La Percepción de la Violencia Obstétrica

La violencia obstétrica (VO) es un concepto que, aunque carece de un consenso internacional unificado, ha cobrado una relevancia creciente en el debate público y académico. Una de las definiciones existentes la describe como “cualquier práctica o actitud médica, expresada mediante el lenguaje o los actos, que durante el seguimiento gineco-obstétrico de las mujeres embarazadas, parturientas o lactantes, ignora los derechos, deseos, decisiones, necesidades, emociones y/o dignidad de las mujeres, así como la de sus bebés”². Este concepto se alinea con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre una experiencia de parto positiva, que incluye dar a luz un bebé sano en un entorno sin riesgos clínicos ni psicológicos, con apoyo emocional y la presencia de personal clínico amable y técnicamente competente, incluso cuando las intervenciones médicas sean necesarias³.

En España, el Observatorio de Violencia Obstétrica define este tipo de violencia como “el acto de ignorar la autoridad y la autonomía que las mujeres tienen sobre su sexualidad, sus cuerpos, sus bebés y sus expectativas de embarazo y parto [...], así como obviar la espontaneidad, posturas, ritmos y tiempos que el trabajo de parto requiere para desarrollarse con normalidad”. La VO abarca actos no apropiados o no consensuados, como episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos¹, la imposición de una determinada posición para parir, o una medicalización excesiva, innecesaria o iatrogénica que podría generar complicaciones graves^2,3,4. Asimismo, puede manifestarse de forma psicológica, a través de un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, humillante, con insultos verbales, despersonalizado o con vejaciones^3,5,6.

Características y Desafíos en su Reconocimiento

La violencia obstétrica se considera una de las formas de violencia contra las mujeres más arraigadas en el sistema sanitario⁴. Su característica estructural implica que, con frecuencia, el profesional que la ejerce no sea consciente de ella, e incluso la tenga normalizada^5,6. Esta normalización representa un problema serio, incluso en futuros profesionales sanitarios^7,8, llevando a que los profesionales de la salud adquieran un rol autoritario, marcado por directrices pseudocientíficas y un trato desigual, dirigido a mantener ciertos protocolos o reglas no escritas^9,10.

Paradójicamente, la existencia de la VO no es aceptada por gran parte de la comunidad médica, lo que se evidencia en la calificación de la VO como un concepto delictivo, moralmente inadecuado y científicamente inaceptable en España por parte de algunos profesionales¹¹. A pesar de esto, el tema se discute ampliamente, habiéndose creado un Observatorio sobre la Violencia Obstétrica en España¹² que mantiene comunicación con iniciativas similares en otros países, especialmente sudamericanos. En Europa, la legislación al respecto es escasa, y la VO es un tema de creciente debate, impulsado por organizaciones y movimientos sociales en defensa de los derechos humanos¹³.

Se trata de una violencia estructural e institucional que emana de una cultura patriarcal, afectando diversos ámbitos, incluidas las ciencias médicas. Aunque la VO no es nueva, ha permanecido oculta y aún es desconocida, incluso por profesionales de la salud, siendo un viejo problema transformado en un concepto novedoso¹⁰. Estudios indican que más de la mitad de los profesionales no tienen información suficiente⁸, y una prospección entre 250 usuarias mostró que el 80% desconocía el término^6,11. En un estudio con 425 mujeres en Venezuela, solo el 27% conocía el término⁹. Aunque este fenómeno fue denunciado en la década de 1950 en Estados Unidos y Reino Unido, y en Brasil desde una perspectiva feminista en la década de 1980¹², es con la emergencia de asociaciones activistas, como El Parto es Nuestro¹³, que esta violencia de género ha empezado a visibilizarse. El activismo contra la violencia obstétrica incluso puede ser una de las secuelas del parto traumático⁴.

Las causas de esta invisibilidad son multifactoriales, incluyendo componentes culturales, sociales, históricos y formativos. Se deriva de sociedades patriarcales que naturalizan estas prácticas, las cuales son asumidas por la sociedad, profesionales y usuarias. En la relación con las usuarias, se establece un trato jerárquico deshumanizador que otorga prioridad y poder a los profesionales sobre las pacientes¹⁰. Algunos investigadores sugieren que la calidad asistencial podría estar asociada a la jerarquía social de la paciente, con un trato más humillante a mayor vulnerabilidad de la mujer¹². Esto explicaría las dificultades para reflexionar sobre la violencia ejercida en el parto. Además, la práctica de la violencia obstétrica podría estar asociada al síndrome de burnout (desgaste profesional) entre profesionales, que tenderían a deshumanizar a las usuarias y afectar la relación médico-paciente^4,8. Otra causa es la falta de formación e información, que impide a los profesionales identificar y gestionar estas prácticas.

Percepción de las Mujeres en España

A pesar de su invisibilidad, la violencia obstétrica no obedece a bajas tasas de incidencia. Existen complicaciones para el registro de casos, y se trata de una cuestión innovadora con pocos estudios en España, donde la VO puede manifestarse de numerosas formas y subestimarse bajo síndromes de depresión posparto o estrés postraumático². Se ha abordado ampliamente desde la percepción de las usuarias en España.

