El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España abarca un total de 30 componentes, entre los cuales se destaca el Componente 12 «Política Industrial de España 2030». Este componente se alinea con la Estrategia Europa 2020 y la comunicación de la Comisión Europea COM (2017) 479, que priorizan la industria como pilar estratégico para la prosperidad económica europea. Dentro del Componente 12, se contemplan reformas e inversiones en el ámbito de la economía circular y la gestión de residuos.
Una inversión clave es la C12.I3 «Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos». Este plan es un instrumento fundamental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para desplegar la economía circular en España, contribuyendo a los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea. Se enfoca en medidas de prevención, minimización, separación, reutilización y reciclado, conforme al Reglamento (UE) 2021/241.
La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC)
La España Circular 2030, aprobada en junio de 2020, sienta las bases para un modelo de producción y consumo donde los productos, materiales y recursos mantienen su valor en la economía el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos. La EEEC se alinea con los planes de acción de economía circular de la UE (2015 y 2020), el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Su visión a largo plazo se materializará a través de planes de acción trienales.
El I Plan de Acción, aprobado el 25 de mayo de 2021, incluye 116 medidas para el trienio 2021-2023, destinadas a consolidar un modelo económico circular y descarbonizado. En esta transición, los agentes económicos y sociales desempeñan un papel fundamental.
Inversiones y Digitalización en la Economía Circular
El «Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos» del PRTR prevé inversiones para mejorar la gestión de residuos, incluyendo recogidas separadas, construcción de instalaciones para el tratamiento de biorresiduos, preparación para la reutilización y reciclado, y otras instalaciones de recogida. Asimismo, se contemplan inversiones en la digitalización de la gestión ambiental y en proyectos de empresas privadas alineados con la EEEC.
Para las empresas, invertir en la sostenibilidad y circularidad de sus procesos es imprescindible para mejorar su competitividad. Por ello, se han aprobado bases reguladoras para la convocatoria de ayudas dirigidas a proyectos de impulso a la economía circular, en el contexto de la reactivación económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19.
PERTE de Economía Circular
Las subvenciones contempladas en esta orden responden a las ayudas previstas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en Economía Circular (PERTE en EC), aprobado el 8 de marzo de 2022. Este PERTE, basado en el Real Decreto-ley 36/2020, comprende 18 instrumentos distribuidos en dos líneas de acción:
- Línea de acción 1: Actuaciones sobre sectores clave de la economía española (textil, plástico, bienes de equipo para energías renovables).
- Línea de acción 2: Actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa.
Marco Regulatorio y Garantías
El régimen de ayudas respeta el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, que declara compatibles determinadas categorías de ayudas con el mercado interior. La orden se estructura en dos capítulos y 41 artículos, además de siete anexos.
Los anexos detallan el contenido mínimo de la solicitud, memorias descriptivas, declaraciones responsables (incluida la de no causar perjuicio significativo al medio ambiente según el Reglamento (UE) 2020/852), criterios de evaluación, modelos para start-ups y declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) para cumplir con el Reglamento (UE) 2021/241.
Se aplican los principios de buena regulación, incluyendo la transparencia, con participación pública y criterios de evaluación objetivos. La orden asegura la seguridad jurídica mediante informes preceptivos.
Beneficiarios y Requisitos
Podrán ser beneficiarias las PYMEs, start-ups y entidades de economía social definidas en la Ley 5/2011. También se admiten agrupaciones de las anteriores, siempre que al menos una PYME, start-up o entidad de economía social cumpla los requisitos.
Los requisitos para ser beneficiario incluyen:
- No haber surgido de operaciones de fusión, escisión o transformación que afecten a la actividad subvencionable.
- Mantener los derechos y obligaciones en caso de operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad.
- No incurrir en el supuesto del artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003.
- Acreditar la solvencia técnica requerida (constitución al menos un año antes de la convocatoria).
- Disponer de los permisos administrativos necesarios.
- Crear empleo en España para la actividad objeto de ayuda.
- Realizar el cuestionario de autoevaluación de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH) al medio ambiente.
- Aportar informe de calificación de actividades para proyectos de investigación y desarrollo.
En el caso de agrupaciones, deberán formalizar un acuerdo interno, designar un representante único y todos los miembros deberán cumplir individualmente los requisitos de beneficiario.
Actuaciones Financiables y Marco Normativo
Se podrán financiar actuaciones que utilicen materiales reciclados o reutilizados, tratándolos de manera más respetuosa con el medio ambiente que si fueran eliminados o tratados de forma menos sostenible. Se respetará la normativa medioambiental aplicable, en particular la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Las bases reguladoras se rigen por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo. La gestión de las ayudas, aunque las competencias en materia de subvenciones recaen en las Comunidades Autónomas, se concentra en la Administración General del Estado para garantizar la igualdad de acceso y evitar distorsiones en la competencia. Esto se debe a la heterogeneidad de los posibles beneficiarios y la dificultad de prever una distribución territorial clara de la demanda.