El acceso al aborto es un tema complejo y controvertido a nivel mundial, con legislaciones que varían drásticamente entre países y, en ocasiones, incluso dentro de una misma nación. Mientras algunas jurisdicciones garantizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, otras lo prohíben por completo o lo restringen a circunstancias muy específicas, lo que puede llevar a muchas mujeres a buscar opciones fuera de sus fronteras, a menudo en condiciones de riesgo.
El panorama global del aborto legal
La situación del aborto a nivel mundial es sumamente diversa, abarcando desde la prohibición total hasta el aborto libre. Esta diversidad legislativa implica que el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo no es uniforme para todas las mujeres.
Países con prohibición total del aborto
El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia en 24 países de todo el mundo. Entre ellos se encuentran Egipto, Irak, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, el Congo, Madagascar, Laos y Filipinas, según el Centro de Derechos Reproductivos. En estos países, vive el 6% de las mujeres del mundo en edad reproductiva, lo que representa una importante limitación a sus derechos.
Legislaciones restrictivas con supuestos limitados
Entre la prohibición total y el aborto libre, hay países que permiten interrumpir el embarazo solo en determinados supuestos. Estas restricciones pueden ser muy específicas, considerando únicamente el riesgo de muerte para la mujer, o algo más amplias, incluyendo la salud materna, la violación, las malformaciones del feto u otros motivos sociales y económicos, aunque no necesariamente todas a la vez.
Aborto permitido solo si hay riesgo vital para la madre
Tras los países que prohíben el aborto completamente, existe un segundo grupo con leyes también muy restrictivas, que solo lo permiten en caso de que haya riesgo de que la madre muera si el embarazo continúa. En este grupo están, entre otros, Venezuela, Guatemala y Paraguay en América Latina; Nigeria, Libia, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania y Somalia en África; y Siria, Afganistán, Omán, Yemen y Myanmar en Asia.
La violación y las malformaciones fetales como supuestos
Cerca de medio centenar de países contemplan expresamente la violación como uno de los motivos por los que se puede interrumpir un embarazo. Un ejemplo es Chile, que desde 2017 permite abortar también por riesgo de muerte de la madre e inviabilidad fetal, aunque en 2022 rechazó un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. Otra de las causas que suelen contemplar las llamadas leyes de supuestos, que obligan a la mujer a justificar por qué decide interrumpir su embarazo, son las malformaciones fetales. Países como Níger o Irán, por ejemplo, solo permiten el aborto en caso de riesgo de muerte de la mujer y en caso de malformaciones fetales.
El Centro de Derechos Reproductivos también menciona una decena de países con leyes de supuestos que permiten el aborto en un "amplia gama de circunstancias", incluidas las socioeconómicas. En este grupo estarían Reino Unido, Finlandia, Japón y países africanos como Etiopía, Ruanda y Zambia.
Aborto libre o leyes de plazos
Hay 75 países que tienen leyes que permiten abortar a la mujer en las primeras semanas de embarazo sin tener que alegar ninguna causa. La mayoría establecen el límite en las 12 semanas. Es el caso de Irlanda, que tras un histórico referéndum celebrado en 2018 cambió una reciente ley de supuestos por el aborto libre, y también de otros países como Noruega, Grecia o Uruguay.
En España, la mujer puede abortar de manera libre sin justificar la causa que le lleva a tomar esa decisión hasta la semana 14 de gestación. La ley también contempla interrumpir el embarazo hasta la semana 22, siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. Países como Francia, Bélgica, Alemania o Argentina también permiten el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, siendo Argentina uno de los últimos países en unirse al grupo de los estados con leyes más avanzadas en esta materia.
Incluso después de estas semanas iniciales, el aborto puede estar permitido en ciertos casos. En España, por ejemplo, se permite hasta la semana 22 si un informe médico certifica que existe "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto", y en cualquier momento si se detectan anomalías fetales "incompatibles con la vida" o una enfermedad "extremadamente grave o incurable".
Retrocesos en el derecho al aborto
Aunque en las últimas décadas muchos países han cambiado su legislación para permitir la interrupción del embarazo bajo determinados supuestos o para permitir el aborto libre, en los últimos años también ha habido retrocesos significativos en esta materia.
Casos destacados de retrocesos
- En Estados Unidos, el aborto ha dejado de estar protegido a nivel federal, y muchos estados como Texas y Misuri lo han vuelto ilegal bajo cualquier supuesto. En Texas, una ley prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, sin excepciones en caso de violación o incesto, y ofrece recompensas por denunciar a quienes ayudan a abortar. A finales de 2024, 19 estados prohibían parcial o totalmente el aborto.
- En Polonia, se eliminó la opción de abortar en caso de malformación fetal en 2020. Actualmente, solo está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultado de violación o incesto.
- En Hungría, aunque se mantiene la posibilidad de poner fin a la gestación en las 12 primeras semanas a petición de la mujer, el gobierno ultraderechista de Viktor Orbán implantó un protocolo que obliga a las gestantes a oír el latido fetal antes de decidir.
