libre a ampollas sin tener que dejar registro. Peritaron su celular, que reveló que la mujer había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina, técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos en bebés y un texto sobre cómo actuar durante el duelo por la muerte de un niño.
Otros Imputados y Acusaciones
Además de Agüero, otras diez personas están imputadas en la causa, incluyendo profesionales de la salud y ex funcionarios:
- Liliana Asís (ex directora del hospital): Acusada de “encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”. Cumple prisión preventiva en su casa.
- Diego Cardozo (ex ministro de Salud provincial): Imputado por "encubrimiento agravado" (anteriormente "omisión de los deberes de funcionario público"). Renunció en 2022.
- Pablo Carvajal (ex secretario de Salud): Imputado por "omisión de los deberes de funcionario público".
- Alejandro Escudero Saleme (ex vicedirector del hospital y subdirector de Gestión Administrativa): Imputado por “omisión de los deberes de funcionario público”.
- Marta Gómez Flores (ex jefa de Neonatología): Acusada de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.
- Adriana Morales (ex responsable del Comité de Seguridad del Paciente y médica): Acusada de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”. Afirma que fue la primera en advertir la situación.
- Claudia Ringelheim (ex subdirectora médica del neonatal): Acusada de “omisión de los deberes de funcionario público”.
- Alicia Ariza (ex jefa de enfermeras): Acusada de “omisión de los deberes de funcionario público”.
- Alejandro Gabriel Gauto (ex responsable del Área Legal del Ministerio): Podría enfrentar penas por encubrimiento doblemente agravado.
- María Alejandra Luján (médico): Quien firmó las actas de defunción y presuntamente conocía de las muertes sin denunciarlas; cargos relacionados con la omisión de deberes, encubrimiento agravado en dos instancias y falsificación ideológica.
La fiscalía sostuvo que hubo un plan para encubrir los hechos, y que los funcionarios conocían lo que estaba sucediendo en el hospital y no denunciaron a tiempo. Esta omisión, descrita en el artículo 249 del Código Penal como “incumplimiento de deberes de funcionario público”, no tiene penas de prisión efectiva, pero sí multas o inhabilitaciones para ocupar cargos en el Estado. El fiscal Raúl Garzón anuló la imputación de omisión de los deberes de funcionario público y acusó de encubrimiento agravado al exministro de Salud, Diego Cardozo, y al resto de directivos, sosteniendo que ocultaron los hechos por "querer controlar el daño reputacional de la gestión".
Testimonios de las Madres
En el juicio, declararon las madres, padres y abuelas de los cinco bebés fallecidos y los ocho que lograron sobrevivir, con testimonios desgarradores. Varios relatos apuntaron directamente a la enfermera Agüero. Gabriela González, madre de I., una sobreviviente, contó que presenció el momento en que la enfermera podría haber pinchado a su hija. Julieta Guardia, mamá de Ibrahim, uno de los fallecidos, remarcó que Brenda se llevó a su hijo y que cuando volvió, ya no tomó más leche de su pecho, y que a su hijo "le reventaron su organismo, le reventaron su corazón".
Vanessa Cáceres, mamá de Francisco, el primer bebé fallecido, lamentó no haber pedido que se lo pusieran encima. Se indignó al sentir que las autoridades creyeron que trataban con gente ignorante en un hospital público y pidió al jurado que "tenga algo de sentimiento". Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, describió la violencia obstétrica que vivió y la actitud de la enfermera Agüero, quien después de acomodar al bebé en la cunita, este empezó a llorar y luego sufrió paros cardíacos. Tras la muerte de su hijo, los médicos les recomendaron no hacerle una autopsia y no realizar la denuncia policial.
Yoselín Rojas, mamá de Angeline, cuya muerte fue el primer caso en llegar a la Justicia, apuntó directamente al potasio: “Mi bebé ha sido envenenada con potasio, le pusieron una alta dosis de potasio. No merecía morir, no merecía morir así”. Además, dijo que Brenda Agüero se acercó a darles su bebé luego de habérselo llevado apenas se realizó el parto, y que "nos miraba raro, como de reojo". Jaime Cornelio Pérez, padre de Angeline, afirmó que Agüero se acercó y la pellizcó cuando él tenía a la recién nacida en sus brazos.
Estado Actual de la Investigación
Actualmente, la causa tiene 13 casos: cinco bebés muertos y ocho sobrevivientes. La investigación está pronta a terminar, y las familias esperan que la causa se eleve a juicio. A principios de 2023, se inició la elaboración de un perfil criminalístico minucioso para reconstruir el contexto en base a las evidencias. Asimismo, está en proceso una pericia médica multidisciplinaria sobre los 13 casos.
Un equipo especial, conformado por peritos forenses, peritos médicos, psicólogos y psiquiatras, trabaja con el fiscal Raúl Garzón para responder cómo y por qué murieron esos bebés. Se estudiaron 38 casos de bebés fallecidos en 2021 para determinar si la imputada había trabajado en ese momento; si bien no había reportes similares, se confirmó que todos tuvieron patologías con una explicación sobre lo sucedido.
El tribunal estará conformado por los jueces camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman. La fiscal Mercedes Ballestrini aseguró que la enfermera Agüero es "una asesina serial" y que se probará una “ola de asesinatos”: “No se trata de una película de terror: es una historia real de terror porque eran bebés sanos que murieron”.