La reciente actividad legislativa ha traído consigo numerosas modificaciones en las leyes laborales y de Seguridad Social, lo que presenta un desafío constante para los profesionales del derecho. Estos cambios no se limitan a normativas socio-laborales, sino que abarcan diversas áreas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que reforma la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley introduce importantes disposiciones en materia de Seguridad Social.
La entrada en vigor de estas reformas, que afectan a la Seguridad Social, se producirá a los tres meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 1 de junio, según se establece en la Disposición final decimoséptima de la Ley.
Modificaciones Laborales y de Seguridad Social
Modificación Laboral
Una de las modificaciones de carácter estrictamente laboral se encuentra en la Disposición final decimotercera, que altera el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. Concretamente, se modifica el apartado d) de dicho precepto para eliminar el requisito de que la suspensión del contrato de trabajo por causas de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento no sea inferior a un año.
Modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social
Las modificaciones que conciernen a la Ley General de la Seguridad Social se detallan en la Disposición final tercera de la Ley y se pueden agrupar de la siguiente manera:
1. Interrupción del Embarazo y Asistencia Sanitaria
Se modifica el artículo 169 para contemplar la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras la afectada reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y se encuentre impedida para el trabajo.
2. Bajas Médicas por Menstruación Incapacitante
Mediante la modificación del apartado 2 del mismo artículo, se clarifica que las nuevas bajas médicas por menstruación incapacitante secundaria no se considerarán recaídas, sino procesos nuevos. Esto implica que no computarán a efectos del período máximo de duración de la incapacidad temporal ni de su posible prórroga.
3. Beneficiarios del Subsidio por Incapacidad Temporal
Se ajusta la regulación de los beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal. Para la situación especial de incapacidad temporal de gestación de la mujer trabajadora, se exige la acreditación de los períodos mínimos de cotización requeridos por el artículo 178 de la LGSS según su edad. En los casos de incapacidad temporal por interrupción del embarazo y en la de gestación desde la semana trigésimo novena, el subsidio será abonado por la Seguridad Social desde el día siguiente a la baja laboral, mientras que el empresario cubrirá el salario íntegro correspondiente al día de la baja.
Protección de Datos y Privacidad en las Bajas Médicas
En relación con estas prestaciones, se ha expresado preocupación por la posible identificación del motivo de las bajas por parte de las empresas. El líder de CCOO ha manifestado la inquietud de que la Seguridad Social informe sobre las razones de bajas por reglas dolorosas o abortos, al tratarse de cuestiones "de carácter íntimo que pueden tener consecuencias en términos de protección de la privacidad". Se subraya la necesidad de abordar este tema para evitar un exceso de información que pueda afectar a las empresas.
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Contexto y Críticas a la Ley del Aborto
La Ley del Aborto, aprobada en diciembre de 2022, ha sido descrita como una de las más "agresivas contra la vida humana en la historia reciente de España". La ley legaliza la interrupción del embarazo en sus formas más radicales, permitiendo a menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno, e integrándola en el sistema público de salud. Sin embargo, se señala que una parte significativa de las mujeres recurre a clínicas privadas debido a la objeción de conciencia de los ginecólogos en hospitales públicos.
Se plantea la crítica de que, lo que se presenta como salud pública o "libertad reproductiva", podría ser una fuente de ingresos para clínicas privadas. La objeción de conciencia médica no detiene el proceso, y en muchos casos, la propia Sanidad Pública deriva a estas clínicas para realizar los abortos.
Costes de los Abortos y Prioridades Sanitarias
Los costes de los abortos varían significativamente según la semana de gestación. Los abortos farmacológicos hasta la novena semana pueden costar entre 300 y 700 euros. Con anestesia general hasta las 12 semanas, los precios rondan los 400 euros. A medida que avanza la gestación, los costes aumentan, superando los 950 euros entre las semanas 17 y 18, y entre 1.450 y más de 2.000 euros entre las semanas 21 y 22. Estos gastos se suman a otros asociados como visitas médicas y ecografías. En contraste, un parto natural tiene un coste para el sistema público de entre 150 y 200 euros, lo que, según se argumenta, evidencia prioridades diferentes en el modelo sanitario.
Estadísticas de Abortos en España
Los datos de 2023 reflejan 103.097 abortos en España, lo que supone un aumento del 4,8% respecto a 2022. Esto se traduce en una media de 282 mujeres al día que deciden interrumpir su embarazo.
El "Riesgo Psíquico" como Justificación para el Aborto Tardío
La Ley del Aborto de 2010 permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Superado este plazo, se contemplan excepciones, como la del artículo 15 bis, que autoriza la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas si existe un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, acreditado por un dictamen médico. En casos de urgencia vital, este dictamen puede omitirse.
Se señala que la excepción del "grave riesgo para la salud psíquica de la madre" se ha convertido en la norma en algunas clínicas privadas, utilizándose en el 98% de los casos en España. Informes psiquiátricos, a menudo idénticos o copias literales, son emitidos por médicos de las propias clínicas para justificar estos procedimientos, a pesar de que no se especifica si el facultativo debe pertenecer a la sanidad pública o privada.
Los informes suelen incluir síntomas como "tristeza, pensamientos depresivos, taquicardia, insomnio, cefaleas y ansiedad". En cuanto a la situación social, se argumenta la falta de apoyo social o económico para continuar con el embarazo, citando casos de rupturas de pareja, desempleo, y la dificultad de asumir un tercer hijo en solitario.
Se presenta el caso de Camila, embarazada de más de 21 semanas, quien acudió a la Clínica Dator para interrumpir su gestación alegando "riesgo grave para la salud psíquica". Su informe médico, similar a otros, mencionaba ansiedad, taquicardia y pensamientos depresivos, además de su situación personal de pareja desaparecida, empleo precario y temor a perderlo. A pesar del diagnóstico de "Reacción de adaptación con características emocionales mixtas y estrés psicosocial grave", Camila decidió no abortar. Un psiquiatra posterior, José Carlos Mingote, discrepó de este diagnóstico, afirmando que no presentaba "patología grave de la personalidad" ni "ningún síndrome clínico grave".
Estudios sobre Perfiles y Motivos de Aborto
Una encuesta realizada en un barrio marginal de Málaga (2002-2008) a unas 850 mujeres reveló que el motivo principal para abortar era por problemas económicos o desempleo (más del 60% de las mujeres estaban en paro). El 52,6% de los abortos se debió a causas económicas, el 35,5% a problemas sociales y casi el 60% por estar desempleadas. Un 43,3% de las mujeres eran reincidentes. El perfil de la mujer que acude a abortar en esta zona es español, joven (menos de 25 años) y no utiliza métodos anticonceptivos, observándose una mayor tasa de abortos a menor nivel socioeconómico.
Otro estudio (2005-2006) sobre la píldora del día después, realizado a 265 mujeres, indicó que el perfil de la consumidora coincidía en nacionalidad (española) pero sin abortos ni embarazos previos. El motivo principal para solicitar la píldora fue la rotura del preservativo (47%) y no usar ningún método anticonceptivo (22,7%). Los lunes son el día de mayor solicitud de esta píldora de emergencia, y casi la mitad de las solicitudes se realizan dentro de las 24 horas siguientes al coito.
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