En un movimiento significativo para blindar los derechos de las mujeres, el Gobierno español ha propuesto incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución Española. Esta iniciativa surge como una respuesta directa a los intentos de fuerzas conservadoras y de extrema derecha de restringir este derecho, particularmente evidenciados por una proposición municipal aprobada en Madrid que, aludiendo a información falsa y aspectos clínicos inventados, busca coaccionar a las mujeres a la hora de ejercer un derecho que ha costado años afianzar.
La Propuesta de Constitucionalización del Aborto
Objetivo y Justificación del Gobierno
El principal objetivo del Ejecutivo con este movimiento es "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas". Fuentes de Moncloa han trasladado que, "en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". Con este paso, el Gobierno "combate cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres", una amenaza que ha sido manifestada por las extremas derechas españolas.
Procedimiento Parlamentario y Precedentes Internacionales
Para llevar a cabo esta propuesta, el Gobierno impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, el cual requerirá una mayoría cualificada (tres quintos de la Cámara Baja). Aunar esta suma de votos será complejo debido al fraccionamiento parlamentario. Sin embargo, desde la coalición se apoyan en lo dictado por el Tribunal Constitucional, que reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial de las mujeres, para presionar a las voces reticentes a blindar este derecho que abundan en Partido Popular (PP) y Vox.
Si el procedimiento consigue superar el trámite parlamentario, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. Francia consagró el derecho al aborto en su Constitución en marzo de 2024, modificando la Constitución de 1958 para consagrar la “libertad garantizada” de las mujeres a abortar. El cambio en Francia se produjo después de la derogación en Estados Unidos de la sentencia que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En Europa, también Eslovenia recoge este derecho en su Carta Magna.
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Respuesta a la Desinformación y Maniobras Restrictivas
La Maniobra del Ayuntamiento de Madrid y el "Síndrome Post-Aborto"
La coalición de Gobierno responde así rápidamente a la maniobra desarrollada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que en connivencia con la extrema derecha, ha aprobado una proposición municipal para, aludiendo a información falsa y aspectos clínicos inventados, coaccionar a las mujeres a la hora de ejercer un derecho. El texto aprobado por el PP y Vox en la capital recogía afirmaciones como que “El aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y promociona: el feminismo […] El Síndrome Post-Aborto es algo conscientemente ocultado”. Además, apuntaba que abortar puede provocar "consumo de alcohol y drogas", "pensamientos suicidas" y "aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino".
Ante estas afirmaciones, el Gobierno se ha visto obligado a responder, ante el peligro para las mujeres madrileñas. La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que "no existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico". Entre tanto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reconoció también que el "síndrome posaborto" no era una "categoría científica reconocida".
Modificación del Real Decreto 825/2010 para Combatir la Desinformación
Más allá del blindaje en la Carta Magna, la administración central asegura que “se impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica”, a través de la modificación del Real Decreto 825/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. "El Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo", traslada Moncloa.
La modificación del Real Decreto establecerá la “obligación de que toda la información que se brinde en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)”. "Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”, se refiere el Ejecutivo a las tesis que ahora apoya Almeida y sus aliados de extrema derecha, dejando fuera del grupo a los discursos que acosan a mujeres en las clínicas. “Seguiremos trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo”, añaden, garantizando que "nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres".
El Impulso del Grupo Sumar a la Reforma Constitucional
El Grupo Plurinacional Sumar ha sido un actor clave en esta iniciativa. Ya en febrero, y nuevamente en marzo de 2024, Sumar reclamó introducir en la Constitución el derecho al aborto, aunque entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo descartó al considerar que no se daban "las condiciones" porque requería de "enormes consensos".
En concreto, el grupo que lidera Verónica Martínez Barbero en la Cámara Baja propone modificar el artículo 43 del texto y añadir un punto que explicite que "se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física". Las diputadas de Sumar que presentaron la iniciativa hablaron de la necesidad de lograr un "acuerdo amplio" para alcanzar esa mayoría de tres quintos que requiere una modificación de la Constitución, conscientes de la dificultad de atraer al PP. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que su grupo parlamentario ya presentó la propuesta y ha defendido que es "hora de votarla en el Congreso".
