La confrontación política sobre el aborto entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha escalado en las últimas semanas, centrándose principalmente en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023 y la creación de un registro de médicos objetores de conciencia.
El Conflicto por el Registro de Médicos Objetores de Conciencia
Las Acusaciones de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno Central
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusándole de "dinamitar la Constitución" y de dirigirse a ella con lecciones "en tono machito". Así ha reaccionado tras saber que el Gobierno central requerirá formalmente a la Comunidad de Madrid -como a las Islas Baleares y Aragón- para que cumpla la ley del aborto y cree el registro de médicos objetores.
Ayuso ha cuestionado duramente a Sánchez, preguntando: "¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa frivolidad?". La presidenta ha defendido su posición desde su experiencia personal, afirmando: "Soy una mujer libre, lo he sido toda mi vida, he sufrido la pérdida de dos bebés, he sufrido dos veces el drama del aborto, sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?". Ha mantenido su rechazo a poner en marcha el registro, calificándolo de "lista negra".
Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado que Sánchez aborde el tema del aborto con "ligereza y frivolidad" y ha denunciado que "hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo". Ayuso ha insistido en que "quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha y así se hace, se apuntará", pero que la Constitución española avala la libertad de conciencia y que nadie puede ser señalado en base a sus convicciones. Ha remarcado que aplicará la normativa "como lo he venido haciendo hasta el momento" y que, por tanto, "no va a haber listas negras", ni se "señalará a nadie ni perseguirá a nadie".
La Posición del Gobierno y el Marco Legal
El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares para que elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto. Según el Ministerio de Sanidad, este registro tiene como objetivo "organizar la prestación sanitaria en condiciones de equidad" y asegurar que las mujeres puedan acceder a un aborto dentro del sistema público, respetando al mismo tiempo la objeción individual de los profesionales.
Si las comunidades no tienen respuesta en el plazo de un mes, el Ministerio de Sanidad tendrá otros dos "para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo". Desde el Gobierno central, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió que "la ley se debe cumplir en todas las comunidades" y que se utilizarán "todos los instrumentos legales disponibles" para hacerlo efectivo.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un plazo máximo de tres meses a las comunidades autónomas que aún no han creado el registro de objetores de conciencia para cumplir con la Ley Orgánica 1/2023. Sánchez advirtió que el Ejecutivo empleará "todos los mecanismos legales disponibles" si alguna comunidad mantiene su negativa. En este contexto, el Ministerio de la Presidencia trabaja actualmente en una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española, siguiendo el modelo de Francia, para reforzar su protección legal y evitar retrocesos futuros.
La responsable de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que "el registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto".
La Visión de Ayuso sobre el Aborto en España
Aborto "Legal, Seguro y Poco Frecuente"
Ayuso ha incidido en que el aborto "es legal" en España, pero ha matizado que "tiene que ser seguro y poco frecuente", porque ha recordado que en España se producen 106.000 abortos al año. "Es una cifra atroz y un fracaso como sociedad", ha señalado durante su visita a la nueva Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ha remarcado que "no se puede obligar a nadie ni se puede señalar por abortar ni por no querer hacerlo". Tampoco, ha continuado, a un médico, por lo que ha demandado "respeto y anonimato de los profesionales", porque "nadie puede ser obligado a hablar de sus creencias".
La presidenta regional comentó que "quien quiera dar un paso o el otro, tiene que hacerlo bajo un marco de seguridad y de legalidad", pero lamentó que "no vamos cortos" en cuanto a las cifras de abortos en España, por lo que "está más que legalizado".
Discrepancia con el PP sobre el Consentimiento Paterno
Isabel Díaz Ayuso ha manifestado una clara postura sobre el aborto en menores de 16 y 17 años: sí, deben poder hacerlo sin consentimiento paterno. "Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello, no puedes obligarla a llevar una vida contraria a la que desea", ha dicho, sin dejar ningún resquicio para la duda.