• Estudios han demostrado que un 38,3% de las usuarias percibió este tipo de violencia en su atención durante el periodo de 2009 a 2018²⁰.
• Un 44,4% de mujeres percibió que se les aplicaron procedimientos innecesarios y/o dañinos, de los cuales al 83,4% no se les pidió el consentimiento informado²⁰.
• La atención recibida fue valorada con una media de 6,94 puntos (en una escala de 1 a 10) en la muestra general, y de 4,85 puntos en mujeres que refirieron haber sufrido Violencia Obstétrica²⁰.

Entre las prácticas más destacadas por las usuarias como innecesarias y/o dañinas, un 34,2% refirió haber sufrido la maniobra de Kristeller²¹. Esta maniobra no se recomienda y se ha demostrado que no acorta el periodo expulsivo^22,23, pudiendo causar contusiones, hematomas abdominales, fracturas costales e incluso roturas uterinas²³. Las repercusiones legales por su uso son cada vez más patentes²⁴.

El ámbito asistencial identificado como más violento a nivel obstétrico fue el hospitalario, destacándose el parto como el momento más violento, con cifras de hasta el 74,2% de VO percibida por la falta de información y consentimiento informado, o hasta del 87,6% en variables relacionadas con recibir críticas al comportamiento y/o un trato infantilizador²⁷. Aunque el parto fue el momento más destacado, las mujeres también percibieron importantes cifras de VO tanto en el embarazo como en el puerperio. Las figuras más destacadas como violentadores fueron la matrona y el ginecólogo²⁷.

Un estudio de Isart González I. y Moral Jiménez M. d. l. V. (2025) con 214 mujeres españolas encontró que el 62.1% de las participantes había sufrido violencia obstétrica. Este estudio también reveló una relación estadísticamente significativa entre la violencia obstétrica y el nivel de control personal en el parto.

La proporción de mujeres que afirman haber sido víctimas de violencia obstétrica en España (38%) es significativa. Aunque no existe literatura que indique resultados parecidos a los obtenidos por mujeres españolas, existen otros estudios que indican la proporción de violencia obstétrica en países como Etiopía con un 75%, Brasil con un 18,3% o India con un 28,8%. Las diferencias pueden deberse a las muestras y a los instrumentos de evaluación. No obstante, un estudio con mujeres italianas arrojó un 21,2%, porcentaje que podría ser más comparable debido a las similitudes socioeconómicas y geográficas con España.

Respecto a la sanidad privada en España, diferentes reportes sugieren que sus protocolos son más obsoletos, con una menor humanización del parto y mayor atención a los aspectos físicos que a los emocionales y psicológicos. Las ratios de intervenciones (parto inducido o instrumentalizado, cesáreas) en centros privados pueden triplicar las de la sanidad pública. Hace 10 años, el Ministerio de Sanidad instó a los centros privados a proporcionar datos más transparentes sobre los indicadores de intervenciones durante el parto.

En cuanto al apoyo a los derechos de las mujeres percibido por parte de las instituciones, un 67,9% considera que no se apoya o promueve suficientemente sus derechos durante el embarazo, parto, puerperio o lactancia. Un tercio de las mujeres también considera que han sido criticadas por su comportamiento y tratadas con diminutivos infantiles, y la mitad de ellas no pudo resolver dudas ni expresar sus miedos. Ofrecer información y obtener consentimiento informado parecen ser prácticas poco habituales. Finalmente, en relación al apoyo percibido durante el posparto y la lactancia, se ha observado que las Comunidades Autónomas con menor violencia obstétrica presentan un mayor apoyo a la lactancia, como es el caso de La Rioja.

Consecuencias de la Violencia Obstétrica

Este tipo de violencia tiene consecuencias tanto en las mujeres que la reciben como en los profesionales de la salud que la observan y/o la ejercen. Para las mujeres, la atención negativa puede derivar en: depresión postparto, trastorno de estrés postraumático (TEPT), mala adaptación al rol maternal, problemas con la lactancia materna o afectar el deseo materno de tener futuros hijos^15-18. En general, se calcula que un 35% de las madres presentan algún grado de TEPT⁴.

El Rol de los Profesionales de la Salud y la Formación

La formación de los profesionales es crucial. Es necesario reflexionar sobre cómo el alumnado de matrona puede aprender, durante su formación, a ser violento debido a la importante violencia existente en su propio proceso educativo²⁸, la cual queda diluida en un "mar de violencia horizontal" donde no es denunciada ni visibilizada²⁹. Activistas a nivel mundial, y especialmente en España, denuncian la falta de estudios en sanidad que contemplen las brechas de datos de género tanto para enfermedades como para tratamientos y procesos fisiológicos como el embarazo, el parto o la menopausia³⁰.

A esto se suma la alta sobrecarga de trabajo en los servicios sanitarios españoles, derivada de los bajos ratios de profesionales de la salud por cada 1.000 habitantes. La falta de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales del parto es evidente⁴. Una encuesta en México a profesionales de obstetricia y ginecología indicó que el 64% manifestaba no tener información sobre la VO y carecer de herramientas para enfrentarla⁸.

