Introducción a la Ley 2/2010
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se estableció con el objetivo primordial de garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Esta normativa busca regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos, adecuando el marco normativo español al consenso de la comunidad internacional en esta materia. La Ley parte de la convicción de que una educación afectiva, sexual y reproductiva adecuada es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos.
Aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral, e introduce en el ordenamiento jurídico las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva. Además, prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo.
Marco Internacional y Fundamentos Constitucionales
Reconocimiento de Derechos Fundamentales
El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Estos aspectos son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, integrando un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Esta protección de la autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos.
Consenso Internacional y Normativa Previa
La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. En el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979) establece en su artículo 12 que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar». Por su parte, la Plataforma de Acción de Beijing (1995) ha reconocido que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia».
La Ley 2/2010, al igual que su posterior modificación, pretende adecuar el marco normativo español a este consenso internacional, mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva.
Un cuarto de siglo antes de la Ley 2/2010, el legislador ya había respondido al problema social de los abortos clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres. Atendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los derechos de las mujeres en relación con la maternidad, se despenalizaron ciertos supuestos de aborto. Esta reforma del Código Penal supuso un avance al posibilitar el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro cuando concurrieran indicaciones como grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, embarazo por violación, o presunción de graves taras físicas o psíquicas en el feto.
Regulación Original de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Ley 2/2010
La Ley 2/2010 estableció una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal, con el fin de garantizar y proteger los derechos e intereses de la mujer y de la vida prenatal. En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico, dentro del marco constitucional.
Proceso de Decisión, Información y Plazo de Reflexión
La Ley 2/2010 preveía que la mujer adoptaría su decisión sobre el embarazo tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que podía acceder si deseaba continuar con la gestación, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución o interrupción del embarazo. Se contemplaba también la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. La Ley disponía un plazo de reflexión y exigía claridad y objetividad en la información, imponiendo condiciones para que esta se ofreciera en un ámbito y de un modo exento de presión para la mujer.
Este proceso de información previo, claro y objetivo, era la circunstancia determinante de la decisión de la mujer embarazada. Se estructuraba en dos fases:
- Información general: Sobre los métodos de interrupción, los centros donde se podía llevar a cabo y los trámites y condiciones.
- Información de apoyo a la maternidad: Datos sobre las ayudas públicas y derechos vinculados al embarazo y la maternidad, y sobre los centros de asesoramiento.
Indicaciones y Plazos para la IVE
La Ley 2/2010 permitía la interrupción del embarazo siempre que concurriera alguna de estas dos indicaciones: «que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada», o «que exista riesgo de graves anomalías en el feto».
El umbral de la viabilidad fetal se situaba, en consenso general avalado por la comunidad científica, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Hasta este momento, la Ley permitía la interrupción del embarazo bajo las indicaciones mencionadas, con las debidas garantías para acreditar la concurrencia de la indicación.
Más allá de la vigésimo segunda semana, la ley configuraba dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo:
- Casos en que «se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida», situación en la que decae la premisa que hace de la vida prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del artículo 15 de la Constitución (STC 212/1996).
- Casos en que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico».
Doctrina Constitucional sobre la IVE
En la concreción del modelo legal, la Ley 2/2010 consideró de manera especialmente atenta la doctrina constitucional derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia. La sentencia 53/1985, a pesar de las divisiones internas del Tribunal, enunció principios clave que han sido respaldados por la jurisprudencia posterior.
Una de estas afirmaciones de principio es la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses en conflicto al regular la interrupción voluntaria del embarazo. Esto implica el deber del legislador de «ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos» (STC 53/1985). Aunque «los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución», esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional (STC 116/1999).
La Ley 2/2010 reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica que las mujeres puedan tomar una decisión inicial sobre su embarazo, consciente y responsable, y que esta sea respetada. La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. Por ello, la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella.
Principios y Definiciones Clave de la Ley 2/2010 (texto consolidado)
Definiciones de Salud Sexual y Reproductiva
La Ley Orgánica 2/2010, en su texto consolidado, establece las siguientes definiciones, adoptadas de la Organización Mundial de la Salud:
- Salud sexual: El estado general de bienestar físico, mental y social, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la sexualidad de las personas.
- Salud reproductiva: El estado general de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la reproducción.
- Salud durante la menstruación: El estado integral de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia, en relación con el ciclo menstrual.
Principios Rectores de las Políticas Públicas
Las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, según la Ley Orgánica 2/2010, se articulan en torno a los siguientes principios:
- Respeto, protección y garantía de los derechos humanos y fundamentales.
- Diligencia debida: Responsabilidad de los poderes públicos de actuar con la diligencia debida en la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
- Enfoque de género.
- Prohibición de discriminación y atención a la discriminación interseccional y múltiple.
- Accesibilidad y Empoderamiento: Fortalecimiento de la capacidad de agencia y la autonomía de las personas en cada fase del ciclo vital, con énfasis en las mujeres y en la población joven.
