La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de ilegalidad representa una crisis de salud pública global y una grave violación de los derechos humanos. Mientras que los abortos seguros y legales son procedimientos médicos rutinarios en muchos países desarrollados, las restricciones legales severas en otras regiones, particularmente en América Latina y África, conducen a millones de abortos inseguros anualmente, con consecuencias devastadoras para la salud y la vida de las mujeres.
La situación del aborto legal: desafíos y disparidades
El marco legal en España y el debate sobre la ley de plazos
La Dirección General de Salud Pública de España presentó en su Informe anual sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de 2007 que se acreditaron 112.138 abortos legales, de los cuales 15.307 correspondieron a mujeres menores de 20 años. El sistema legal español en ese entonces exigía una certificación médica que acreditara la concurrencia de indicaciones establecidas (salvo en caso de violación), ya fueran las posibles taras físicas o psíquicas del feto, o el peligro para la propia salud de la mujer. Según los datos de 2007, el 97% de las IVE se ampararon en el riesgo para la salud psíquica de la embarazada. Esta alta cifra fue utilizada por grupos antiabortistas para desprestigiar la ley española, calificándola de "coladero", por considerar que en muchos casos la enfermedad era ficticia y los certificados médicos se despachaban sin rigor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe "Aborto sin riesgos" (2003) estableció que, en la fase previa a la práctica del aborto, el médico debe limitarse a ofrecer a la gestante la información necesaria para que pueda adoptar su decisión en libertad, con pleno conocimiento de los riesgos. Sin embargo, el sistema jurídico español le asignaba un papel excesivo al médico, obligándole a decidir si el aborto se realizaba o no bajo las condiciones legales, lo cual le situaba "al albur de las campañas emprendidas por organizaciones fundamentalistas contra una práctica absolutamente lícita".
El hostigamiento judicial al que fueron sometidas varias clínicas madrileñas y la consiguiente restricción del acceso al aborto legal para muchas mujeres, que se veían "obligadas a revivir el lacerante turismo abortivo", demostraron que la amenaza no era solo aparente. Por tanto, el Gobierno debería enviar al Congreso una ley de plazos capaz de satisfacer el derecho reconocido a la mujer en la IV Conferencia Mundial (Beijing, 2005), incluso si solo fuera para evitar este perjuicio masivo.
Acceso a la IVE en el sistema público de salud
No basta con adoptar una ley de plazos para garantizar en su integridad los derechos de la mujer. En un sistema sanitario de cobertura universal como el español, resulta "impresentable que casi todos los abortos se realicen en clínicas privadas, como si se tratara de una práctica caprichosa o vergonzante". El sistema público de salud debe hacerse cargo de la intervención de manera gratuita, "como se hace cargo de cualquier otra", sin que ese derecho pueda quedar supeditado a la objeción de conciencia médica.
La Estrategia Mundial de Salud Reproductiva de la OMS (2007) afirma que uno de los retos fundamentales es "formular estrategias nacionales que aseguren la accesibilidad de los servicios de salud reproductiva para las personas que más lo necesiten" con el fin de garantizar la equidad en las prestaciones. Por ello, el diagnóstico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAIE) en su informe de mayo de 2008, que calificaba el acceso al aborto en España como un "mapa de inequidad", es sumamente preocupante. La ACAIE reclamaba a los poderes públicos las reformas legales necesarias para que la IVE se incorpore al sistema nacional de salud como una prestación más, practicada en hospitales públicos.
En España, más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, fuera de los hospitales públicos. Esto no se debe a que todo el personal sanitario de estos centros sea objetor de conciencia, sino a la falta de dedicación de atención y recursos en el ámbito público.
La autodeterminación de las menores gestantes
En un marco legal del aborto así normalizado, podría resolverse el difícil problema de la autodeterminación de las menores gestantes. La Ley de autonomía del paciente concede validez al consentimiento a partir de los 16 años y únicamente obliga a informar a los padres cuando la intervención médica sobre el menor implique un grave riesgo. Sin embargo, la IVE quedaba exceptuada de este régimen general.
