El trágico fallecimiento de la pequeña Eva, quien murió tras una intervención quirúrgica de amígdalas y vegetaciones, ha destapado una presunta negligencia médica que ha llevado a sus padres a interponer una querella criminal contra los pediatras Julio González Yebra-Pimentel y María del Carmen García Cabanas. Inicialmente, se atribuyó el deceso a una mala reacción al tratamiento para elevar los niveles de sodio en sangre. Sin embargo, un análisis detallado de la historia clínica arrojó sospechas de que el desenlace fatal podría haberse evitado.
El informe forense y las presuntas irregularidades
Durante la fase de instrucción del caso, ambos pediatras se acogieron a su derecho a no declarar. No obstante, el informe de la médico forense, perito del juzgado, reveló datos alarmantes. Se determinó que la bajada de sodio que Eva sufrió tras la operación fue de una entidad muy grave y que, de no haber sido tratada correctamente, podía ser mortal, tal como ocurrió. La forense señaló que el tratamiento pautado por el Dr. Pimentel fue erróneo, al ser insuficiente en cantidad y lento en su administración. Agravando la situación, el mismo doctor habría ordenado la administración de un suero cuya composición provocó una mayor descenso de los niveles de sodio en la niña.
La noche crítica y la inacción del Dr. Pimentel
Como consecuencia de la incorrecta atención, Eva empeoró y sufrió una convulsión a las 5 de la madrugada. A pesar de ser notificado por la enfermera, el Dr. Pimentel optó por administrar únicamente un relajante para calmar la convulsión. Decidió no acudir al hospital para examinar a la paciente, investigar el empeoramiento de su estado ni solicitar análisis para evaluar la efectividad del tratamiento. Simplemente, permaneció en su domicilio, una decisión que los padres cuestionan, especulando sobre si pudo estar influenciada por su turno de trabajo al día siguiente.
La actuación de la Dra. García Cabanas y la ocultación de información
Al día siguiente, la pediatra García Cabanas asumió el cuidado de Eva. A pesar de que los análisis indicaban una bajada del sodio en lugar de la esperada subida, mantuvo el tratamiento anterior, una decisión que los padres atribuyen a no contradecir a su colega o a una posible falta de pericia. La Dra. García Cabanas informó a la familia que los niveles de sodio se estaban recuperando, lo cual, según los padres, era falso. Tampoco les comunicó una parada cardiorrespiratoria que sufrió Eva a media mañana, ni que un segundo TAC revelaba un severo edema cerebral. Finalmente, decidió remitirla al Hospital Materno Infantil de La Coruña, una solicitud que los padres habían hecho desde el principio sin éxito.
La Dra. García Cabanas, al enviar a Eva al Materno, transmitió a los padres la impresión de que se trataba de un pequeño edema que sería tratado sin problemas. El único aspecto positivo de su actuación fue la modificación del tratamiento, logrando que los niveles de sodio de Eva aumentaran a 122 mEq/l. Sin embargo, este cambio se produjo demasiado tarde, cuando el edema cerebral ya era irreversible.
El archivo de la causa y la lucha por la justicia
El auto del juez de instrucción, que ordenaba el inicio del juicio contra ambos médicos, fue recurrido en apelación. El juez de la Audiencia Provincial desestimó la apelación, argumentando que no se habían acreditado indicios suficientes de culpabilidad contra los investigados y, para evitarles indefensión, ordenó el archivo de la causa. Esta decisión dejó a los padres sin la posibilidad de un juicio para defender los intereses de su hija, la víctima.
Los padres consideran que el juez de instrucción no debió juzgar en su auto, sino que debió permitir que el proceso continuara hasta el juez de lo penal. Sienten que los indicios presentados no fueron suficientes para que se siguiera adelante y se depuraran responsabilidades. La familia, dolida por la falta de justicia, ha manifestado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, reafirmando su compromiso de seguir luchando en memoria de Eva.
documental sobre negligencias médicas
El Grupo HM Hospitales y la persistencia de la controversia
Recientemente, el Hospital Modelo, donde ocurrieron los hechos, ha cambiado de gerencia y ahora forma parte del grupo HM Hospitales. La nueva dirección, encabezada por Juan Abarca Cidón, Director General del Grupo HM, y la Dra. Sonia Pedredo Castro, gerente del Hospital Modelo, se reunió con los padres de Eva. Estos solicitaron la expulsión inmediata de los dos pediatras del hospital, argumentando que, si bien no existe una sentencia firme, un auto judicial ya los acusaba y el hospital, como entidad privada, podía tomar decisiones para mejorar el servicio y la atención al paciente.
El Sr. Abarca, sin embargo, argumentó que esperaría a la sentencia judicial y que la decisión de prescindir de los médicos implicaría un desembolso económico considerable. Los padres interpretaron esta postura como una priorización del aspecto económico sobre la posible negligencia de sus empleados, y criticaron la sugerencia de "pasar página" ante la muerte evitable de su hija.
A pesar de que el Hospital Modelo también está siendo investigado, los padres insisten en que la nueva gerencia es responsable de albergar a dos presuntos homicidas y permitirles seguir ejerciendo. Señalan que la justicia no solo reside en los jueces y que las empresas privadas tienen la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones éticas.
La denuncia contra la madre de Eva
Paula P., madre de Eva, ha revelado que ha sido denunciada por injurias graves con publicidad por el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, letrado de uno de los pediatras implicados. El abogado, conocido por defender casos mediáticos, ha presentado esta querella contra Paula P. por sus declaraciones públicas, buscando silenciarla. La madre de Eva solicita el apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer el acoso al que está siendo sometida.