En Brasil, el acceso al aborto legal para mujeres embarazadas tras una violación se ve obstaculizado por una compleja red de barreras legales y prácticas, a pesar de que la ley contempla esta posibilidad. La legislación brasileña permite el aborto únicamente en casos de violación, cuando existe riesgo para la vida de la embarazada o si el feto presenta anencefalia. Sin embargo, la realidad de muchas mujeres dista mucho de estos supuestos legales.
Experiencias de Mujeres ante la Negativa del Servicio
Una mujer de 27 años relató a The Associated Press cómo, tras quedar embarazada en marzo como resultado de una violación durante el Carnaval en Brasilia, se encontró con un obstáculo inesperado al acudir a un hospital para interrumpir su embarazo. Le informaron que necesitaba un informe policial, a pesar de que este requisito no está contemplado en la ley. Ante esta situación, decidió recurrir a un aborto clandestino en su hogar, con el apoyo de algunas amigas. "Me desmayé varias veces por el dolor. Tenía pánico a morir", afirmó.
Otra historia similar es la de una cajera de 35 años de una pequeña ciudad en el interior del estado de Río de Janeiro, quien también quedó embarazada tras una violación. A diferencia de la mujer en Brasilia, optó por buscar un aborto legal por temor a los riesgos de un procedimiento clandestino. A pesar de que el Ministerio de Salud establece que los profesionales sanitarios deben informar a las mujeres sobre sus derechos y apoyarlas, un comité del hospital se negó a interrumpir su gestación. Finalmente, encontró ayuda a través del Proyecto Mujeres Vivas, una organización sin ánimo de lucro especializada en asistir a víctimas de violencia sexual. La organización la ayudó a localizar un hospital en otro estado, a 18 horas de viaje, que estaba dispuesto a realizar el procedimiento. Gracias a una campaña de recaudación de fondos, la mujer pudo viajar y someterse a la operación a las 30 semanas de embarazo.
Barreras Geográficas y Falta de Infraestructura
Las dificultades de acceso al aborto legal en Brasil no solo se limitan a requisitos burocráticos o negativas administrativas. Las barreras geográficas juegan un papel crucial, ya que solo 290 instalaciones, correspondientes al 3,6% de los municipios del país, ofrecen este servicio, a pesar de que Brasil tiene una población de aproximadamente 213 millones de habitantes. Esta escasez de centros dificulta enormemente que las mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o de bajos ingresos, puedan acceder a la interrupción legal del embarazo.
Marco Legal y Activismo por los Derechos Reproductivos
En junio de 2022, cuatro organizaciones sin fines de lucro presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal Federal alegando que las restricciones al acceso al aborto violan los derechos constitucionales de las mujeres. El caso se encuentra actualmente en fase de tramitación, lo que refleja la continua lucha por la ampliación de los derechos reproductivos en el país.
Las leyes del aborto en Brasil se encuentran entre las más restrictivas de América Latina, región donde países como México, Argentina y Colombia han avanzado hacia la legalización o despenalización del aborto. Este panorama legislativo se ve agravado por un entorno político conservador, donde representantes de la extrema derecha, con el apoyo de sectores católicos y evangélicos, buscan endurecer aún más las restricciones existentes.
Intentos de Restricción y Desinformación
Durante el gobierno del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en 2020, se emitió una ordenanza que obligaba a los médicos a reportar a la policía a las víctimas de violación que buscaban abortar. El año pasado, el legislador conservador Sóstenes Cavalcante propuso un proyecto de ley para equiparar la interrupción de un embarazo después de las 22 semanas con un homicidio, lo que generó protestas generalizadas de colectivos feministas. La iniciativa fue archivada gracias a la movilización social.
Sin embargo, la presión por restringir el aborto continúa. En noviembre, un comité de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda constitucional que prohibiría de facto el aborto al establecer la "inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción". El proyecto de ley está pendiente de la formación de una comisión para su discusión. Recientemente, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, aliado del actual presidente Lula, fue criticado por sancionar un proyecto de ley que exige la colocación de carteles con mensajes antiaborto en hospitales municipales y otros centros de salud.
