La postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el aborto y, en particular, sobre la obligatoriedad de un registro de objetores de conciencia, ha generado una significativa controversia y un pulso político con el Gobierno central. Sus declaraciones y la resistencia de su ejecutivo a implementar dicho registro han sido objeto de críticas por diversas asociaciones y representantes políticos.
Rechazo al Registro de Objetores y la Acusación de "Listas Negras"
Isabel Díaz Ayuso ha reiterado su firme oposición a la creación de un registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, calificándolo de "listas negras". Ante las preguntas de Más Madrid sobre este tema en la Asamblea, la presidenta madrileña sentenció: "No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar". La presidenta ha defendido que "no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo, y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo".
Desde la Consejería de Sanidad de Madrid, se mantiene la misma postura, calificando el registro de "inútil" y "punitivo". La consejera Fátima Matute remarcó que Madrid no va "a perseguir ni a señalar a nadie" por realizar o no interrupciones voluntarias del embarazo y subrayó que en la región no se le ha negado el aborto "a ninguna mujer". El Ejecutivo regional considera cada aborto "un fracaso" y recuerda que, de los cerca de 20.000 abortos realizados en la comunidad en 2024, un 60% fueron por embarazos no deseados. "Lo podríamos haber evitado", zanjó Matute.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha expresado su "más firme rechazo" a las declaraciones de Ayuso, considerándolas "inadmisibles en una sociedad democrática" y una "grave falta de respeto hacia las mujeres, hacia su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y hacia las y los profesionales sanitarios que garantizan este derecho dentro del sistema público". La ADSPM califica de "grave irresponsabilidad institucional" negarse a implantar este registro y despreciar públicamente a las mujeres que reclaman atención en su propio sistema sanitario.
Respuesta del Gobierno Central
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido tajantemente a Ayuso, insistiendo en que no consentirá "ni que se incumpla la ley ni que se den pasos atrás en los derechos de las mujeres". García ha cuestionado "a dónde exactamente" desea la presidenta autonómica que se vayan las mujeres, si "a una privada para hacer negocio" o "a Londres", y ha asegurado que se utilizarán "todas las herramientas jurídicas" para garantizar el aborto en la sanidad pública.
El Gobierno central había dado tres meses a varias autonomías, incluida Madrid, para que remitieran el citado registro. Ante la falta de respuesta, el Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares para que elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto. Si no hay respuesta en el plazo de un mes, se iniciará un proceso contencioso en los tribunales para que "las obligue un juez". Mónica García ha subrayado que "el registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto".
Ayuso, por su parte, ha insistido en que "quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha y así se hace, se apuntará" y defendió la libertad de quien no quiera, argumentando que "la Constitución española avala la libertad de conciencia y que cada uno pueda no ser señalado en base a sus convicciones". Remarcó que aplicará la normativa "como lo he venido haciendo hasta el momento" y que "no va a haber listas negras".
Evolución y Contradicciones en el Discurso de Ayuso
El discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto ha mostrado una evolución, con algunos puntos de inflexión y endurecimiento en su retórica. En 2022, cuando se debatía una reforma de la ley del aborto que acabó aprobándose en 2023, Ayuso defendió "un aborto legal, seguro, pero poco frecuente" y que "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado". En ese entonces, incluso manifestó que las menores de 16 y 17 años deberían poder interrumpir su embarazo aunque sus progenitores no estuvieran de acuerdo, desmarcándose de la posición de su partido.
Debate sobre aborto y Vox: Críticas y defensa de los derechos de las mujeres
La Consistencia en el Rechazo a las "Listas Negras"
A pesar de algunos cambios en matices, Ayuso ha mantenido su rechazo a elaborar lo que califica como "lista negra" de profesionales que no quieren practicar abortos. Aunque el registro de objetores no es público, su finalidad es asegurar que haya profesionales dispuestos en todos los sistemas de salud para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. La presidenta ha criticado el borrado del historial de abortos, advirtiendo que podría causar "problemas médicos".
En el presente, su discurso se ha endurecido, llegando a espetar a la oposición "váyanse a otro lado a abortar" y a reprochar a la portavoz de Más Madrid que "hasta el Corán, que es su libro y el de sus amigos de Hamás, condena el aborto". Acto seguido, afirmó que "cada año se abortan en España a 106.000 personas" y lo calificó como un "fracaso de la sociedad". Este endurecimiento se enmarca en una "deriva de su discurso sobre un asunto muy delicado para su partido", siguiendo una línea cada vez más escorada hacia la ultraderecha, ejemplificado también en su apoyo inicial a la iniciativa de Vox para obligar a informar a las mujeres sobre el inexistente "síndrome post aborto", aunque el alcalde Martínez-Almeida tuvo que recular.
Implicaciones y Desafíos en la Sanidad Pública
La confrontación política sobre el aborto subraya importantes desafíos en la garantía de este derecho en España. La realidad es que la gran mayoría de los abortos sigue practicándose en centros privados, y en algunos lugares, como Melilla, es "directamente imposible" abortar en el sistema público debido a que "todos los médicos son objetores de conciencia". Además de Madrid, solo hay otras tres comunidades (Asturias, Aragón y Baleares) que aún no cuentan con ese registro de objetores. El Ministerio de Sanidad les ha dado tres meses para enmendar esta situación.
Ayuso ha criticado al presidente Pedro Sánchez por sus declaraciones sobre el aborto, tildándolas de "lecciones de machito" y de actuar "como si fuera Dios". La presidenta ha defendido su experiencia personal, recordando que ha sufrido la pérdida de dos bebés, un proceso que considera un "drama" y por el que asegura tener autoridad moral para hablar sobre el tema. "Soy una mujer libre, lo he sido toda mi vida he sufrido la perdida de dos bebés he sufrido dos veces el drama del aborto, se lo que es ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", afirmó Ayuso, reprochando la "ligereza y frivolidad" con la que, a su juicio, Sánchez aborda el asunto y lamentando que la sociedad pase "de las lecciones del franquismo a las del sanchismo".
En este contexto, Pedro Sánchez ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una propuesta para reformar la Constitución con el objetivo de "blindar" el derecho de las mujeres a abortar, lo que añade otra capa de complejidad al debate ya existente.