En redes sociales han circulado afirmaciones sobre una supuesta nueva ley en el Reino Unido que permitiría el aborto en cualquier momento del embarazo. Sin embargo, los plazos legales para interrumpir un embarazo no han sido modificados. La confusión surge a raíz de una investigación de la BBC de 2024 que reveló que, desde 2018, se habían iniciado más de 60 investigaciones criminales contra mujeres por haber interrumpido su embarazo fuera del plazo legal establecido, algunas de estas interrupciones incluso habiendo sido abortos naturales.
Un proyecto de ley sobre el Crimen y la Actividad Policial fue presentado ante la Cámara de los Comunes el 25 de febrero y aprobado el 17 de junio de 2025. Posteriormente, fue ratificado por la Cámara de los Lores. Esta legislación se refiere a los artículos 58 y 59 de la ley de 1861 sobre las ofensas contra las personas, los cuales penalizan tanto el acto de una mujer embarazada de interrumpir su propio embarazo en cualquier momento, como el de cualquier persona que practique un aborto. La sentencia actual contempla penas de prisión con cadena perpetua para ambos.
Según la información proporcionada por la web del Parlamento británico, el proyecto de ley ha superado la tercera lectura y se encuentra en la fase final de revisión para incorporar enmiendas, tras lo cual se celebrará un pleno el 25 de marzo. Esta reforma legal busca equiparar el marco normativo de Inglaterra y Gales al de Irlanda del Norte, donde la despenalización del aborto para interrupciones antes del plazo legal se aprobó en 2019.
En contraste, en España, el aborto fuera de los supuestos y plazos legales está tipificado como delito en el Código Penal. El artículo 145 establece una pena de multa de seis a veinticuatro meses para la mujer que cause su aborto o consienta que se le practique sin cumplir los plazos legales.
La batalla legal de Heidi Crowter contra la ley de aborto
En Inglaterra, Escocia y Gales, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación. No obstante, si el feto presenta síndrome de Down, la ley permite a la mujer optar por interrumpir el embarazo en cualquier momento de la gestación, incluso hasta el día del parto. Esta disposición es considerada discriminatoria por Heidi Crowter, una británica de 27 años que padece síndrome de Down y que ha iniciado una batalla legal para modificar la sección correspondiente de la Abortion Act (Ley de Aborto) de 1967.
Crowter considera que la ley debería ser igual para todos y que su lucha es personal, ya que ella misma nació con un cromosoma extra. "Quiero luchar por los derechos de los nonatos con síndrome de Down para que tengan los mismos derechos que todos los demás", declara, añadiendo que "lo que nos define como seres humanos es quiénes somos, no qué problemas tenemos".
Hasta la fecha, tanto el Tribunal Supremo (High Court) como el de Apelaciones han rechazado su petición, argumentando que la norma actual no vulnera los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, Heidi Crowter no se rinde y ha anunciado su intención de llevar su caso ante la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país.
Experiencias personales y desafíos de Heidi Crowter
Heidi relata que sus padres, al enterarse de su diagnóstico de síndrome de Down al nacer, sintieron miedo ante lo desconocido y temieron que nunca pudiera independizarse o casarse. Durante su primer año de vida, Heidi enfrentó serios problemas de salud, incluyendo una operación a corazón abierto, de la cual aún conserva una cicatriz en el pecho. Sus padres tardaron en amarla plenamente, hasta que comprendieron que solo necesitaba amor.
Sus padres escribieron un libro sobre su infancia, titulado "Paquete sorpresa", reflejando el amor que finalmente le profesaron. Heidi, la tercera de cuatro hermanos, tuvo una infancia normal, asistiendo a la escuela local con apoyo de una maestra integradora. Tras graduarse de secundaria, trabajó en una peluquería infantil y estudió Servicio al Cliente. A los 20 años, se independizó y se mudó sola.
Durante la pandemia, su lugar de trabajo cerró. Sin embargo, este período también estuvo marcado por su relación a distancia con James, un joven con síndrome de Down que conoció a través de una prima. Se enamoraron y se comprometieron un año después. A pesar de las restricciones del COVID-19, Heidi y James se casaron, celebrando tres ceremonias debido a las cuarentenas, y actualmente residen juntos.
El activismo de Heidi y el impacto de las pruebas de detección prenatal
Heidi Crowter comenzó su activismo político en 2018, tras la introducción en el sistema público de salud de un test opcional para embarazadas que permite detectar el síndrome de Down de forma no invasiva. Aunque el objetivo era reducir el uso de pruebas de diagnóstico más arriesgadas, Heidi y otros críticos advirtieron que esto podría llevar a un aumento en la decisión de abortar fetos con síndrome de Down.
Se estima que el 90% de las gestantes británicas que reciben este diagnóstico optan por interrumpir su embarazo. "Si hay más pruebas, cada vez nacerán menos niños. En algunos países, como Islandia, el 100% de los bebés con Down son abortados", señala Crowter.