Es indispensable cambiar el modelo obstétrico en la formación de los profesionales de la salud para que se conciencien, mediante un enfoque de género, de esta violencia institucional que representa un abuso de poder. Los nuevos modelos formativos deben proveer herramientas de conocimiento y detección de la VO, control del estrés laboral, asegurar protocolos no invasivos, dolorosos o arriesgados, y garantizar partos respetuosos y humanizados.

Marco Legal y Político en España

La violencia obstétrica constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos³, entendiéndose como un problema de Estado y de salud pública. Aunque en España la violencia obstétrica no está tipificada como delito específico, el marco legal ha comenzado a abordarla indirectamente. La Ley Orgánica 1/2023 (que reforma la Ley de salud sexual y reproductiva) introduce medidas para garantizar partos respetados, ordenando recopilar datos y estudiar prácticas gineco-obstétricas contrarias a las recomendaciones. Esta ley refuerza la formación obligatoria en derechos de la mujer para el personal sanitario y exige protocolos centrados en el consentimiento informado y el trato digno.

A nivel internacional, en 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas dictó un fallo contra el Estado español por un caso de violencia obstétrica, instando a indemnizar a la víctima y adoptar medidas para prevenir estas prácticas. La Ley 41/2002 de autonomía del paciente garantiza el derecho de toda persona a decidir sobre las intervenciones sanitarias, exigiendo el consentimiento informado.

Reconocimiento Legal y Avances Autonómicos

Aunque no hay una ley nacional que use explícitamente el término "violencia obstétrica", algunas normativas autonómicas sí lo mencionan:

• En Cataluña, la Ley 17/2020 contra la violencia de género reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia machista.
• En el País Vasco, la Ley 1/2022 también incluye la violencia obstétrica dentro de las formas de violencia machista.
• La Comunidad Valenciana, a través de la Ley 7/2021, introduce reformas para incorporar el concepto de violencia obstétrica, alineándose con las recomendaciones de la OMS.

Estas leyes autonómicas representan un avance significativo en el reconocimiento y la lucha contra la violencia obstétrica, sentando las bases para un enfoque más amplio y coherente.

Guías y Protocolos Nacionales

España cuenta con guías y planes oficiales para fomentar el parto respetado:

• El Ministerio de Sanidad lanzó en 2007 la Estrategia de Atención al Parto Normal para humanizar los nacimientos.
• La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (2011) incluyó recomendaciones para mejorar la atención al embarazo, parto y posparto.
• La reforma de 2023 ordena que la nueva Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva incorpore un apartado específico de prevención y detección de prácticas obstétricas lesivas, y encarga al Consejo Interterritorial de Salud aprobar un protocolo común de parto respetado.

Instituciones Clave y su Papel

Diversas instituciones juegan un papel crucial:

• El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y el Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), ha promovido cambios en los protocolos asistenciales y coordinará el desarrollo del protocolo común de atención obstétrica respetuosa. El OSM, reactivado, aportará perspectiva de género y centralizará la recogida de datos.
• El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, promovió en 2021 la reforma legal para incluir la violencia obstétrica y ha destacado que supone una vulneración de derechos reproductivos.
• El Consejo Interterritorial de Salud acordará líneas comunes para la atención perinatal y aprobará el protocolo unificado de buenas prácticas obstétricas.
• El Defensor del Pueblo ha recibido quejas individuales, y la Justicia española ha conocido demandas por daños derivados de partos traumáticos.

La siguiente tabla resume algunos aspectos relevantes sobre la violencia obstétrica en España:

Movimiento Social y Activismo

Desde los años 2000, un movimiento social en torno a los derechos en el parto ha cobrado fuerza en España. Organizaciones como El Parto es Nuestro, Vía Láctea y el Observatorio de Violencia Obstétrica han sido clave en la promoción de campañas de sensibilización e incidencia en reformas legislativas, además de acompañar a mujeres en la denuncia de casos. Sin embargo, persisten tensiones con algunas organizaciones profesionales, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) o el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que han mostrado resistencia a reconocer la existencia de la violencia obstétrica como un fenómeno diferenciado.

Recomendaciones para el Cambio

Para cambiar esta situación, España debe continuar implementando protocolos de actuación actualizados y ofrecer formación de calidad para los profesionales sanitarios, así como mayor transparencia en las políticas para proporcionar datos reales sobre cómo son tratadas las mujeres en los centros de salud. Ante la ausencia o interferencias comunicativas entre profesionales de la salud y usuarias, es recomendable la creación de ámbitos que fomenten el diálogo fluido y el intercambio de percepciones y perspectivas. Sería también recomendable implementar un plan de parto que respete plenamente la autonomía de las mujeres.

Otro aspecto fundamental es implementar programas que visibilicen la violencia de género en el ámbito sanitario, fomentar investigaciones relacionadas con la violencia obstétrica y lograr intervenciones que refuercen la autonomía de las usuarias. La meta de cualquier sistema sanitario es mejorar el estado de salud de la población, y el imperativo ético y moral es lograr sociedades más justas y equitativas, libres de todo tipo de violencias.

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