La asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación irregular en España ha sido un tema de constante debate y cambios normativos. A pesar de que la legislación busca garantizar ciertos derechos básicos, la aplicación práctica y los costes asociados presentan barreras significativas para este colectivo.
Marco Normativo General y Restricciones
Desde el 1 de septiembre, los inmigrantes “sin papeles” a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria por no tener residencia legal en el país, deben abonar los precios establecidos para usuarios sin derecho a asistencia sanitaria. Las únicas excepciones contempladas en esta normativa son las urgencias, las embarazadas y los menores de edad. Anteriormente, el derecho a la sanidad pública se obtenía por el simple hecho de empadronarse en España, pero esta posibilidad fue eliminada, marcando una restricción importante en el acceso.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que los inmigrantes podrán recibir asistencia sanitaria siempre que paguen una cuota, funcionando como si fuera un seguro privado. Según la orden ministerial, la cantidad a cobrar se eleva a los 710 euros al año para los menores de 65 años y a casi 1.900 euros anuales para los mayores de 65. Asimismo, los extranjeros que deseen acceder a la sanidad pública a través de estos convenios especiales tendrán que llevar un año empadronados en nuestro país. Esta medida, además de afectar a los extranjeros irregulares, también se refiere a los españoles que cobren más de 100.000 euros al año pero no trabajan ni cotizan a la Seguridad Social, o a los nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran ser atendidos por el sistema público. El Ministerio de Sanidad espera ahorrar al menos 500 millones de euros con estas restricciones.
El Debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
La situación específica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para mujeres inmigrantes irregulares es particularmente compleja y controvertida. Aunque la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva concibe la IVE como una prestación universal e incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, su aplicación parece colisionar con las normas generales que regulan el acceso de la población inmigrante al Sistema Nacional de Salud.
Un reciente artículo del diario “Público” denuncia que el acceso gratuito al aborto para mujeres migrantes no está garantizado en toda España. La aparente gratuidad de la prestación se diluye al analizar la normativa sanitaria en su conjunto: por norma general, este colectivo no tiene derecho a la cobertura pública y debe disponer de un seguro privado o asumir el coste de la prestación.
La IVE como Urgencia: Un Punto de Contradicción
El artículo 19.6 de la Ley Orgánica 2/2010 establece que la IVE debe ser considerada siempre un procedimiento de urgencia debido a su especial sujeción a plazos. Sin embargo, la aplicación de esta previsión reglamentaria no ha estado exenta de controversia. Si bien la disposición adicional octava del Real Decreto 1192/2012 garantiza la asistencia sanitaria pública a menores extranjeros y a embarazadas (cubriendo embarazo, parto y posparto), surge la duda de si esta cobertura especial para embarazadas se extiende también a la IVE. De hecho, si la mujer inmigrante irregular decide interrumpir el embarazo, ese derecho automático y gratuito, previsto para el seguimiento del embarazo, parece desaparecer.
El Ministerio de Sanidad ha especificado que las extranjeras en situación irregular solo podrán abortar sin coste económico para ellas “por malformación del feto o peligro para la salud de la madre”, y que también podría seguir siendo gratuito cuando el embarazo sea fruto de violación. Sin embargo, lo que sí está decidido es que quede fuera de la financiación pública para las mujeres en situación irregular el aborto gratuito debido, en exclusiva, a la voluntad de la madre. Esto ha sido calificado como "una marcha atrás enorme" por Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, quien alerta sobre el riesgo de que estas mujeres caigan en "circuitos no seguros" y sufran retrasos que hacen la intervención más peligrosa.
Organizaciones como el Defensor del Pueblo (DP) consideran que sí se deberían contemplar excepciones para atender con fondos públicos a estas personas si se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Siguiendo sus recomendaciones, cabría facilitar el acceso gratuito a la IVE a través de la previa acreditación de los requisitos de vulnerabilidad de la mujer y la inexistencia de otras vías de cobertura de la asistencia, mediante un informe favorable emitido por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma.
Mujeres migrantes reivindican sus derechos en España
Costes de los Servicios Sanitarios: El Caso de Castilla-La Mancha
La Junta de Castilla-La Mancha ha publicado los precios actualizados que los centros sanitarios cobran a los usuarios sin derecho a asistencia sanitaria. Estos precios, que recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), son casi el 6% superiores a los establecidos en 2011.
Precios de Referencia Actualizados
Entre los servicios más comunes, se incluyen:
- Una consulta de atención primaria: 76,50 euros.
- Día de hospitalización: desde 600 euros.
- Procesos obstétricos (partos, cesáreas y abortos):
- Un aborto sin dilación y legrado: desde 1.476,98 euros.
- Un parto vaginal sin complicaciones: 2.369,48 euros.
- Una cesárea con complicaciones: 4.392,77 euros.