Garantía del Acceso y el Debate sobre la Objeción de Conciencia
La garantía del acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo también ha generado debate, especialmente en la Comunidad de Madrid. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que no crear el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público. García ha recordado que el artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público.
La ministra ha señalado que todas las comunidades autónomas han ido dando pasos para aplicar el registro, salvo la Comunidad de Madrid, la comunidad donde el 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen derivándose a clínicas privadas. Ante esa situación, García ha recordado que el Ministerio de Sanidad activó los mecanismos legales previstos para garantizar que la ley se cumpla, lo que explica la reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear su registro. García ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haya afirmado que su empeño personal es no aplicar ese registro, y ha apuntado que "el empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres". Ha recalcado que "en España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan". En los próximos días, el Ministerio enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando información detallada sobre cómo están organizando esta prestación.
Evolución Histórica del Derecho al Aborto en España
Precisamente este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España, un hito que marca cuatro décadas desde que este derecho de las mujeres comenzó a reconocerse, aunque de forma restringida.
- En 1985, se aprobó la primera ley del aborto (la Ley Orgánica 9/1985) que lo despenalizó en tres supuestos: en cualquier momento si existe "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto iba a nacer con "graves taras físicas o psíquicas". Aun así, esta primera ley contemplaba penas de seis meses a un año de cárcel (o multa de 6 a 24 meses) para las que abortaran fuera de los tres supuestos.
- En 2010, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una nueva ley del aborto, en la que se regulaba por primera vez el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación.
- Posteriormente, el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy trató de aprobar una ley más restrictiva que la de 1985, pero el anteproyecto redactado por el Ministerio de Justicia, que en aquel momento dirigía Alberto Ruiz Gallardón, fue finalmente retirado en 2014 por el Gobierno por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante.
- En 2023, el Ministerio de Igualdad impulsó una nueva ley del aborto que amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho, y que garantiza la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos, elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años, y regula la objeción de conciencia.
- Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022 modificó el Código Penal y tipifica como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Reacciones Políticas y el Debate Actual
El anuncio del Gobierno ha generado diversas reacciones en el ámbito político.
Declaraciones del Presidente Pedro Sánchez
En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado que si el PP quiere "fundirse con la ultraderecha", no puede hacerlo "a costa de las libertades y los derechos de las mujeres". "Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", ha añadido. Sánchez anunció en octubre de 2025 su intención de llevar al Parlamento “una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en medio de una ofensiva antiabortista de la derecha y la extrema derecha.
Posición del Partido Popular
El PP ha rechazado apoyar la reforma constitucional y ha acusado a Sánchez de "usar" el aborto para "tapar" la situación judicial de su mujer, imputada de cinco delitos.
Apelación de la Ministra de Igualdad
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha emplazado al PP a respaldar el blindaje constitucional del derecho al aborto. "Tienen que elegir de qué lado está, si están con las mujeres o con la extrema derecha de Vox", ha advertido Redondo. Ha defendido que hay que "dar el salto constitucional" ante la "ola reaccionaria", donde la "derecha extrema y la extrema derecha" están "intentando socavar los derechos fundamentales" de las mujeres. En este sentido, Redondo ha mostrado su confianza en lograr el respaldo a la medida, ya que, ha afirmado, hay "una amplia mayoría social que respalda los derechos y la igualdad de las mujeres", y está "representada en el Congreso".
Declaraciones de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
En un acto en Valencia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado al PP que las mujeres españolas no van a dar "ni un paso atrás, al revés, paso adelante". Asimismo, ha denunciado la "hipocresía que hay" en este asunto, pues ha asegurado que "los mismos que impiden los abortos, permiten que la red privada los practique, a veces en condiciones no adecuadas".
Respaldo Jurídico Clave
El Consejo de Estado ha dado luz verde a la modificación del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto, tal y como informó el Ministerio de Igualdad. Este apartado reconoce el derecho a la protección de la salud, es decir, no está entre los derechos fundamentales que recoge la Constitución. El dictamen favorable supone un respaldo jurídico clave a la propuesta de reforma constitucional que busca reforzar el derecho al aborto dentro del marco del artículo 43, relativo a la protección de la salud, indica el ministerio. El Ministerio de Igualdad valora positivamente el pronunciamiento y considera que fortalece la seguridad jurídica y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante del sistema público de salud.
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