- En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro había impuesto una normativa que obligaba a los médicos y hospitales a notificar a la Policía los abortos por violación, la cual fue revocada en 2023 por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En Brasil, solo se puede abortar si la vida de la madre está en peligro, por violación o si el feto presenta anencefalia.
- En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia también pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
La batalla por el derecho al aborto
Consecuencias de las restricciones
Cuatro de cada diez mujeres viven en países con leyes restrictivas del aborto, según la clasificación del Centro de Derechos Reproductivos. Estas restricciones no desembocan en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaba en 2024 que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia ni discriminación.
Obstáculos para el acceso al aborto seguro
Aun en países donde el aborto es legal, existen numerosos obstáculos que impiden el acceso efectivo a servicios seguros y de calidad. Estos obstáculos afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos de mujeres.
Barreras en España
En España, aunque la ley señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), creando una importante barrera de acceso. Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte del personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor para planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Además, las mujeres migrantes no siempre pueden acceder al aborto gratuito en España, ya que tampoco pueden acceder a la sanidad pública sin cumplir ciertos requisitos. Para acceder al aborto gratuito, las mujeres deben demostrar que llevan 90 días en España, un plazo que coincide con el tiempo máximo que un extranjero de fuera de la Unión Europea puede estar en el país como turista. Si no lo demuestran, pueden intentar empadronarse y esperar el tiempo de 90 días, pero para cuando puedan hacerlo, es probable que hayan sobrepasado el plazo legal de 14 semanas para abortar de manera voluntaria. Los documentos necesarios para acceder al aborto gratuito incluyen DNI o pasaporte en vigor, tarjeta sanitaria en vigor y el documento facilitado para su gratuidad, según cada comunidad autónoma, ya que las competencias en Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas.
Obstáculos globales y sus consecuencias
Algunos de los obstáculos que las mujeres pueden encontrar, además de una legislación restrictiva, incluyen:
- La poca disponibilidad de servicios.
- Los costes elevados.
- La estigmatización.
- La objeción de conciencia del personal sanitario.
- La exigencia de requisitos innecesarios, como el suministro de información engañosa o la obligatoriedad de esperar un tiempo para abortar.
- Restricciones relativas al tipo de profesionales o establecimientos de salud donde se pueden ofrecer estos servicios.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Esta posibilidad no es accesible para todas, ya que la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
El aborto inseguro: Un problema de salud pública
La falta de acceso a una asistencia segura, oportuna, asequible y respetuosa para el aborto es un grave problema desde el punto de vista de la salud pública y de los derechos humanos. El aborto es una intervención de salud que se practica con frecuencia y es muy seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS y adecuado para la duración del embarazo, y lo practica una persona que posee las capacidades necesarias. No obstante, alrededor del 45 % de los abortos se realizan en condiciones de riesgo.
Dimensiones del aborto inseguro
Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. Seis de cada diez (61 %) de los embarazos imprevistos y tres de cada diez de todos los embarazos (29 %) se interrumpen de forma voluntaria. Se estima que el 45 % de las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaron a cabo en el mundo entre 2010 y 2014 se realizaron en condiciones de riesgo, y una tercera parte en condiciones de gran peligrosidad, es decir, que fueron practicados por personas sin formación y utilizando métodos peligrosos e invasivos. Más de la mitad de los abortos peligrosos tuvieron lugar en Asia, mayoritariamente en Asia meridional y central. También fueron peligrosos la mayoría de los abortos que se practicaron en América Latina y África (aproximadamente tres de cada cuatro). En este último continente, cerca de la mitad de los abortos se practicaron en condiciones de gran peligrosidad.
Consecuencias para la salud y los derechos humanos
La imposibilidad de acceder a una asistencia de calidad para el aborto infringe varios derechos humanos de las mujeres y las niñas: el derecho a la vida; el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones; el derecho a decidir de libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo entre embarazos y el momento de tenerlos; y el derecho a no ser sometida a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El aborto peligroso es una causa importante y prevenible de morbimortalidad materna, que puede dar lugar a complicaciones físicas y psíquicas para las mujeres, así como a perjuicios sociales y económicos tanto para ellas como para las comunidades y los sistemas de salud. Las muertes maternas debidas a abortos practicados en condiciones de riesgo suelen clasificarse de forma errónea y no se notifican debidamente a causa del estigma que conllevan. Un examen de 2009-20 reveló que el 8 % de las muertes maternas estaban relacionadas con el aborto. Mientras que la cifra de muertes causadas por abortos practicados en condiciones de seguridad es mínima (<1/100 000), en las regiones donde son frecuentes los abortos practicados en condiciones de riesgo las tasas de mortalidad son elevadas (> 200/100 000). De acuerdo con unas estimaciones realizadas en 2012, cada año ingresan 7 millones de mujeres en los hospitales de los países en desarrollo para tratar complicaciones causadas por un aborto peligroso.
El aborto peligroso entraña los siguientes riesgos para la salud física:
- Aborto incompleto (no se retiran o se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios).
- Hemorragias (sangrado abundante).
