La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España han destapado sendos casos de prácticas anticompetitivas, conocidos popularmente como "cartel de los pañales", que han afectado a consumidores de pañales para bebé y para adultos, respectivamente. Estas investigaciones revelan cómo varias empresas del sector se confabularon para manipular precios y repartirse el mercado, violando las normas de libre competencia.
Investigación en Colombia: El Cartel de los Pañales para Bebé
Inicio de la Investigación y Descubrimiento del Cartel
Desde diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia tenía indicios de que grupos empresariales estaban pactando precios y repartiendo el mercado para su propio beneficio, en contravía del régimen de libre competencia. Sus sospechas eran tan fundadas que se abrieron investigaciones no solo en el sector de pañales, sino también contra azucareros, arroceros y cementeros. La lucha para sacar a la luz y sancionar estas prácticas llevó a la SIC a implementar el Programa de Beneficios por Colaboración, también conocido como mecanismo de delación.
Este mecanismo permite que si uno de los vinculados a un cartel confiesa su participación y aporta pruebas suficientes para desmantelarlo, pueda ser exonerado de la investigación y las posibles multas. Según la SIC, este es el mecanismo más efectivo a nivel mundial para descubrir carteles empresariales y está vigente en Colombia desde 2009. El "cartel de los pañales" fue el primer caso en el que este mecanismo dio buenos resultados, aunque los nombres de las empresas colaboradoras se mantuvieron en reserva hasta la conclusión del caso.
Empresas Implicadas y Periodo de Actuación
De acuerdo con la SIC, el cartel de los pañales para bebé estaba conformado inicialmente por las empresas Tecnoquímicas, Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andian, dueñas de marcas como Winny Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec. Estas empresas habrían incurrido en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano, así como su calidad y forma de comercialización. Las acciones se llevaron a cabo durante más de una década, específicamente entre el año 2000 y el año 2013, aunque las sanciones finales se aplicaron por el periodo 2001-2012.
Mecanismo de Delación y Pruebas Recopiladas
La verdad salió a la luz tras visitas de los investigadores de la SIC en noviembre de 2013. Las pruebas eran tan contundentes que dos de los implicados reconocieron su participación y, bajo protección de identidad, aportaron la información clave. La investigación, iniciada a finales de 2013, contó con la colaboración de Kimberly como primera empresa delatora, seguida por Familia.
El material probatorio incluye:
- Más de 700 correos electrónicos.
- Más de 30 declaraciones y testimonios.
- Pruebas sobre más de 20 reuniones celebradas tanto en Colombia como en el extranjero, donde se acordaban los detalles de la implementación del cartel.
Algunas de las declaraciones en poder de la SIC revelan claramente la intención: "El tema era muy claro, subir precios vía lista de precios y reducción de ofertas". Otro correo electrónico señalaba: "De verdad necesitamos que todos nos esforcemos un poco por subir los precios y no dejarnos más manejar por el cliente". En el expediente se lee también: "El tema era muy claro: subir precios vía lista de precios y reducción de ofertas al canal, y una vez comenzó a existir la presión del área financiera [...], se dio la instrucción clara de que el incremento debía ser el 10%".
Además, hubo evidencia que sugiere que acuerdos similares se intentaron replicar en países como Venezuela, Ecuador y Panamá, donde operan algunas de las empresas imputadas.
Impacto en el Mercado y Sanciones
El mercado de pañales desechables para bebé en Colombia ha movido en los últimos 15 años más de $7,7 billones de pesos, equivalentes a unas 11.300 millones de unidades. Actualmente, más de dos millones de bebés usan estos productos, y sus padres invierten aproximadamente medio billón de pesos al año en la compra de 1.000 millones de pañales.
La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó las sanciones contra tres empresas y 16 altos funcionarios por cartelización empresarial. Las empresas sancionadas fueron Tecnoquímicas, Familia y Kimberly, a quienes se les comprobó haber incurrido en la conducta anticompetitiva. Los 16 altos directivos, tanto funcionarios como exfuncionarios, también fueron sancionados por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado estas prácticas.
Las sanciones impuestas a estas tres compañías y a los funcionarios ascienden a una suma global superior a los $208 mil millones de pesos. Sin embargo, la SIC aseguró que las multas no superan el 8% de su patrimonio ni el 7% de sus ingresos operacionales anuales para no afectar su estabilidad económica.
En cuanto a las empresas que colaboraron, la legislación colombiana permite un tratamiento especial: una recibió la exoneración total de las posibles sanciones y la otra una exoneración parcial de hasta el 50%.