En una entrevista, Ayuso ha abogado por no imponer el consentimiento paterno, sino "informar" a los padres de la decisión de su hija. Ha puesto el foco más en las políticas anticonceptivas para evitar estas situaciones, aunque cree que una mujer de 16 años que toma una decisión de estas características necesita reflexionarlo y hablarlo con los suyos, pero teniendo ella la última palabra, y no los padres.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se desmarca así de la posición de su partido, el PP, que ha rechazado con dureza la nueva Ley del Aborto y que derogó en 2015 una medida que ahora recupera el Gobierno, por la cual las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en términos muy distintos, asegurando que "si la legislación prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo", pues "se produce ruptura de afectividad con los padres en un momento muy difícil de la menor".
Debate sobre la propuesta de reformar los argumentos sobre el derecho al aborto en España
Críticas Adicionales a la Nueva Norma
Ayuso ha criticado otros aspectos de la nueva norma. Ha rechazado que se hagan "listas negras" de profesionales que no quieran seguir el "objetivo básico por el que estudiaron", que es "prolongar la vida", y ha dicho que quien quiera practicar abortos que se apunte donde quiera "y se ponga manos a la obra, pero obligar a los médicos a hacerlo" le parece "insensato". También ha criticado el borrado del historial de abortos, lo que puede causar "problemas médicos".
"Defiendo un aborto legal, seguro pero poco frecuente", ha especificado Ayuso, quien considera que se necesita más formación, información y comunicación con los jóvenes. "No podemos dejar que sigan esas cifras alarmantes de abortos", ha alertado.
El Debate en el Senado y la Reacción de la Oposición
PP y Vox han impedido en el Senado la aprobación de una moción para obligar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cumplir la ley y las resoluciones judiciales para que aplique en la región un registro de sanitarios objetores de conciencia del aborto, y garantizar así la prestación de este derecho en los centros sanitarios públicos. La moción socialista fue rechazada por 142 votos del PP y Vox, frente a 114 a favor y 3 abstenciones.
El senador socialista por Madrid y autor de la moción, José Manuel Franco, ha recordado en su intervención la reacción de Ayuso en la Asamblea de Madrid a la exigencia de que se cumpla la ley: “¡Váyanse a abortar a otra parte!”. Franco ha destacado la paradoja de que el PP madrileño hable de falsas listas negras y señalamientos a los sanitarios objetores, "cuando habla la representante de los campeones de los que señalan a los periodistas que le son incómodos".
El parlamentario madrileño también ha señalado que Ayuso podría sufrir una “doble personalidad”, dedicándose a ser "la portavoz de Trump en España, compitiendo con Abascal", y al mismo tiempo "alumna de Milei, el de los recortes de derechos a golpe de motosierra y que habla de jornadas laborales de 12 horas". En ese contexto, ha insistido, siempre han sido los socialistas los que han impulsado los avances de estos derechos en España: en 1985, 2010 y 2023 a través de la ley y sus reformas consecutivas, a la que el PP siempre se ha opuesto, destacando la contrarreforma fracasada en 2014 del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La reforma del Gobierno de Pedro Sánchez de 2023 obliga a la creación de un registro de objetores de conciencia. “Es bueno para los profesionales sanitarios”, ha explicado Franco, ya que, al quedar registrados, no pueden ser obligados a practicar abortos en contra de su voluntad. Y también supone una herramienta fundamental para ordenar los recursos sanitarios y no hurtar así de su derecho a las mujeres en la sanidad pública. El senador ha afirmado que “el PSOE siempre va a defender los derechos y la dignidad de la mujer” y ha recordado la frase de la feminista Margaret Sanger: “Ninguna mujer puede considerarse libre si no controla su propio cuerpo”.
Reacciones de Asociaciones y Entidades
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha expresado su más firme rechazo a las declaraciones de la Sra. Ayuso, calificándolas de inadmisibles en una sociedad democrática y una grave falta de respeto hacia las mujeres, su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y hacia las y los profesionales sanitarios que garantizan este derecho dentro del sistema público. Negarse a implantar este registro y despreciar públicamente a las mujeres que reclaman atención en su propio sistema sanitario es, según la ADSPM, una grave irresponsabilidad institucional.