- Infecciones.
- Perforación uterina (causada por la punción del útero con un objeto afilado).
- Daños en el aparato genital y en órganos internos debidos a la introducción de objetos peligrosos en la vagina o el ano.
Impacto económico y social
Las leyes que restringen el acceso al aborto pueden causar malestar y estigmatización, y pueden suponer además una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Las reglamentaciones que fuerzan a las mujeres a viajar para obtener asistencia de forma legal, o que las obligan a recibir asesoramiento y observar plazos de espera antes de abortar, pueden suponer una pérdida de ingresos y otros costos financieros para ellas, y hacer imposible en la práctica que las mujeres de escasos recursos puedan acceder al aborto.
De acuerdo con unas estimaciones efectuadas en 2006, el tratamiento de las complicaciones de los abortos peligrosos cuesta anualmente 553 millones de dólares a los sistemas de salud de los países en desarrollo. Además, la discapacidad a largo plazo derivada de los abortos peligrosos se tradujo en una pérdida de ingresos de 922 millones de dólares para los hogares. Los países y los sistemas de salud podrían ahorrarse mucho dinero si ofrecieran métodos modernos de anticoncepción y servicios de calidad para la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otro lado, un examen exploratorio realizado en 2021 mostró que la legalización del aborto repercute en la educación de las mujeres y en su participación en el mercado laboral, y contribuye positivamente al crecimiento del PIB. Asimismo, la consideración jurídica del aborto puede tener consecuencias para la educación de los niños y las niñas y para su capacidad de entrar en el mercado de trabajo en etapas posteriores de su vida. Al reducir el número de embarazos no deseados y aumentar la probabilidad de que los partos sean deseados, la legalización del aborto puede vincularse a una mayor inversión de los padres en los hijos, en particular en la escolarización de las niñas.
Acceso al aborto seguro para mujeres inmigrantes en Barcelona (2005-2006)
Un estudio realizado en Barcelona en los años 2005 y 2006 analizó la tasa de aborto legal en la ciudad según el lugar de origen de las mujeres, ante el rápido crecimiento de la población nacida en el extranjero.
Metodología del estudio
El estudio calculó las tasas de abortos legales por país de origen y grupo de edad de las mujeres residentes en Barcelona, utilizando datos del registro de abortos y del Padrón de Habitantes. Se categorizó a las inmigrantes en mujeres nacidas en países desarrollados o en países en vías de desarrollo y no desarrollados, analizando separadamente los países más representados entre las mujeres de la ciudad (África subsahariana se analizó en conjunto por la falta de un país con suficientes efectivos).
Resultados del estudio
Los resultados mostraron que la tasa anual de abortos en las mujeres de 15 a 49 años, de Barcelona, durante 2005 y 2006, fue de 12,5 por 1.000. Al separar mujeres autóctonas e inmigrantes, la tasa de aborto entre estas últimas era de 22,6 por 1.000, 2,5 veces mayor que la de las españolas.
Desglosando por nivel de desarrollo del país, las mujeres de países desarrollados tuvieron una tasa similar a la de las autóctonas, mientras que fue mayor entre las mujeres nacidas en países en vías de desarrollo y no desarrollados (25,4 por 1.000). En el análisis por países, las tasas más altas se encontraron en las mujeres procedentes de Bolivia y Rumanía (82,1 y 49,7, respectivamente), mientras que las mujeres de Argentina y China mostraron tasas de aborto similares a las de las mujeres autóctonas. Las tasas de las mujeres de México fueron inferiores a las de las autóctonas.
La razón entre tasas de mujeres de países en vías de desarrollo y no desarrollados y autóctonas se mantuvo en los grupos de edad analizados en un rango entre 2 y 3,1. El análisis por países en las franjas de edad adolescente se vio limitado por el tamaño de los grupos, pero destacó las tasas de aborto de las mujeres rumanas de 18 a 19 años (138,9 por 1.000) y de Bolivia y Ecuador. En las jóvenes adultas, destacó la tasa de Bolivia (111,6).
Conclusiones y limitaciones
Los datos mostraron que las mujeres de países en vías de desarrollo y no desarrollados tuvieron mayores tasas de aborto en los años 2005 y 2006. Este resultado es coherente con estudios de otros países, según los cuales la menor información o experiencia en el uso de contracepción y el perfil socioeconómico y familiar más desfavorecidos parecen contribuir a este aumento del riesgo. En 2006, en Barcelona, las mujeres procedentes de países pobres se concentraban en las clases sociales más desfavorecidas. La realización del aborto legal entre los colectivos de mujeres inmigrantes de otros países de América Latina y de África no parece ser una tradición cultural ni una costumbre importada, ya que en la mayoría de los países de estas regiones el aborto es una práctica ilegal, con un alto porcentaje de abortos inseguros y de mortalidad materna.
Es importante señalar que la mayor frecuencia de abortos legales detectada en las mujeres inmigrantes, y sus determinantes culturales y socioeconómicos, representan un reto para la investigación y las políticas de planificación del embarazo.
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