El Gobierno de España ha dado un paso fundamental para presentar formalmente una propuesta de reforma de la Constitución, con el objetivo de incluir la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Esta iniciativa busca añadir un apartado al artículo 43 de la Carta Magna, obligando a todos los poderes públicos a garantizar este derecho, ya reconocido en la ley de 2010 y ratificado en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional.
La trascendencia de esta propuesta es evidente: por primera vez en la Ley Fundamental, las mujeres son reconocidas específicamente como sujetos de derechos propios, cuyo ejercicio debe ser asegurado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva. Esta incorporación no solo refuerza la igualdad entre mujeres y hombres, sino que consolida el compromiso del Estado con la libertad y la dignidad humanas.
Contexto Político y Reacciones
La ley de 2010 tardó nada menos que 13 años en ser analizada por el Tribunal Constitucional, que finalmente decidió sobre su constitucionalidad en respuesta a un recurso presentado por el Partido Popular. A pesar de haber gobernado con mayoría absoluta, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, optó por no modificar la ley. Las encuestas de la época indicaban que los conservadores españoles preferían evitar un conflicto político en torno a este asunto.
Sin embargo, la situación cambió recientemente. Hace pocas semanas, las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y especialmente de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, generaron controversia al arremeter contra las garantías del ejercicio de este derecho. La presidenta de la comunidad, donde un 99,5% de las interrupciones de embarazos se practican en clínicas privadas, llegó a calificar el aborto como un “gran negocio para el feminismo”.
Posiciones y Opinión Pública
Resulta difícil comprender la complacencia de algunos dirigentes del PP con la ultraderecha de Vox en un asunto que no representa un problema significativo para la sociedad española. De hecho, el 83% de los ciudadanos y el 60% de los votantes que apoyan tanto al PP como a Vox están de acuerdo con la ley vigente. Ante los vaivenes del PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, respondió con un comunicado que, sin aludir directamente a Ayuso, se comprometía a “cumplir la ley”. Feijóo, consciente de que el aborto es un asunto delicado para un partido atrapado entre un voto más liberal y otro más reaccionario, ha intentado mantenerse al margen de este debate, que ni siquiera se abordó en el congreso del partido donde fue reelegido presidente.
La respuesta del presidente Pedro Sánchez a estas posturas ha sido pasar a la ofensiva. La propuesta de elevar el derecho al aborto a la Constitución es un claro desafío a las declaraciones de Ayuso y pone en apuros a Feijóo, ya que la tramitación en las Cortes le obligará a definir la posición de su partido. Aunque la decisión de Sánchez pueda interpretarse como una maniobra política para acorralar al líder de la oposición, su carácter oportuno, necesario y de enorme calado democrático es innegable. Los españoles merecen conocer la opinión en este sensible asunto de un partido con aspiraciones de gobierno.
La Trascendencia de la Reforma Constitucional
Conceder el máximo rango jurídico al derecho al aborto sacaría de una vez por todas los derechos reproductivos de las mujeres de la contienda política. Además, los protege ante la ola internacional ultrarreaccionaria que promueve el retroceso de derechos que se consideraban ya consolidados. Esta misma preocupación llevó a Francia en 2024 a convertirse en el primer país en incluir el derecho al aborto en su Constitución, dos años después de que el Tribunal Supremo de EE UU derogara la protección federal de este derecho. La iniciativa francesa contó con un apoyo abrumador, incluso de la ultraderecha de Marine Le Pen.
España no puede dejar las libertades ya conquistadas por las mujeres al capricho de posibles equilibrios de poder entre la derecha y la ultraderecha. La peligrosa complacencia hacia el voto ultra de algunos dirigentes del PP convierte esta posibilidad en una amenaza real, como ya ha ocurrido en EE UU, donde se revirtió un derecho con medio siglo de historia, o en países de la UE como Polonia y Hungría. La democracia española es un referente mundial en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra el machismo. Nadie es libre cuando no puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Todas las personas tienen derecho a controlar su propia fertilidad y el ejercicio de la autonomía reproductiva.
