En el contexto global, aunque existe un subregistro en la magnitud de la ocurrencia de abortos inseguros, se estima que cada año se realizan 22 millones de procedimientos de este tipo en el mundo. Esto produce discapacidades a cinco millones de mujeres en edad reproductiva y la muerte de alrededor de otras 47,000. Informes recientes indican que en cinco países latinoamericanos el aborto se criminaliza en forma total, lo que significa que no se permite llevarlo a cabo ni bajo circunstancias extremas, como cuando está en peligro la salud o la vida de la mujer, cuando existen malformaciones en el feto incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y El Salvador prohíben el aborto de manera absoluta. En El Salvador, a través de dos reformas -una realizada al Código Penal y otra a la Constitución- se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998, con lo cual se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 al personal médico que realiza la intervención. Sin embargo, el Código Penal vigente antes de esta fecha tipificaba el aborto como un delito, pero regulaba situaciones excepcionales que no merecerían sanciones, como la violación y el riesgo para la vida de la madre.
La Penalización Absoluta del Aborto en El Salvador
En 1997, en El Salvador se reformó el Código Penal estableciendo la prohibición absoluta del aborto. Esta agenda, diseñada por los sectores conservadores, civiles y religiosos, marcó durante años la suerte de las políticas reproductivas en el país. El Decreto 1.030, Código Penal de 1997, establece que el aborto es penalizado en todas las circunstancias y las personas que participen en la acción también serán procesadas.
Artículos Clave del Código Penal
- Artículo 133, 134, 135: Estos artículos especifican las sanciones. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años.
- Las condenas pueden rondar de 2 a 8 años de prisión si el aborto es con el consentimiento de la mujer, y de 4 a 10 años en caso contrario.
- Además, se establece una pena de prisión de seis a ocho años en caso de aborto, que se elevan a entre 30 y 50 años por un delito de homicidio agravado si se trata de un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas, incluso si es accidental.
El Caso Emblemático de Beatriz (2013-2017)
El padecer de Beatriz, una joven campesina salvadoreña, generó un debate público que trascendió el nivel nacional y reflejó la intolerancia de ciertos sectores sociales que tratan de imponer su lógica y sus valores morales al conjunto de la población.
El Diagnóstico y la Petición de Interrupción
En marzo de 2013, Beatriz, de 22 años, quien padecía lupus eritematoso sistémico, hipertensión, fiebre alta y dolor articular, fue ingresada en un hospital de San Salvador. Había suspendido los medicamentos prescritos para controlar su enfermedad crónica, ante la sospecha de estar embarazada. A través de diversos estudios, se halló que tenía un embarazo de 13 semanas, que el lupus se había exacerbado afectando la función renal, y que el feto tenía anencefalia, es decir, carecía de bóveda craneana y de cerebro. Esta patología es incompatible con la vida extrauterina.
El 22 de marzo de 2013, el jefe de la Unidad Jurídica del Hospital Público Nacional Especializado de Maternidad envió un escrito a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia señalando que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo y que era “de vital importancia realizarle un procedimiento médico, ya que, de no hacerlo, existía una alta probabilidad de muerte materna”. Los médicos aconsejaron el aborto, pero se negaron a realizarlo debido a que el Código Penal de El Salvador lo tipifica como delito, lo que implicaba el riesgo de ser procesados y encarcelados.
Beatriz solicitó la interrupción de su embarazo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiendo un respaldo legal para el personal del hospital y presentando un recurso de amparo a su favor, abogando por el cumplimiento del artículo 2° de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida y la integridad física y moral de las personas. El Comité Médico del hospital también acordó la finalización de la gestación, señalando que este procedimiento contravenía la legislación vigente. La Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, apoyó el recurso de amparo, informando que la condición de Beatriz se deterioraba con la progresión del embarazo.