- Una cesárea de alto riesgo con complicaciones: 6.264,49 euros.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha negado en una nota de prensa que la publicación de estos precios tenga relación con la retirada de la tarjeta a los 'sin papeles', insistiendo en que corresponde a "una actualización de las tablas" que se realiza de forma rutinaria anualmente. Las mismas fuentes explican que estos precios se usan para cobrar a las aseguradoras el servicio sanitario que se pueda prestar desde el sistema público, poniendo como ejemplo la atención a un niño asegurado en el colegio o un turista alemán. El gerente del SESCAM, Ángel Carretero, ha descartado vinculación entre esta resolución y la atención a inmigrantes irregulares, asegurando que "en esta Comunidad Autónoma se atenderá a todas las personas que lo necesiten en los términos que marca la Ley".
Hospitalización y Servicios Especiales en Castilla-La Mancha
Los precios por hospitalización se dividen en cuatro tramos, abarcando los 15 hospitales de la comunidad, cada uno con sus tarifas específicas:
- Tramo Primero (Hospital de Albacete, Complejo Hospitalario de Toledo):
- Servicio médico: 580,75 euros al día (las cinco primeras jornadas).
- Servicio médico: 522,68 euros (a partir del sexto día).
- Tramo Segundo (Hospitales de Guadalajara, Ciudad Real, La Mancha-Centro, Virgen de la Luz, Virgen del Prado):
- Servicio médico: 524,56 euros al día.
- Servicio médico: 472,10 euros (a partir del sexto).
- Tramo Tercero (Hospitales comarcales de Almansa, Hellín, Villarrobledo, Virgen de Altagracia, Santa Bárbara, Tomelloso, Gutiérrez Ortega):
- Servicio médico: 510,99 euros al día (los primeros cinco).
- Servicio médico: 459,89 euros (a partir del sexto).
- Tramo Cuarto (Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo):
- Servicio médico: 580,75 euros al día.
- Servicio quirúrgico: 614,06 euros al día.
Otros costes significativos de servicios médicos incluyen:
- Estancias en UVI o en Unidades Coronarias: a partir de 1.497,53 euros al día (en los hospitales del primer tramo).
- Consultas externas: 117,31 euros (por una consulta nueva), 68,75 euros (por las sucesivas).
- Intervención quirúrgica ambulatoria: 738,41 euros.
- Servicios especiales como una mamografía de diagnóstico: 82,62 euros.
- Precio de una resonancia magnética: 294,31 euros.
- Traslado en una UVI móvil: 1.033 euros.
- Traslado en helicóptero u otro medio aéreo: 3.659,17 euros.
- Tratamiento completo de radioterapia: 3.318,03 euros, y 126,37 euros por solo la consulta.
- Rehabilitaciones: 22,83 euros por día, independientemente del número de sesiones.
La Realidad en Cataluña: Barreras Burocráticas y Sociales
El caso de Cataluña ilustra las profundas dificultades que enfrentan los inmigrantes irregulares para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La historia ficticia de Lucía, una mujer sin padrón ni tarjeta sanitaria que se ve imposibilitada de interrumpir su embarazo a pesar de haber visitado múltiples centros de salud en L’Hospitalet de Llobregat, es un reflejo de una realidad que afecta a decenas de inmigrantes anónimas en Cataluña.
Carlos Losana, pediatra y portavoz de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), denuncia que “las leyes española y catalana deja fuera a un grupo vulnerable a la hora de acceder a una sanidad universal y gratuita”. En el pleno monográfico por los derechos de las mujeres en el Parlament, una moción para garantizar el derecho al aborto seguro y gratuito para inmigrantes fue rechazada. Para quienes no tienen papeles, un tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo por vía farmacológica cuesta 175 euros, mientras que en la sanidad pública es gratuito para el resto de la población.
Arlene Cruz Carrasco, feminista decolonial de la Red de Migración, Género y Desarrollo (Red MGD), critica que las administraciones “marean a estas mujeres mandándolas de un sitio a otro hasta que llegan al límite del plazo” para abortar. La ley catalana 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria otorga acceso a “las personas que acrediten el arraigo en Catalunya a través de los criterios que se desplieguen por reglamento”, pero el reglamento que defina este arraigo sigue pendiente de aprobación después de dos años y medio, a pesar de que se estableció que se aprobaría en tres meses.
La dificultad para obtener el padrón sin una vivienda estable se suma a estas barreras burocráticas y sociales. Este proceso ha sido calificado como un “racismo institucional” que vulnera los derechos de todas aquellas que no pueden acceder a una sanidad pública, universal y de calidad. A pesar de todas las dificultades, Lucía pudo finalmente abortar en el ASSIR del CAP de la calle de Manso de Barcelona, un centro que, de forma excepcional, trata la IVE como una urgencia a la que se accede sin tarjeta sanitaria, lo que resalta la disparidad en la aplicación de los derechos.
tags: #legrado #inmigrantes #sin #papeles