Dimensiones del Derecho al Aborto: Libertad y Prestación
Cincuenta años de libertad en España, 47 desde la aprobación de la Constitución y 40 desde la primera ley de despenalización del aborto, nos sitúan en una encrucijada histórica. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha decidido incorporar la garantía del ejercicio de este derecho en la Constitución de 1978. La reforma del artículo 43 de la Constitución plantea dificultades, pero al mismo tiempo genera un debate necesario desde diversos puntos de vista, desde el académico hasta el social. Las constituciones son textos vivos que deben adaptarse a las necesidades cambiantes de una sociedad en continua evolución.
Las dificultades de reforma de nuestro texto fundamental, con procedimientos agravados que exigen mayorías cualificadas, han resultado en solo tres modificaciones constitucionales, todas a través del procedimiento establecido en el artículo 167, el menos gravoso y el que se activará para la reforma propuesta. A lo largo de los años, esta dificultad procedimental no ha significado la petrificación de la Constitución, ya que, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la vía interpretativa, se ha ido enriqueciendo la Ley Fundamental, reconociendo derechos que no estaban explícitamente contemplados en origen. Así ha ocurrido con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo reconocimiento como derecho fundamental ha sido declarado en la sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023 de 9 de mayo, como concreción de la dignidad de las mujeres, el libre desarrollo de su personalidad (artículo 10) y su integridad física y moral (artículo 15). La dimensión de libertad del derecho al aborto está, pues, reconocida y su desarrollo normativo asegurado en la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva, modificada recientemente por la Ley Orgánica 1/2023.
Sin embargo, la dimensión de libertad de este derecho necesita ineludiblemente de una prestación a través de la sanidad pública para devenir efectivo. Esta dimensión prestacional del derecho es la que se pretende blindar en la reforma del artículo 43, porque es la que no está garantizada y pone en peligro la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad. De las 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en 2024, el 79% se practicaron en centros privados y el otro 21% en centros públicos. En Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, el 60% de las mujeres fueron atendidas en la sanidad pública; en Madrid o Andalucía, menos del 1%. Con esta realidad tan diversa, la igualdad en el ejercicio de los derechos que impone el artículo 139.1 de la Constitución se incumple abiertamente. De ahí la necesidad de fortalecer la dimensión prestacional del derecho, y más en un momento histórico como el actual.
Barreras al Acceso y Consecuencias Globales
El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo, siendo un cuidado de salud básico que necesitan millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Sin embargo, en los lugares donde el aborto es estigmatizado, penalizado o restringido, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros, que son la tercera causa de muerte materna evitable en el mundo.
Es innegable la ola reaccionaria nacional, que se concreta en ocurrencias de la extrema derecha, como obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal, o amenazarlas con el falso síndrome posaborto, o el grito de “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, con el que Isabel Díaz Ayuso desobedece abiertamente la ley. También es evidente la ola reaccionaria internacional que amenaza los derechos de las mujeres desde EE UU hasta Argentina y que llevó a Francia a incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Todo ello obliga a proponer un escudo constitucional que proteja de un mejor modo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma del artículo 43 se suma así a la jurisprudencia del Constitucional y a la Ley Orgánica 1/2023, complementa la ordenación del derecho en su vertiente de libertad y, en su vertiente prestacional, genera una defensa más sólida, aunque no absoluta, pues solo el voto puede impedir que mayorías futuras, decididas a devolver a las mujeres a los roles y estereotipos tradicionales, arrebaten a esta generación y a las futuras todos los avances conquistados con enorme esfuerzo. Nuestra responsabilidad aquí y ahora es hacer todo lo posible por proteger la libertad y el ejercicio de los derechos de la mayoría de la población que somos nosotras.
Las personas se enfrentan a toda clase de barreras para acceder al aborto en todo el mundo. Algunas no pueden abortar porque no pueden permitirse ausentarse del trabajo para acudir a citas médicas o porque no pueden pagarse el viaje a otro país o estado para recibir atención. La creación de un futuro mejor en el que el derecho al aborto esté garantizado para todas las personas no termina con la despenalización del aborto.