La Intervención de Organismos Internacionales y el Fallo Judicial
Con el apoyo de organizaciones como La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH emitió medidas cautelares para que el Estado salvadoreño siguiera las recomendaciones del Comité Médico respecto a la interrupción del embarazo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a las autoridades del país que iniciaran de manera urgente todas las medidas necesarias para que los médicos pudieran evitar daños irreparables en la vida, integridad personal y salud de la joven.
Sin embargo, un día antes, el 28 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador dictaminó lo contrario: “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (por nacer) ni viceversa”. Enfatizó que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción, como manda el artículo 1° de la Constitución de la República”. En ese momento, Beatriz ya había superado las 20 semanas de embarazo.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tardaron 48 días en emitir un fallo en contra del amparo. Ante esto, la Ministra de Salud afirmó que el fallo les daba la capacidad de actuar sin contravenir la Constitución, reconociendo que se debía hacer todo lo posible para salvar la vida de Beatriz. La Ministra interpretó que, si se presentaba la necesidad de interrumpir el embarazo, eso no sería un aborto, sino un parto inducido, lo que evitaría consecuencias legales para la mujer y los facultativos.
La Cesárea de Emergencia y el Desenlace
Con este respaldo legal, se le practicó a Beatriz una cesárea el 3 de junio, cuando cursaba la semana 27 de gestación y después de transcurridas 14 semanas desde el momento en que se diagnosticó que el feto era anencefálico. Esta condición determinó que el bebé solo sobreviviera cinco horas. Beatriz permaneció varios días en terapia intensiva y fue dada de alta una semana después. Su madre describió los 81 días de hospitalización como una "tortura", señalando que los doctores tenían las manos atadas a pesar del sufrimiento de su hija. "Ella estaba decidida a interrumpir el embarazo porque quería vivir y no había ninguna esperanza de que el bebé sobreviviera", recalcó su madre.
Muerte de Beatriz y el Caso ante la Corte Interamericana
Beatriz murió en 2017 por neumonía, después de un accidente de tránsito. Su emblemático caso se ha convertido en la bandera de organizaciones feministas y defensores de derechos humanos. En marzo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo una audiencia sobre el caso “Beatriz y otros vs. El Salvador”. La Comisión IDH, en su informe de fondo emitido en 2022, determinó que la República de El Salvador fue responsable de vulnerar los derechos de la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud de Beatriz. Además, recomendó al Estado salvadoreño hacer modificaciones legislativas que permitieran a las mujeres abortar de forma segura, al menos en determinadas causas.
Movimientos Sociales y Debate Público
Desde la década de los 80, el número de organizaciones sociales que trabajan en América Latina por los derechos humanos de las mujeres y sobre todo a favor de su salud, se incrementó significativamente. Sin embargo, el término organizaciones sociales es ambiguo, ya que aglutina a agrupaciones que defienden tanto ideologías conservadoras como progresistas, y, como sucede en El Salvador, puntos de vista opuestos.
Organizaciones Pro-Derechos Reproductivos y su Movilización
Durante el lapso transcurrido entre marzo y junio de 2013, se dio un prolongado debate entre organizaciones feministas y en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y aquellas identificadas con los principios de la Iglesia católica. Organizaciones como La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Foro Nacional de Salud y otros grupos impulsaron una lucha sistemática por la defensa de los derechos de Beatriz. La respaldaron en su solicitud de aborto terapéutico, la asesoraron a lo largo del proceso judicial y la apoyaron emocional y psicológicamente.
Un elemento decisivo del accionar de estas organizaciones fue su importante contribución al despliegue de una movilización internacional que logró que la situación de Beatriz tuviera amplísima cobertura. Además de las recomendaciones producidas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones internacionales se movilizaron. Amnistía Internacional (AI) recogió firmas y las entregó a Mauricio Funes, Presidente de El Salvador, y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Otras organizaciones internacionales como Católicas por el Derecho a Decidir, IPAS, Women’s Link Worldwide, el Center for Reproductive Rights, el Grupo Dator y la plataforma Decidir nos hace libres de España también se sumaron a las campañas.
Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en El Salvador y expertos en Derecho a la Salud hicieron un llamado a las autoridades competentes a tomar medidas necesarias para proteger el derecho a la vida de Beatriz, según las normas internacionales de derechos humanos. Relatores de la ONU contra la tortura, la violencia y la discriminación contra las mujeres declararon que se estaba sometiendo a Beatriz a una situación cruel, inhumana y degradante, destacando que el derecho internacional prohíbe el trato cruel, inhumano y degradante, obligando a los Estados a arbitrar medios jurídicos eficaces para evitar someter a las mujeres a situaciones de este tipo. El trabajo diplomático del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también fue clave en esta movilización.
ABORTO TEMA DE DEBATE
Sectores Conservadores y Religiosos: La Oposición al Aborto
En una posición diametralmente opuesta, los partidos políticos conservadores, las organizaciones contrarias al aborto y la Conferencia Episcopal de El Salvador se mostraron radicalmente en contra de cualquier intervención que implicara poner fin al embarazo de Beatriz, incluso para salvar su vida. Mantuvieron un duro discurso descalificador de quienes no compartían este punto de vista.
La denominada Red Familia, que aglutina alrededor de 50 organizaciones, dio a conocer un pronunciamiento rechazando el aborto solicitado por la joven y denunciando que estaba siendo utilizada para lograr que se legalizara esta práctica en el país. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, afirmó en varias de sus homilías que el caso de Beatriz era “una estratagema para legalizar el aborto” y que “se hizo creer que ella estaba muriéndose”. Criticó a las instituciones internacionales que apoyaron la interrupción del embarazo y advirtió que “no será fácil imponer una ley que permita el aborto en un país cristiano como El Salvador”. Esta campaña de rechazo continuó semanas después de la cesárea de Beatriz, con comunicados leídos en iglesias y difundidos en la prensa local.
En 2022, a petición de 13 organizaciones provida y religiosas, fue suspendido el documental "Fly So Far (Nuestra Libertad)", a pesar de estar autorizado por el Gobierno. Las organizaciones amenazaron a los cines con denunciarlos por apología del delito si exhibían el documental, que aborda temas de derechos reproductivos y sexuales a través de la historia de Teodora Vázquez, salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por sufrir una emergencia obstétrica.
El Impacto de la Penalización Absoluta: Casos y Consecuencias
Estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud indican que en El Salvador el aborto inseguro es una de las cinco principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 44 años de edad. Las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo que provocan abortos involuntarios o muerte fetal caen a menudo bajo sospecha de haberse practicado un aborto, enfrentándose a cargos de homicidio agravado con penas de prisión de 30 a 50 años.
Casos de Mujeres Criminalizadas: Las "17+"
En los últimos años, los casos de mujeres procesadas y condenadas por emergencias obstétricas y abortos espontáneos han surgido con frecuencia. Morena Herrera, activista por los derechos de las mujeres, señala que el castigo es draconiano no solo por la magnitud de la pena, sino también por la estigmatización de la mujer en el hospital, donde se la trata como sospechosa. Entre 2012 y 2022, hubo un total de 35 mujeres detenidas por aborto, y 190 procesadas por aborto y homicidio agravado, de las cuales 16 han sido condenadas por aborto, lográndose el indulto en algunos casos.
Elsy, de El Salvador, fue puesta en libertad luego de 10 años y siete meses de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo. Ella es la quinta mujer liberada desde diciembre de 2021, siguiendo a Karen, Kathy, Evelyn y Kenia, quienes cumplieron sentencias de hasta nueve años. Estos nombres son seudónimos utilizados para proteger la identidad de las víctimas. Otra historia emblemática es el caso de Manuela, quien acudió en 2008 a un hospital público tras un aborto espontáneo, fue detenida y condenada a 30 años de prisión, falleciendo en detención en 2010 por cáncer. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado era culpable de violar los derechos de Manuela, incluyendo la libertad personal, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la integridad, la privacidad y la salud. Este movimiento que busca liberar a las mujeres condenadas por complicaciones obstétricas es conocido como “Las 17+”.
