El Gobierno de España ha implementado una nueva instrucción que modifica significativamente el proceso de inscripción de los bebés nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero. Esta medida responde a la necesidad de adecuar el régimen registral a la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024, que rechaza la regularización automática de estos menores, independientemente de si existen resoluciones judiciales o administrativas de otros países.
El cambio en el modelo de registro
Hasta la fecha, era habitual que las familias inscribieran a los menores en el Registro Civil español presentando una sentencia judicial extranjera que validaba el contrato de gestación por sustitución. Con la nueva directriz, esta práctica queda anulada. A partir de ahora, la filiación solo podrá formalizarse mediante los cauces habituales establecidos en el ordenamiento jurídico español:
- Vínculo biológico: Si existe una prueba de ADN que acredite la paternidad genética.
- Adopción: En los casos donde no existe vínculo biológico, debiendo demostrarse la existencia de un núcleo familiar consolidado.
El Ejecutivo sostiene que este paso busca evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en el territorio nacional, protegiendo así el interés superior del menor y evitando la mercantilización del cuerpo de la mujer y de los niños, una demanda histórica de diversos colectivos feministas.
Fundamentos legales y jurisprudencia
La gestación subrogada es ilegal en España desde 2006, siendo considerada por la Ley 14/2006 como un contrato nulo de pleno derecho. La nueva instrucción se alinea con la doctrina del Tribunal Supremo, que en 2024 denegó el exequátur (reconocimiento de sentencia extranjera) a un caso de gestación subrogada argumentando que vulneraba el orden público español y los derechos fundamentales de la mujer gestante.
La posición de los expertos
Especialistas como la jurista Laura Esteve señalan que, aunque la vía biológica sigue siendo una opción si se aporta prueba de ADN, la situación se vuelve más compleja para aquellas parejas donde ninguno aporta material genético. Por su parte, el letrado Martín Corera destaca que la "verdad biológica" sigue siendo un pilar en nuestro derecho, pero la vía de la adopción se vuelve indispensable cuando no existe nexo genético, un proceso cuya duración y éxito dependerán de la valoración judicial de cada caso.
Impacto en la industria y dilemas éticos
El debate sobre la gestación subrogada trasciende lo puramente legal. Expertos como la psicóloga Elena Crespí advierten sobre la opacidad de las agencias que lucran con esta práctica, señalando que la mercantilización de la reproducción a menudo invisibiliza las experiencias de las madres gestantes. Se estima que, solo en 2024, más de 150 niños fueron inscritos en España bajo resoluciones extranjeras, una cifra que evidencia la dimensión del fenómeno.
Críticas a la medida
Por otro lado, asociaciones como Son Nuestros Hijos han calificado la nueva instrucción de "autoritaria" y "estigmatizadora". Argumentan que dejar a los menores en un "limbo legal" vulnera sus derechos, impidiendo el acceso a servicios básicos y complicando derechos sucesorios o de protección social, al no reconocerse la filiación establecida en el país de origen.
Marco ético y el "trabajo reproductivo"
Desde la bioética, se analiza este fenómeno bajo el prisma del "trabajo gestacional", un concepto que permite entender el embarazo subrogado no como un acto meramente altruista, sino como una actividad productiva que debe ser objeto de análisis crítico. Académicos sugieren que avanzar hacia políticas de autosuficiencia nacional en recursos reproductivos podría reducir la dependencia de mercados transnacionales que, a menudo, operan en países donde los derechos de las mujeres gestantes son más vulnerables.