Penalización y Restricciones
En algunos países -como Estados Unidos, Sierra Leona, Polonia y Marruecos- abortar o ayudar a alguien a abortar está penalizado. Las leyes que restringen el aborto varían de un país a otro y hay algunos países, como Guinea Ecuatorial y Zambia, que imponen la pena de cadena perpetua a quienes recurren al aborto. En algunos países hay leyes que solo permiten el aborto en circunstancias concretas. Entre esas excepciones figuran que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, que se trate de un caso de lesión grave y mortal del feto o que el embarazo suponga una amenaza para la vida o la salud de la persona embarazada. La penalización del aborto empeora la situación para las personas que ya están marginadas. Los servicios de salud, en general, son menos accesibles a las personas de bajos ingresos, refugiadas y migrantes, LGBTI e indígenas y racializadas. A pesar de decenios de estigma y de información errónea sobre el aborto, la mayoría de las personas están de acuerdo en que el aborto debe ser legal.
Testimonios de Barreras en el Acceso
Ouiam* procede de una familia rural que vive en la pobreza. Se casó cuando tenía 16 años y tuvo un hijo. Poco después, su esposo murió en un accidente de automóvil. Por dos veces, mantuvo relaciones con otro hombre para “obtener protección” para ella y su hijo, y se quedó embarazada en ambos casos. En ambas ocasiones intentó abortar, pero no pudo. Cuando el último intento de abortar de Ouiam fracasó, presentó una denuncia ante la gendarmería en la que alegaba que el padre biológico no quería reconocer la paternidad. Ouiam y el hombre fueron detenidos; ella acusada de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y condenada a cuatro meses de prisión y una multa. Ouiam se puso de parto en su casa 20 días después de salir de la prisión. El parto fue difícil y tuvo varias complicaciones. Sufrió el rechazo de su comunidad y no pudo encontrar empleo. “Sufrí mi embarazo sola, sin ninguna ayuda, además del hostigamiento y las condiciones de vida en la prisión. Mi madre me lo recrimina. Si hubiera podido abortar, mi vida no sería un infierno”.
Incluso en los países donde el aborto es legal, el acceso a este derecho puede llegar a ser difícil debido a factores como el costo, la distancia a los servicios, el estigma social o las actitudes conservadoras reforzadas por la religión. Louise* mantenía una relación con un hombre desde hacía tres años cuando se quedó embarazada por primera vez. “Durante los primeros momentos de mi embarazo sufrí abusos, físicos y mentales, y cuando la persona que entonces era mi pareja me agredió físicamente y me causó lesiones, supe que no podía seguir adelante con el embarazo”. A pesar de la despenalización del aborto en Irlanda del Norte, Louise no pudo acceder a servicios de aborto, ya que vive en una localidad remota. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no era una opción debido a los costos. “Sentí que no me quedaba otra elección. Viajar a Inglaterra costaba más de 200 libras y después habría tenido que explicar por qué viajaba allí. No podía acceder al aborto a través de mi centro de salud porque, al ser una población tan pequeña, me preocupaba que alguien se enterase. Espero tener un hijo algún día, en un momento y un lugar en los que me sienta segura para hacerlo”.
Sabemos que penalizar el aborto no impide que se lleven a cabo, solo hace que sean menos seguros.
El Vínculo con la Igualdad de Género y los Derechos Reproductivos
Las mujeres y niñas cisgénero no son las únicas personas que necesitan acceder a servicios de aborto. Las iniciativas para mejorar el acceso al aborto deben tener en cuenta las necesidades específicas de las personas LGBTI, que probablemente sufran formas interseccionales de discriminación y estigma si intentan abortar. Estas personas están expuestas a sufrir estigmatización, agresiones físicas y verbales, intimidación y amenazas, así como criminalización a través de procesamientos, investigaciones y detenciones injustos. Vanessa Mendoza Cortés fue procesada por presuntos “delitos contra el prestigio de las instituciones” en Andorra por su labor de promoción del derecho al aborto.