Historia del movimiento feminista y de la lucha por los derechos de las mujeres - Mariana D. Aldama
Desigualdades en el Acceso al Aborto
Los defensores de los derechos reproductivos señalan que el acceso al aborto pone de manifiesto importantes disparidades sociales. Las mujeres con recursos económicos pueden evitar las restricciones legales viajando al extranjero para someterse al procedimiento, mientras que las menores, las mujeres pobres y las mujeres negras enfrentan mayores obstáculos. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2023, el 61,6% de las 83.988 víctimas de violación tenían menos de 14 años. Un análisis estadístico de ese año estimó que menos del 4% de las niñas de entre 10 y 14 años que quedaron embarazadas como resultado de una agresión accedieron a un aborto legal entre 2015 y 2020.
En la favela de Maré, una de las comunidades de bajos ingresos más grandes de Río de Janeiro, la organización sin fines de lucro Redes de la Casa de las Mujeres de Maré proporciona información sobre derechos reproductivos, incluyendo las disposiciones legales para el aborto. Karina Braga de Souza, madre de cinco hijos de 41 años, se enteró en un taller reciente que el aborto es legal en ciertos casos. "No tenemos acceso (a la información). Los médicos no te lo dicen", afirmó, evidenciando la falta de información y la desinformación que rodea el tema.
Conexiones Transfronterizas y Cooperación Internacional
Los grupos feministas en Brasil están llevando a cabo campañas a nivel federal para mejorar el acceso al aborto legal. El año pasado, la campaña "Una niña no es madre" impulsó al Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes a adoptar una resolución sobre cómo manejar los casos de menores víctimas de violación embarazadas. La resolución fue aprobada por una estrecha mayoría en diciembre.
Las activistas brasileñas también buscan fortalecer el acceso al aborto mediante la creación de vínculos con organizaciones en el extranjero. En mayo, miembros de grupos feministas brasileños se reunieron con una delegación de legisladores estatales estadounidenses para fomentar la colaboración en estrategias de defensa de los derechos reproductivos, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 que eliminó el derecho constitucional al aborto.
Manifestaciones y Lucha Continua
La lucha por el derecho al aborto en Brasil se manifiesta en las calles. Cientos de personas se han movilizado en ciudades como São Paulo para exigir que el Congreso archive definitivamente el proyecto de ley que equipara el aborto después de las 22 semanas de embarazo al homicidio. Manifestantes han gritado consignas como "¡Una niña no es madre, un violador no es padre!".
Activistas como Silvia Tomasini, del Frente Estatal para la Legalización del Aborto, consideran que la propuesta legislativa representa un "franco retroceso" que limita aún más el acceso a la interrupción legal del embarazo. La ley actual, que solo permite el aborto en casos de riesgo de vida para la madre, violación o anencefalia del feto, se vería aún más restringida. El proyecto de ley, presentado por un diputado de ultraderecha, podría acarrear penas de hasta 20 años de cárcel para la víctima de una violación que aborte después de las 22 semanas, una pena superior a la del propio violador.
A pesar de los anuncios del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, de crear una comisión para discutir la medida "sin prisas", activistas como Tamires Arantes, del colectivo feminista Juntas, lo consideran una "táctica" para ganar tiempo. "Fue una victoria parcial para nosotras, pero el proyecto de ley puede volver en cualquier momento porque no está enterrado", aseguró Arantes.
Las manifestantes también exigen a las autoridades que cumplan con lo mínimo y ofrezcan servicios adecuados para las mujeres que desean abortar legalmente. Hace unos meses, el Ayuntamiento de São Paulo suspendió los procedimientos de interrupción del embarazo en uno de los pocos hospitales públicos de la ciudad que los ofrecía. "Los servicios para las mujeres que quieren abortar legalmente son insuficientes y a veces ellas tienen que viajar a otra regiones", apuntó Arantes.
Las consecuencias para las mujeres que luchan por acceder a sus derechos son profundas. La mujer de Brasilia que se sometió a un aborto en casa señaló que, aunque está sobrellevando la situación gracias a terapia y apoyo, los acontecimientos recientes la han traumatizado. Al negárseles el acceso a un aborto legal, "nuestros cuerpos sienten mucho más dolor del que deberían", afirmó.