La Ley Draconiana de El Salvador y Sus Consecuencias
El Salvador posee una de las leyes sobre el aborto más draconianas del mundo, la cual incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, incesto, peligro para la vida o la salud de la mujer o malformación grave y mortal del feto. Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si el bebé tenía malformaciones o las madres estaban bajo riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución convirtió a El Salvador en uno de los cinco países del mundo -incluido el Vaticano- que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia.
Las penas son graves y oscilan entre dos y ocho años de prisión tanto para la mujer que aborta como para quienes la ayuden. Existen condenas más largas, de entre seis y 12 años, para profesionales de la salud. En los casos más extremos, se ha encarcelado a mujeres acusadas de homicidio agravado, delito que conlleva una pena de hasta 50 años de cárcel. Se ha condenado a mujeres por homicidio por abortar, a veces con penas de hasta 40 años de prisión. La legislación estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a uno, pueden ser encarcelados hasta por 50 años.
Una organización local trabaja actualmente en los casos de al menos 18 mujeres que cumplen condenas de prisión por complicaciones relacionadas con el embarazo. En algunos casos, tener un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica fueron utilizadas como pruebas para condenarlas. En la actualidad, 29 mujeres se encuentran en prisión cumpliendo penas de entre 30 y 50 años por homicidio u homicidio agravado. Existen serias sospechas de que, en varias de ellas, el aborto fue espontáneo.
Abortos Clandestinos y Mortalidad Materna
Pese a la prohibición, los abortos clandestinos son frecuentes. Según el Ministerio de Salud, entre 2005 y 2008 hubo en El Salvador 19.290 abortos, aunque es probable que la cifra sea mucho más elevada. En el país, en los ocho años comprendidos entre 2002 y 2009, hubo 56.000 abortos registrados -7.000 por año; 19 por día- según un estudio del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer, Isdemu, basado en cifras del sistema público. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en 1998 se registraron 7.436 hospitalizaciones por aborto a nivel nacional, y en el primer semestre de 1999 3.766. Datos más recientes indican que para el año 2009 se registraron 5.567 egresos hospitalarios por embarazos terminados en aborto y ubica al aborto entre las 5 principales causas de muerte entre las mujeres.
La prohibición total del aborto está matando a mujeres y niñas. En 2011, la OMS indicó que el 11 por ciento de las mujeres y niñas que se sometieron a un aborto ilegal en El Salvador murieron como consecuencia de ello. Según directrices de la OMS para el aborto seguro y legal, entre 4,7 y 13,2 por ciento de las muertes maternas en el mundo pueden atribuirse al aborto inseguro. El aumento de la morbilidad materna reportado en el estudio por la penalización del aborto también es una realidad en otros países de la región.
Muchas mujeres tratan de provocar abortos bebiendo raticidas o introduciendo agujas de tejer o trozos de madera en su cuello uterino. Esto demuestra los riesgos extremos a los que se enfrentan las mujeres en El Salvador debido a la criminalización del aborto.
Casos Emblemáticos de Criminalización
Caso María Teresa Rivera
María Teresa Rivera es una mujer de El Salvador que un día se encontró en medio de un charco de sangre cuando trabajaba en una fábrica de prendas de vestir. Su suegra, quien trabajaba con ella, avisó a los médicos y ellos a la policía. María Teresa no sabía que había abortado de forma espontánea y mucho menos que estaba embarazada en un país que condena el aborto en cualquier situación. Así le ocurrió a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo. Ahora, su hijo de cinco años tendrá que esperar cuatro décadas para ver a su madre en libertad.
Caso Cristina Quintanilla
El 24 de octubre de 2004, en San Salvador, Cristina Quintanilla, de 18 años y con siete meses de embarazo, se sintió mal y se desmayó en el baño. Cuando despertó en el quirófano del hospital, varios policías le informaron que estaba detenida porque había matado a su bebé, enterándose así de que había perdido a la criatura. Lo que siguió fue una verdadera ordalía para Cristina debido a las estrictas leyes contra el aborto que existen en su país desde 1998. Después de tres días en el hospital, bajo el cuidado de dos guardas de seguridad que no le quitaban la mirada de encima ni para ir al baño, Cristina fue llevada a una celda.
