Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no logran reducir sustancialmente el número de interrupciones de embarazos. De hecho, a pesar de las leyes restrictivas, la cantidad de abortos practicados se mantiene más o menos igual, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, al negar o limitar los servicios de aborto seguro, se recurre a métodos peligrosos como el uso de perchas, medicinas elaboradas con hierbas tóxicas y personal sin la formación necesaria, mientras que al personal médico capacitado para brindar cuidados adecuados se le criminaliza.
Esto nos lleva a preguntar: ¿por qué no se permite abortar legalmente a la mujer embarazada? La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero, ¿por qué algunos países aún niegan este derecho y defienden leyes contra el aborto?
Consecuencias de las Leyes Restrictivas sobre el Aborto
La prohibición total o la legislación restrictiva sobre el aborto, implementadas en países como El Salvador y Polonia, y más recientemente en varios estados de Estados Unidos (incluidos Luisiana, Ohio, Kentucky, Misisipi, Georgia, Alabama y Misuri), tienen por objeto controlar a las mujeres y las niñas y obligarlas a ajustarse a los roles estereotipados que se les asignan por razón de género. Estas leyes son una afrenta a sus derechos humanos y a su dignidad, constituyendo una discriminación por motivos de género. Para las personas transgénero y queer que necesitan someterse a un aborto, estas leyes restrictivas representan el último de una larga sucesión de ataques a sus derechos y libertades.
Casos Reales de Vulneración de Derechos
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado el sufrimiento y la desesperación que causan las leyes restrictivas sobre el aborto en todo el mundo.
-
Caso de la "Sra. Y" en Irlanda: Se trata de una mujer a la que se le concedió asilo en Irlanda tras ser golpeada y violada en su país. La Sra. Y intentó suicidarse en varias ocasiones cuando se le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo, resultado de la violación. Finalmente, fue obligada a dar a luz por cesárea. En cada etapa del proceso, la preocupación de las autoridades irlandesas por la protección del feto prevaleció sobre cualquier consideración de su salud física y mental. Irlanda ingresó más tarde en la lista de casi 50 países que han ampliado el acceso al aborto legal, una decisión histórica que llegó demasiado tarde para ella.
-
Casos en El Salvador: Es habitual acusar de homicidio a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica, al ser sospechosas de haber abortado intencionadamente. Evelyn Hernández, una joven salvadoreña de 21 años, sufrió en casa una emergencia obstétrica que le produjo un aborto. Fue detenida, juzgada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, aunque un tribunal de segunda instancia anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio en el que fue declarada inocente. No obstante, la Fiscalía salvadoreña anunció un recurso contra esta decisión, evidenciando la determinación obsesiva de las autoridades en la aplicación de la draconiana legislación del país. De manera similar, Teodora Vásquez fue condenada a 30 años de prisión por sufrir un aborto natural, un caso que se convirtió en emblema de Amnistía Internacional y que finalmente llevó a su puesta en libertad.
Evelyn Hernández: "las leyes sobre el aborto en El Salvador son muy duras"
Las Leyes Contra el Aborto: ¿Control sobre Nuestros Cuerpos?
Es fundamental continuar oponiéndose a los intentos de los gobiernos de controlar los cuerpos de las mujeres y las niñas. Según el último informe del Instituto Guttmacher, en 2017, el 42% de las mujeres en edad reproductiva vivían en los 125 países donde el aborto estaba sumamente restringido (prohibido totalmente o permitido solo para salvar la vida o proteger la salud de la mujer). Los extremos a los que llegan las jurisdicciones para restringir el acceso al aborto privan a las mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas de sus derechos humanos y su autonomía física.
Una persona que no tenga el control de su cuerpo no puede ser libre. El debate sobre el aborto debe ir más allá de la cuestión de si la vida de la persona corre peligro a causa del embarazo. El aspecto esencial es la libertad reproductiva y el derecho de la persona a tomar decisiones sobre su cuerpo. Este derecho es fundamental para que todas las personas que pueden quedarse embarazadas ejerzan plenamente sus derechos humanos y vivan con dignidad. Los gobiernos deben no solo despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto seguro en la práctica, sino también crear unas condiciones sociales en las que las personas puedan tomar decisiones sobre el embarazo sin sufrir opresión, discriminación, estigma, coacción, violencia, falta de oportunidades ni sanciones.
La Evolución del Derecho al Aborto: Un Panorama Global y Español
Avances y Retrocesos a Nivel Mundial
Cada vez son más los países conscientes de la necesidad de garantizar el derecho al aborto, a pesar de la alarmante reducción de los derechos reproductivos que se está produciendo en algunos, como Estados Unidos o Polonia, a instancias de grupos antiabortistas y con el apoyo de políticos populistas. En los últimos 25 años, alrededor de 50 países han reformado su legislación para ampliar el acceso al aborto. Aunque los contextos nacionales varían, todas las campañas exitosas para reformar las leyes sobre el aborto han tenido algo en común: mujeres que han hecho oír su voz. Desde Irlanda hasta Corea del Sur, las activistas han ayudado a disipar el estigma y el secreto existentes en torno al aborto contando sus historias. En Argentina y Polonia, millones de mujeres se han manifestado para exigir que se escuchen sus voces.
Historia y Debates Recientes en España
La historia de España en materia de aborto es compleja. En 1937, España fue pionera en la despenalización del aborto, pero la llegada de la dictadura franquista supuso un importante retroceso para este derecho y muchos otros de las mujeres. Más recientemente, la Ley de 1985 solo contemplaba el aborto en tres supuestos: si el embarazo era fruto de una violación, si suponía un peligro físico o psicológico para la mujer, o en caso de malformación fetal acreditada por informes médicos.
