El caso de Diego L. B., conocido popularmente como «el niño del Royo», trascendió los límites de una simple disputa judicial por la tutela de un menor para convertirse en una batalla social y emocional que marcó a todos los implicados. A finales de los años 90, la historia de este niño se convirtió en un referente de las complicaciones legales y humanas del sistema de protección de menores en España.
El inicio del conflicto y el acogimiento en El Royo
Todo comenzó en mayo de 1999. Meses antes, en enero, la Junta de Castilla y León ordenó el ingreso de Diego en un centro de menores de Salamanca, su provincia de nacimiento, al estimar que sus padres biológicos, Margarita y Luis, no estaban capacitados para hacerse cargo del bebé debido a graves enfermedades mentales y a la falta de apoyo familiar. Poco después, el niño fue entregado a Carlos de Francisco y Raquel Gómez, una familia del municipio soriano de El Royo, en régimen de acogimiento preadoptivo.
Durante 17 meses, el menor vivió en un entorno estable, hasta que la madre biológica recurrió la decisión judicial. El juez ordenó el regreso del niño al centro para favorecer la cercanía con su madre, una medida que desencadenó una movilización social sin precedentes. El abogado de la familia, Francisco Gozálvez, recuerda aquellos momentos: «Intentamos solventarlo a través de todo tipo de medidas: huelgas, manifestaciones, sentadas, reclamaciones. Fue un tema que me marcó».
Una cadena de traslados y el impacto en el menor
Tras abandonar El Royo, la vida de Diego estuvo marcada por la inestabilidad. Fue entregado a una tía materna, quien terminó renunciando a la tutela debido a las continuas amenazas de la madre. A pesar de los informes desfavorables de los servicios sociales, en 2002 el juez otorgó la custodia a Margarita.
La situación se tornó crítica en los años siguientes:
- 2003: El padre fue detenido por prender fuego a la vivienda familiar y la madre fue localizada en Madrid mendigando con el menor, lo que provocó un nuevo ingreso en el centro de Salamanca.
- 2005: La madre biológica llamó al 112 alegando episodios violentos por parte del menor.
- 2007: Debido al absentismo escolar crónico, Diego fue internado por cuarta y última vez en el centro de Salamanca, donde permaneció hasta su mayoría de edad.
Consecuencias psicológicas y lecciones aprendidas
El psiquiatra Blas Bombín, quien atendió al menor, advierte que estas vivencias pueden acarrear un «tremendo desajuste emocional», manifestado en trastornos del desarrollo o conductas evasivas. Según el especialista, la estancia prolongada en centros depende de factores educacionales y genéticos, pero siempre conlleva un riesgo de trauma psicológico.
Para los padres preadoptivos, el proceso fue una lucha frustrante. Aunque intentaron recurrir ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, sus recursos fueron desestimados al no ser considerados parte directa en el procedimiento. Carlos y Raquel, a pesar de no haber mantenido contacto personal con Diego tras la separación, han seguido de cerca su evolución, manteniendo al niño vivo en sus corazones.
Los retos del día a día en el acogimiento familiar
El caso de «el niño del Royo» sigue siendo recordado como un ejemplo de las deficiencias en el sistema de protección, donde el procedimiento legal a menudo choca con la realidad del bienestar del menor. Como señala Gozálvez, el error fundamental fue otorgar un acogimiento preadoptivo sin la certeza de la imposibilidad de que la madre biológica recuperase la custodia, dejando a todas las partes en una situación de indefensión emocional.