Riesgos y Barreras para la Salud Femenina
La prohibición del aborto conduce a que, en casos en los que está médicamente indicado para no poner en peligro la vida de una mujer, el personal médico suele retrasar el procedimiento por un tiempo peligrosamente largo para no ser objeto de persecución judicial. Además, la prohibición aparentemente conduce a intentos de aborto que amenazan la vida de muchas mujeres desesperadas, lejos de los hospitales. La violencia sexual y las violaciones de menores no son infrecuentes en El Salvador, pero la ley tampoco contempla excepciones para menores violadas.
Para la activista feminista, es inevitable no hablar sobre maternidad forzada y el derecho a decidir cuando se hace referencia a los embarazos en adolescentes, pues son una situación de desigualdad y violación sistemática de los derechos humanos. "Muchas veces los embarazos en adolescentes de 14 y 15 años son producto de relaciones con personas adultas, con personas arriba de los 28 años, desde ahí estamos viendo toda una violación sistemática a los derechos de esta niña y adolescente". En el caso de las niñas, todos son productos de abusos sexuales o de relaciones de poder con personas adultas. La ilegalidad del aborto conlleva exponer a la mujer a métodos inseguros, pagar grandes cantidades de dinero por acceder a ellos, el consumo de medicamentos inseguros y procesos dolorosos.
El Rol del Estado y la Sociedad
En El Salvador no se avizora todavía un cambio en el marco legal sobre el aborto. Keiky Cáceres critica la postura extremadamente conservadora y ultrarreligiosa del presidente Nayib Bukele. Elizondo considera que, en materia de derecho, El Salvador ha dado retrocesos durante el gobierno de Nayib Bukele, y los pequeños avances que se habían tenido en la defensa de derechos humanos, se están ignorando. “En vez de avanzar en materia de derechos, vamos retrocediendo y este retroceso a quién afecta más es a los grupos minoritarios que han vivido situaciones de vulnerabilidad históricamente”.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigen desde hace tiempo un debate público en el país sobre el tema y medidas concretas que podrían ayudar a disminuir la criminalización de las mujeres. Sin embargo, en El Salvador falta una legislación que favorezca la educación sexual integral para evitar la violencia contra las mujeres. La sociedad salvadoreña es considerada muy conservadora y moralista, y la influencia de las iglesias es muy fuerte. "No tenemos funcionarios que le apuesten a estos temas, seguimos siendo un país muy conservador y muy moralista. Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, aún hay mucho, mucho poder de las iglesias en nuestro país y este sesgo no permite que las mujeres tengamos acceso a los derechos humanos universales."
El teólogo salvadoreño Ricardo Martínez destaca que la biblia no menciona nada respecto a los métodos anticonceptivos, contradiciendo la postura de algunas religiones que los conciben como pecado por el mandato de "reproducirse y poblar la Tierra". Para Martínez, la reeducación sexual desde una perspectiva integral y la planificación familiar a través de métodos anticonceptivos deberían implementarse desde la educación básica.
Perspectivas y el Futuro de la Legislación
Todo el movimiento feminista de Latinoamérica está pendiente de la resolución de la audiencia sobre el caso Beatriz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se espera sea emitida a finales de este año. Para Elizondo, el hecho representa una oportunidad inédita para avanzar en el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la región, principalmente en países como El Salvador que tienen prohibiciones estrictas sobre el aborto sin excepción alguna. “Marca un precedente específicamente sobre aborto y es tan emblemático por eso mismo”.
De ser favorable, la resolución establecerá una sentencia en la que el Estado tendrá que reparar el daño hecho tanto a Beatriz como a su familia. El Salvador podría verse obligado a cambiar su restrictiva ley de 1998 que prohíbe el aborto en todos los supuestos, incluso el de la violación o si hay riesgo para la vida o salud de la madre o el bebé. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ya dejó claro en 2021 que no va a proponer ninguna reforma a ningún artículo de la Constitución que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Tal vez los cambios lleguen desde la resolución de la Corte Interamericana radicada en Costa Rica.