En su primera audiencia ante un tribunal, el juez desechó el caso en su contra por falta de evidencia. Sin embargo, la fiscalía apeló la decisión. En 2005, un juez cambió la decisión original y acusó a Cristina de homicidio agravado, sentenciándola a 30 años de prisión. En 2007, el caso de Cristina Quintanilla fue tomado por el abogado Dennis Muñoz Estanley quien, en 2009, consiguió que la sentencia fuera reducida a tres años. Sin embargo, la acusación por homicidio agravado nunca se cambió. Cristina cree que la ley antiaborto "discrimina a las mujeres con poca educación, como yo, que no entienden sus derechos o el sistema. Creo que es inconstitucional porque según nuestra Constitución todos tenemos derecho a la vida, pero la ley contra el aborto le niega ese derecho a las mujeres embarazadas". Después de ser puesta en libertad, Cristina soñaba con ser abogada y ayudar a otras mujeres, pero sus antecedentes criminales le han cerrado muchas puertas, lo que la llevó a decidir abandonar su país.
Caso Beatriz
El caso de Beatriz, una joven de 22 años diagnosticada con lupus y otros graves problemas de salud, también conmocionó a la opinión pública salvadoreña e internacional. En febrero de 2013, la vida de Beatriz fue puesta en peligro como consecuencia de su embarazo. A Beatriz se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo a las 11 semanas, cuando una ecografía mostró que el feto era anencefálico, una malformación congénita sin pronóstico de supervivencia fuera del útero. El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendó interrumpir el embarazo. A través de un largo proceso, Beatriz solicitó la interrupción de su embarazo y llevó su caso ante el Tribunal Supremo, que finalmente dictaminó que no podía abortar.
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A pesar de ello, El Salvador no cumplió con las medidas cautelares, lo que llevó a la Corte Interamericana a adoptar medidas provisionales y, el 3 de junio, Beatriz fue sometida a una cesárea de urgencia. El recién nacido murió horas después. El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa internacional, el gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana. El bebé murió a las cinco horas de nacido.
“Esta es la primera vez que la Corte Interamericana se pronunciará sobre las consecuencias de la criminalización total del aborto”, dijo Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de la mujer en Human Rights Watch. En enero de 2022, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que El Salvador violó los derechos de Beatriz a la vida y a la salud, a no sufrir tratos inhumanos y a la intimidad, a la igualdad ante la ley y a las garantías y protección judiciales, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana también reiteró que la criminalización absoluta del aborto expone a las mujeres a prácticas peligrosas e incluso letales que ponen en riesgo su salud y su vida. A pesar de las recomendaciones de la CIDH, El Salvador continúa criminalizando el aborto en todas las circunstancias.
Luego de este desenlace, el movimiento salvadoreño Vida SV divulgó un comunicado en el que decía "la vida le ganó a la muerte aún por unas horas. Nos manifestamos alegres de que la sentencia dada por la Corte Suprema de Justicia buscó y logró proteger ambas vidas". Otras organizaciones -salvadoreñas y foráneas- que se oponen al aborto aplaudieron la decisión de la Corte y dijeron que la información sobre el caso había sido manipulada y que la vida de la joven no corría riesgo.
Reportes y Reclamos de Organizaciones Internacionales
Como parte de la campaña "Mi cuerpo mis derechos", Amnistía Internacional presenta "Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador", un informe que expone la situación del aborto en el país centroamericano. El informe describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos.
"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", explicó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. "Lo terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir".
El informe documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas. Según las leyes sobre homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel. Amnistía Internacional también establece un vínculo entre la legislación y los suicidios entre adolescentes, citando al Ministerio de Salud salvadoreño, que sitúa al suicidio como la segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 y 19 años de edad. "Lo que es más: el suicidio es la causa del 57% de muertes de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad". El Salvador tiene una de las mayores tasas de embarazo entre adolescentes en la región.
Después del caso Beatriz, la Organización de Naciones Unidas pidió a El Salvador que reconsiderara su legislación sobre el aborto. "Una absoluta prohibición del aborto, cuando el resultado es un grave riesgo a la vida y a la salud de las mujeres, constituye una violación de las obligaciones estatales de prevenir la tortura, y el trato inhumano, degradante o cruel", expresó un grupo de expertos de la ONU en un comunicado.