Heidi se unió a la ONG Don't Screen Us Out (No nos filtren), convencida de que estos abortos se producen porque "la gente no está recibiendo la información adecuada". Sostiene que muchos padres, al igual que los suyos, temen lo que no conocen y que la información médica que reciben es predominantemente negativa, lo que les lleva a elegir el aborto.
Crowter reconoce que los niños con síndrome de Down pueden requerir mayor asistencia debido a dificultades de aprendizaje y problemas de salud comunes, como cardiopatías, problemas visuales, auditivos, digestivos o endocrinológicos. Sin embargo, considera que esto no justifica la interrupción del embarazo de fetos con trisomía más allá del límite establecido para bebés sin discapacidades.
"No queremos que nos vean como un problema... No existe un bebé perfecto", subraya, y añade que en el Reino Unido existen organismos de ayuda para padres de niños con síndrome de Down.
Implicaciones legales y debates éticos
Heidi Crowter señala que la Abortion Act no solo afecta a fetos con síndrome de Down, sino que también permite abortos durante toda la gestación por anomalías "fácilmente corregibles", lo cual considera un "shock". Específicamente, la ley permite la extensión de los abortos más allá de las 24 semanas de gestación si existe un "riesgo sustancial de que, si el niño naciera, sufriría anomalías físicas o mentales tales que quedara gravemente discapacitado", criterio que actualmente incluye el síndrome de Down.
El 25 de noviembre, al rechazar la petición de Crowter, la Corte de Apelaciones reconoció que muchas personas con síndrome de Down y otras discapacidades podrían sentirse "ofendidas" por el hecho de que un diagnóstico prenatal de discapacidad sea considerado justificación legal para un aborto, y que esto podría interpretarse como una falta de valoración de sus vidas. Sin embargo, el tribunal no consideró este argumento suficiente para revocar la norma vigente.
Clare Murphy, directora ejecutiva del Servicio Británico de Asesorías de Embarazo, apoya la decisión judicial, afirmando que "no hay contradicción entre una sociedad que está a favor de los derechos de los discapacitados y que permite a las mujeres tomar decisiones difíciles en momentos angustiosos". Murphy advierte que el caso de Crowter tendría "enormes implicaciones", ya que argumenta que los fetos deberían tener derechos humanos, lo cual contradice precedentes legales establecidos en el Reino Unido. Considera que la postura de Heidi es un "ataque a los derechos de las mujeres embarazadas" y a su autonomía para tomar decisiones.
Lynn Murray, de Don't Screen Us Out, señala que otros países como Islandia y Dinamarca también permiten abortos hasta el final de la gestación en casos de síndrome de Down u otras discapacidades, resultando en la práctica en la casi total ausencia de nacimientos de bebés con trisomía en esos lugares.
Heidi considera que la legislación, promulgada hace más de medio siglo, está desactualizada. Argumenta que en el momento de su aprobación, las personas con síndrome de Down enfrentaban discriminación, siendo escolarizadas en instituciones y careciendo de los tratamientos y la tecnología disponibles hoy en día. Si bien respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, cree que no deberían hacerse distinciones entre bebés con y sin discapacidades.
"Los jueces dicen que la ley no afecta los derechos de las personas que vivimos con Down, pero yo me siento estigmatizada", afirma Crowter. Se pregunta por qué su vida podría ser considerada menos valiosa que la de un bebé sin discapacidad. Insta a abandonar la visión anticuada del síndrome de Down y a adoptarla desde una perspectiva más positiva, argumentando que "las personas necesitan a otras personas diferentes, necesitamos variedad".
Heidi Crowter recientemente publicó la segunda parte de su biografía, titulada "Solo soy Heidi: viviendo al máximo con síndrome de Down", que narra su vida adulta, sus batallas legales, su matrimonio y su trabajo como asistente de maestra para niños con síndrome de Down. Reitera su mensaje: "No soy un síndrome, soy una persona, soy Heidi. Todos somos asombrosos tal cual somos".
La decisión de los tribunales de rechazar el recurso de Crowter ha generado un debate sobre la protección de la vida y los derechos de las personas con discapacidad. Los jueces admitieron que la ley podría ser interpretada como una devaluación de las vidas de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades, al contemplar el diagnóstico de una grave discapacidad como justificación para el aborto. La reivindicación de personas afectadas por el síndrome de Down para que sus vidas sean protegidas y valoradas por las leyes es, según Crowter, sistemáticamente desatendida.
En el contexto español, los fetos con trisomía 21 no pueden ser eliminados legalmente después de la semana 22 de gestación, a menos que existan anomalías "extremadamente graves e incurables", lo que podría permitir el aborto hasta el término del embarazo bajo el criterio de comités clínicos. Algunas de estas anomalías pueden requerir intervenciones quirúrgicas complejas tras el nacimiento.
La controversia sobre el aborto selectivo es especialmente patente cuando personas con síndrome de Down cuestionan por qué sus vidas podrían ser consideradas menos valiosas. En Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, aunque su aprobación final enfrenta obstáculos en el Senado y un posible referéndum.