- Participación y Cooperación: Cooperación efectiva entre administraciones públicas, instituciones y organizaciones implicadas, con implicación del movimiento feminista y la sociedad civil.
- Implicación de los hombres: Fomentar su responsabilidad en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual.
Los derechos previstos en esta ley orgánica son de aplicación a todas las personas que se encuentren en España, con independencia de su nacionalidad, residencia legal, o mayoría/minoría de edad.
Reformas Introducidas por la Ley Orgánica 1/2023
La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fue publicada en el BOE el 1 de marzo de 2023 y entró en vigor el 2 de marzo de 2023 (salvo algunas disposiciones finales). Esta nueva norma introduce las modificaciones necesarias para garantizar la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, salvando obstáculos y dando respuesta a las necesidades de regulación que derivaban de la LO 2/2010 y su modificación previa por la LO 11/2015.
La LO 1/2023 se estructura en un artículo único de modificación de la LO 2/2010 y diversas disposiciones adicionales y finales.
Novedades Destacadas en Materia de IVE
En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, la Ley Orgánica 1/2023 introduce los siguientes cambios significativos:
- Consentimiento de menores: Se contempla la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales.
- Eliminación del plazo de reflexión y de información obligatoria: Se eliminan los requisitos de información obligatoria sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, así como el plazo de reflexión de tres días. Ahora, las mujeres solo recibirán información adicional, como la relativa a ayudas a la maternidad, si así lo requieren explícitamente, y nunca como requisito para acceder a la prestación del servicio, más allá de la información de carácter sanitario vinculada directamente a la interrupción del embarazo.
- Objeción de conciencia: Se configura como una decisión individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la IVE, que debe manifestarse con antelación y por escrito. La prestación no podrá verse afectada por el ejercicio de este derecho, y los servicios públicos deben organizarse siempre para garantizar el personal sanitario necesario para un acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.
- Acceso efectivo a la prestación: Para solucionar problemas de desigualdades territoriales y vulneración de la intimidad, si el servicio público de salud no pudiera facilitar la prestación en tiempo, deberá reconocer a la solicitante el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, asumiendo el abono directo de la prestación.
Medidas Adicionales en Salud Sexual y Reproductiva
La LO 1/2023 prevé nuevas medidas para garantizar los derechos reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico, entre las que destacan:
- Educación afectivo-sexual: Para todas las etapas educativas, y el desarrollo de políticas específicas para mujeres con discapacidad.
- Salud menstrual: Se reconoce una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes (baja laboral) en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a determinadas patologías. Asimismo, se reconocen como situaciones especiales de incapacidad temporal la debida a la interrupción del embarazo (voluntaria o no) y la de gestación de la mujer desde el primer día de la semana 39. Se establece la gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales para el acceso de mujeres en situación de vulnerabilidad, respetando las elecciones de las usuarias y exigiendo que los productos sean libres de agentes nocivos.
- Corresponsabilidad en anticoncepción: Se promueve la eliminación de roles sexistas y el impulso a la investigación y comercialización de anticonceptivos masculinos. Se garantiza la dispensación gratuita de anticoncepción en determinados casos.
- Prevención de ITS: Impulso y refuerzo de las campañas relativas a las infecciones de transmisión sexual.
- Servicios adaptados para jóvenes: Además de los servicios especializados dirigidos al conjunto de la población, se establecerán servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven.
- Refuerzo institucional: Se refuerzan los servicios especializados, la facultad de Alta Inspección del Estado y el papel del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Modificaciones en el Código Penal
La Ley Orgánica 1/2023 también introdujo importantes reformas en el Código Penal, particularmente en el artículo 145 bis y en los apartados 1 y 5 del artículo 172 ter.
Artículo 145 bis del CP (Aborto fuera de los casos permitidos)
Se dio nueva redacción al artículo 145 del Código Penal, con el fin de limitar la pena impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la ley, eliminando la previsión de pena privativa de libertad para ella. Además, se introdujo un nuevo Artículo 145 bis del CP, que castiga con pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos (públicos o privados) por tiempo de seis meses a dos años, a quien, dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto:
- Sin contar con los dictámenes previos preceptivos.
- Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado (en este caso, la pena podrá imponerse en su mitad superior).
Además, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en su mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación. Es fundamental destacar que, según este precepto, la embarazada no será penada.
Artículo 172 ter del CP (Acoso)
Este artículo reformado castiga con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las siguientes conductas y, de esta forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana:
- Vigilarla, perseguirla o buscar su cercanía física.
- Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
- Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquirir productos o mercancías, contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella.
- Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.
Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años. Asimismo, se castiga con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación.
Violencias en el Ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva
La LO 1/2023, de 28 de febrero, también aborda las formas de violencia existentes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Estas incluyen:
- La esterilización y la anticoncepción forzosas.
- El aborto forzoso.
- La gestación por sustitución, cuya ilegalidad se refuerza.
Además, la Ley establece un itinerario de medidas destinado a la reparación integral de las víctimas de estas violencias, con el fin de proteger y garantizar plenamente sus derechos.