Hace más de una década, miles de mujeres marcharon sobre Madrid en el Tren de la Libertad. Aquel convoy recorrió España impulsado por la fuerza de generaciones de mujeres decididas a transformar la injusticia en progreso, la desigualdad en derecho, el paternalismo machista en libertad. Aquel espíritu de avance, de valentía, de justicia y de igualdad continúa intacto y sigue impulsando los cambios normativos necesarios para blindar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Impacto del Embarazo Adolescente
Cada día los derechos de las mujeres y las niñas son vulnerados. Aunque representan la mitad de la población mundial y, por tanto, la mitad de su potencial, la desigualdad de género persiste. Los embarazos adolescentes son una de las múltiples caras que adopta esta desigualdad. El embarazo en la adolescencia o embarazo precoz es un fenómeno mundial con graves consecuencias para la salud, la sociedad y la economía. Se produce cuando ni el cuerpo ni la mente de la mujer están preparados para ello, concretamente entre la adolescencia inicial o pubertad (comienzo de la edad fértil) y el final de la adolescencia, que la OMS la establece en los 19 años. Cada año se registran unos 21 millones de embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. A escala mundial, la tasa de nacimientos en la adolescencia ha disminuido de 64,5 nacimientos por cada 1000 adolescentes en 2000 a 41,3 nacimientos por cada 1000 mujeres en 2023. Sin embargo, las tasas de cambio han sido desiguales en diferentes regiones del mundo.
El embarazo adolescente tiene raíces profundas, y muchas de ellas están fuertemente atadas a la calidad de vida y a la pobreza de un país. Níger, aunque ha logrado reducir las tasas de embarazo adolescente en los últimos veinte años, aún enfrenta una realidad alarmante: 200 madres adolescentes por cada 1000 mujeres. Y no está solo. En los países desarrollados, una de las principales causas del embarazo en adolescentes es la edad temprana a la que se inician las relaciones sexuales.
Comprender las causas es solo el primer paso; es crucial entender las consecuencias y riesgos del embarazo adolescente. Cuando un embarazo ocurre a temprana edad, esta realidad se desmorona. El embarazo precoz no solo afecta a nivel físico, sino que también tiene profundas consecuencias psicológicas y sociales:
- Abandono escolar.
- Abortos.
- Inestabilidad familiar.
- Natalidad descontrolada.
- Problemas psicológicos: Las madres adolescentes suelen enfrentarse al miedo al rechazo, ansiedad, estrés y tensiones familiares.
- Dependencia.
Muchos de estos obstáculos están siendo superados gracias a una educación necesaria en igualdad de género y políticas que empoderan a las mujeres y defienden sus derechos en la sociedad. En Ayuda en Acción creemos que para enfrentar el problema de los embarazos adolescentes es esencial atacar sus causas de raíz. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales. Toda persona tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida sexual y su identidad.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
El Matrimonio Infantil y la Educación
El matrimonio infantil, aunque prohibido en gran parte del mundo, sigue siendo una realidad en muchos países en desarrollo. En estos países, la mayoría de los partos adolescentes ocurren entre niñas que ya están casadas. En otros lugares, los embarazos fuera del matrimonio llevan a muchos padres a casar a sus hijas para evitar el estigma. Desde Ayuda en Acción, colaboramos con socios locales para impulsar proyectos educativos y campañas de sensibilización en las comunidades más vulnerables. La igualdad de género es un compromiso de todas y todos. Por eso, la educación en igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas están en el corazón de nuestra labor global. Cuando hablamos de educación para prevenir los embarazos adolescentes, también nos referimos al acceso a la educación misma. Está demostrado que la escuela es un factor protector clave frente a estas vulneraciones.
Evidentemente, también tenemos que seguir insistiendo en la prevención de embarazos no deseados y en una educación afectivo-sexual amplia. El reto es formidable y merece la pena.