Amnistía Internacional solicita la despenalización del aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre, es decir, volver a la situación previa a 1998. "El Salvador debe cumplir con su obligación de respetar y proteger los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos", afirmó Quijano Carrasco.
Análisis Social y Médico
La gran mayoría de las mujeres denunciadas por sospecha de aborto son jóvenes y pobres, ya que es sabido que las mujeres ricas son atendidas en clínicas privadas de este país o viajan fuera para tales fines. Esto resalta una profunda desigualdad social en el acceso a la salud y a la justicia. El Salvador junto con Nicaragua, Chile, y República Dominicana son los únicos países de Latinoamérica y el Caribe que penalizan de forma absoluta cualquier forma o causa de aborto. Otros países latinoamericanos como Uruguay, Argentina y Colombia, y algunos estados de México, reconocen actualmente el acceso a los servicios de aborto como un derecho humano, y algunos han legalizado el procedimiento en los últimos tres años. En otras naciones, como Brasil, Chile, México y Perú, el aborto es un delito, pero generalmente se prevén excepciones para los casos de violación, feto anencefálico y riesgo de muerte de la madre.
La ginecóloga obstetra Sandra Carolina Ugarte, primera autora de un estudio y especialista en medicina fetal que trabaja en el Hospital Nacional de la Mujer, afirma que todos los fetos de las mujeres incluidas en el estudio fallecieron al nacer o en el período neonatal. “No hay beneficio en continuar el embarazo en casos de una malformación incompatible con la vida extrauterina. Hay situaciones en las que el embarazo empeora la condición del bebé, como aquellos que tienen cerebro, pero no cráneo. El líquido amniótico destruye el cerebro.” El acceso al aborto legal y seguro protege la autonomía y reduce la mortalidad y morbilidad maternas. Las interpretaciones fidedignas del derecho internacional de los derechos humanos establecen que negar a mujeres, niñas y otras personas embarazadas el acceso al aborto es una forma de discriminación y pone en peligro una serie de derechos humanos.
Según el estudio, la mayoría de las pacientes tenía baja escolaridad, bajos ingresos y solo 3,8 por ciento de las 239 mujeres trabajaban en condiciones de formalidad. De los embarazos, 74,5 por ciento fueron no planificados y el 53,1 por ciento eran mujeres de 24 años o menos. “Los datos publicados nos aseguran que, dentro de la práctica médica, podemos utilizar esta información para corregir conductas clínicas, en favor de las pacientes.” Para Marcos Nakamura, obstetra e investigador del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente Fernandes Figueira de Brasil, “una malformación fatal conlleva aún más morbilidad. En Brasil, donde la ley admite la interrupción para una sola malformación letal (anencefalia), Nakamura cree en inequidades del tratamiento médico: “A veces, algunos hospitales no realizan el procedimiento y remiten al paciente a otra institución.
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Desde la Unidad Socialista de las y los Trabajadores, se considera que penalizar el aborto implica no solo negar a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sino también a ir conquistando cada vez más derechos democráticos. Además, se argumenta que los discursos basados en la defensa de la vida y la familia en contra del aborto, además de ser reaccionarios, lo que realmente defienden es que para mantener el régimen de propiedad privada y clasista, uno de los elementos fundamentales reside en el control sobre la mujer y su sexualidad, dado que solo a través de la monogamia y el sistema familiar patriarcal es posible preservar y transmitir la propiedad. Esta ideología sobre la idea de la maternidad y la familia ha sido hábilmente transmitida por la clase dominante a la clase trabajadora siendo esta última incapaz de ver que ella misma no tiene propiedad que heredar y por tanto a no defender este estado de cosas.
Por otro lado, es importante recordar que, por más defensa que se haga del concepto de familia, el capitalismo ha sido el autor de la destrucción de la misma que se manifiesta con la salida de la mujer de la casa al trabajo fuera de casa, en la irresponsabilidad paternal producto del machismo y los procesos migratorios producto de la pobreza y que resultan en desintegración familiar en familias del tercer mundo.
El 28 de septiembre es el día de acción por la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe, el cual fue declarado en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, como respuesta a las estadísticas cada vez mayores de complicaciones por la realización de abortos clandestinos y en situaciones de riesgo e insalubridad, que lo convirtieron en una de las principales causa de muerte entre las mujeres en estas regiones.
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