En 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de plazos, que permitía el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación y una prórroga hasta la semana 22 por causas médicas. Sin embargo, en 2011, tras la victoria de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo la intención de eliminar esta ley y volver a un modelo aún más restrictivo que la de 1985, planteando solo dos casos para abortar: violación y riesgo para la salud física y psíquica de la madre, y limitando el supuesto de malformación a anomalías fetales incompatibles con la vida que causasen daño psíquico a la madre. Este anteproyecto, aprobado en diciembre de 2013, fue finalmente retirado en septiembre de 2014 por falta de consenso, lo que provocó la dimisión de Gallardón.
La última reforma de la ley de aborto la hizo en 2023 el Gobierno de coalición, con Irene Montero como ministra de Igualdad. Esta normativa devolvió la autonomía a las menores de 16 y 17 años, eliminando la necesidad del permiso de sus tutores legales para interrumpir un embarazo. El plazo de aborto libre se mantiene en las primeras 14 semanas, con una prórroga entre las semanas 14 y 22 para causas médicas.
Propuestas Actuales y Controversias
Hoy, con el Partido Popular (PP) y Vox en las instituciones, la ofensiva sobre derechos sexuales y reproductivos se ha reactivado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aceptó una propuesta de Vox para informar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo sobre el "síndrome post aborto", un síndrome inexistente según la comunidad científica.
En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha propuesto blindar el derecho al aborto en la Constitución. La necesidad de esta medida radica en que, en un contexto europeo donde las fuerzas ultraconservadoras vuelven a cuestionar el feminismo, proteger el aborto en la Constitución es afirmar que sin derechos reproductivos no hay igualdad real, y sin igualdad no hay democracia. Sin embargo, no será tarea fácil, ya que se necesita una mayoría cualificada de tres quintos, y el PP ya ha asegurado que votará en contra de la iniciativa, alineándose con la ultraderecha.
Evelyn Hernández: "las leyes sobre el aborto en El Salvador son muy duras"
Desigualdad Territorial y Objeción de Conciencia
A la práctica, poco menos del 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos, según datos del Ministerio de Sanidad. Destacan casos como el de la Comunidad de Madrid, donde tan solo el 0,5% de los abortos se practican en centros públicos. La desigualdad territorial del acceso al aborto es otro de los temas críticos. Una de las causas es la falta de registro de médicos objetores del derecho al aborto, lo que impide una redistribución territorial de los recursos para garantizar el acceso público a la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de esta estrategia de refuerzo de los derechos, Pedro Sánchez ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de las Comunidades Autónomas que no cumplen con las medidas necesarias para regular el Registro de Personas Objetoras establecido en la Ley Orgánica 2/2010. Aunque la reforma constitucional propuesta no resolvería este problema estructural por sí misma, establecería un marco más sólido para exigir la igualdad de acceso en todo el territorio.
Debates Internos y Oposición a Reformas del PP
El Gobierno del PP, tras numerosas críticas incluso dentro de su propio partido, preparó cambios en su anteproyecto de reforma sobre la Ley del aborto, enfocada en el permiso paterno para menores. Autonomías no gobernadas por el PP, como Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña, elaboraron informes muy críticos, pidiendo directamente su retirada por el "recorte" y la "regresión" que supondría en los derechos de la mujer. Coincidieron en la necesidad de recuperar el supuesto de malformación, que la ley actual recoge hasta la semana 22 para patologías graves y sin plazo para las extremas o incompatibles con la vida. Las organizaciones de mujeres consultadas exigieron al gobierno retirar un texto que consideraban "insalvable", clamando contra una norma que eliminaba el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.
Además, un grupo de parlamentarios del PP (ocho en total, entre diputados y senadores) manifestó su oposición a la reforma propuesta por su partido para que las menores de 16 y 17 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno. Consideraban la reforma insuficiente e "incoherente" con los valores de su formación, ya que mantenía el aborto libre en las 14 primeras semanas. En una carta, explicaron su decisión de romper la disciplina de voto, argumentando que si el PP recurrió en su día la ley de Zapatero ante el Tribunal Constitucional, la reforma actual debería ser más profunda en lugar de modificar solo un punto. Calificaron la reforma del PP de "incoherente" con el proyecto político del partido y criticaron al entonces presidente Mariano Rajoy por la "callada por respuesta" ante sus inquietudes. José Eugenio Azpiroz y Lourdes Méndez, entre otros, expresaron su "decepción y frustración" y consideraron la modificación como una "componenda" que consolidaba un cambio ideológico para el PP. Ante esto, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, esperaban que todos los parlamentarios votaran a favor de la reforma, apelando a la conciencia "provida" del partido y a la responsabilidad de cumplir el programa electoral.
Otros Actores en el Debate
La controversia también involucró a la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuyo portavoz, José María Gil Tamayo, pidió a los diputados católicos que votaran "en conciencia" la propuesta de reforma. Por su parte, la portavoz de la organización Derecho a Vivir, Gádor Joya, entregó 23.500 firmas en el Congreso para apoyar a los diputados del PP críticos, instándolos a no ceder a las presiones y a no votar a favor de una reforma que, a su juicio, mantenía de facto la "Ley Aído".
Asimismo, representantes de una docena de organizaciones feministas y del ámbito social y sanitario se reunieron con el Grupo Socialista en el Congreso para pedir que se detuviera la reforma propuesta por el Grupo Popular, que imponía el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. Estos colectivos recordaron que los abortos practicados a estas chicas sin el conocimiento de sus padres o tutores son menos de 500 al año, lo que supone un 0,4% del total. La ley de 2010 establece la obligación de las menores de informar a sus padres, aunque no necesiten su consentimiento, salvo en casos de riesgo para ellas.
tags: #argumentario #contra #reforma #ley #aborto