Adicionalmente, la Superintendencia archivó la investigación contra Tecnosur al comprobarse que esta empresa es únicamente fabricante de pañales y no participa en su comercialización y mercadeo. También se archivó la investigación a favor de Drypers, que, aunque admitió su participación en el cartel, lo abandonó en 2006, y la facultad sancionatoria del Estado se encontraba caducada. Por estos hechos, 25 funcionarios de las empresas fueron exonerados, algunos por caducidad y otros por haberse demostrado que no participaron en el cartel empresarial.
Reacciones de las Empresas Implicadas
Las compañías implicadas se mantuvieron en silencio en su mayoría, con la excepción de algunos comunicados. Kimberly Clark, la empresa detrás de los pañales Huggies, declaró: "Kimberly Clark es una compañía con los más estrictos estándares éticos y de respeto a ley colombiana, por lo que reafirmamos nuestro apoyo, colaboración y acatamiento al proceso que ha anunciado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)".
Por su parte, Tecnoquímicas S.A., empresa detrás de Tecnosur y la marca Winny (con una penetración del 41% del mercado), aseguró: "Como defensores de los principios y deberes de la libre competencia, tenemos la certeza de que nuestras actuaciones han estado siempre apegadas a la Ley y han propendido en todo momento al bienestar del consumidor, al que hemos ofrecido productos de la más alta calidad, innovadores, a precios competitivos". La empresa también afirmó que los cambios de precio de sus pañales estuvieron sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que significó una reducción real de más del 30% en los últimos 10 años, y recalcó que durante el periodo investigado, compartía la propiedad de Tecnosur S.A.S. con Kimberly a partes iguales.
Con correos en clave, cartel de pañales fijaba precios y quién vendía mercancía 29 Junio 2016
El Caso del Cartel de Pañales para Adultos en España
Organización del Fraude y Empresas Sancionadas
Un fraude de gran escala, mantenido durante 17 años (entre 1996 y 2013), afectó el mercado de pañales para adultos en España. Siete empresas del sector y la Federación Española de Fabricantes (Fenin) se organizaron para manipular el mercado y aumentar sus precios de forma ilegal. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2016 multas por un total de 128,8 millones de euros tras acreditar que habían conformado un cartel para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto, que se comercializa a través de farmacias.
Los fabricantes sancionados fueron:
- Arbora & Ausonia, SLU (sucedida por Procter & Gamble España, SA)
- Laboratorios Indas, SAU
- SCA Hygiene Products
- Laboratorios Hartmann, SA
- Ontex ID, SAU
- Barna Import Médica
- Textil Planas Oliveras, SA
- Algodones del Bages, SAU
Las empresas, algunas de origen sueco y alemán, llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución, incluyendo Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones de mayoristas de productos farmacéuticos y sanitarios. Además, utilizaron una estrategia de interposición de recursos administrativos o contencioso-administrativos frente a licitaciones públicas convocadas por las Autoridades Sanitarias de distintas comunidades autónomas para adquirir y entregar el producto directamente a pacientes no hospitalizados (residencias de ancianos, centros de atención primaria).
Confirmación de Multas y Reclamaciones de Indemnización
Ocho años después de que se destapara el fraude, el Tribunal Supremo ha confirmado las últimas multas a las compañías por un valor de 60 millones de euros, que fueron impuestas por la CNMC. Esta ratificación ha desencadenado una cascada de demandas por parte de las Comunidades Autónomas, cuyos servicios de salud han venido subvencionando la compra de estos productos en las farmacias.
Se espera que hasta 14 gobiernos autonómicos reclamen indemnizaciones a las empresas condenadas, estimando un monto total de al menos 1.750 millones de euros. Algunas de las reclamaciones ya anunciadas incluyen:
- Cataluña: €526 millones (ya reclamados hace año y medio).
- Andalucía: Superior a los €600 millones.
- Galicia: En torno a los €350 millones.
- País Vasco: Más de €100 millones. Su reclamación se presentará contra Essity Spain, Laboratorios Hartmann, Paul Hartmann España y Laboratorio Indas, cubriendo las ventas en farmacia sufragadas por la sanidad pública vasca entre 1996 y 2014.
- Madrid: €80 millones.
- Murcia: €50 millones.
- Baleares: €27 millones.
- Asturias: €18 millones.
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Navarra también han confirmado que presentarán demandas, aunque aún están valorando las cuantías. Solo Cantabria ha anunciado que no emprenderá acciones, mientras que Canarias y La Rioja han decidido no pronunciarse. El Ministerio de Salud también está "estudiando el asunto" para decidir si presenta su propia demanda.
Contexto del Mercado de Pañales para Adultos
La compra de pañales de absorción para adultos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al envejecimiento de la sociedad. La demanda ha aumentado de manera importante y se espera que continúe haciéndolo en el futuro. Solo en 2023, la facturación de este tipo de productos alcanzó los 523 millones de euros.