Cuando una adolescente quería abortar en España (4.641 lo hicieron en 2007), se le exigía una autorización de los progenitores, lo que no solo infringe la Convención de Derechos del Niño (que rige en España desde su ratificación en 1990 y en la que prevalece siempre el interés del menor), sino que se opone a las directrices adoptadas por la Organización Mundial de la Salud para lograr un aborto sin riesgo en adolescentes. La iniciativa del Colegio de Médicos de Cataluña de reconocer en su código deontológico normas para garantizar la autonomía de las menores que acrediten suficiente madurez y la confidencialidad de la intervención fue suspendida por un juzgado a requerimiento de un grupo de médicos antiabortistas, lo que "aboca indirectamente a las adolescentes embarazadas a los riesgos sanitarios propios de las clínicas clandestinas".
Aborto inseguro: una crisis global de salud pública
Estadísticas y riesgos
La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente se realizan unos 46 millones de abortos, de los cuales el 40% se llevan a cabo en condiciones insalubres y peligrosas. Las evidencias demuestran que las leyes restrictivas están asociadas con elevadas tasas de abortos inseguros y peligrosos, lo cual recae sobre los sistemas de salud. En América Latina, la tasa de abortos inseguros es de 31 procedimientos por cada mil mujeres entre los 15 y 44 años, mientras que en regiones con amplio acceso a procedimientos legales, como Europa, solo 2 de cada mil procedimientos se realizan en condiciones de riesgo. Según estudios del Instituto Guttmacher, en colaboración con la OMS, las tasas de aborto son de 33 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina y Caribe, regiones ambas donde el aborto está severamente restringido.
Según la OMS, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. En 2023, entre el 4,7% y el 13% de las aproximadamente 287.000 muertes maternas en el mundo se debieron a abortos inseguros. La OMS también advierte que, mientras en las regiones desarrolladas se producen alrededor de 30 muertes por cada 100.000 abortos inseguros, en las regiones en desarrollo esta cifra asciende a 220 muertes por cada 100.000.
Aborto sin pena--Historia de Yojany/Yojany's story | de Ipas
El caso de Argentina y América Latina
En Argentina, el aborto voluntario sigue siendo ilegal, aunque hubo un "escenario de avances de leyes que aumentaron la calidad ciudadana en salud en términos de la agenda de género", incluyendo la Guía técnica para el aborto no punible (2010) tras el fallo FAL de la Corte Suprema. Este avance legal generó un cambio importante en la realización de abortos legales por tres causales desde el sistema sanitario: violación, riesgo de vida de la gestante y riesgo para su salud. Sin embargo, persisten problemas como la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la judicialización de lo que es una práctica médica legal, lo que retrasa la intervención y aumenta los riesgos para la salud de la gestante.
La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, despenalizándola para que toda mujer pueda acceder a un aborto seguro y legal, es un asunto de salud pública. En América Latina, muchos países tienen leyes muy restrictivas, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. En otros, como México, el aborto sigue estando criminalizado y lleno de obstáculos, aunque bajo algunos supuestos está permitido. La interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación en la Ciudad de México ha tenido resultados positivos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres que han requerido un aborto.
Impacto psíquico y social de la ilegalidad
La ilegalidad como "biopolítica del control del cuerpo"
Hablar de aborto y subjetividad en Argentina, y en la mayoría de los países de la región (con excepción de Cuba, Costa Rica, Uruguay y la Ciudad de México), es hacerlo en contextos de ilegalidad. La ilegalidad del aborto voluntario es percibida como una "biopolítica del control del cuerpo de las mujeres de los países periféricos", y no como un problema moral. La intervención sobre el cuerpo es la misma, pero la significación es diferente; por lo tanto, son diferentes las implicancias emocionales y morales.
Abortar en circuitos clandestinos genera efectos psíquicos terribles, no por la práctica en sí, sino por la clandestinidad. La ilegalidad del aborto es un indicador grave de violación de los derechos humanos y la vulneración de derechos genera sufrimiento psíquico. Además, es un marcador del margen real que hay en la sociedad para que una mujer elija; por lo tanto, mide el grado de autonomía que las mujeres tienen en la sociedad.
Desmitificando los impactos psicológicos
Es crucial no "psicologizar" el análisis de la problemática, es decir, no suponer que los procesos subjetivos de una mujer frente a un aborto se refieren estrictamente a sus posicionamientos intrapsíquicos. Tampoco se deben naturalizar los sentimientos de culpa como inherentes a toda práctica abortiva. En muchos relatos de mujeres, lo que se siente es alivio, y gran parte de la culpa, cuando existe, es consecuencia de la ilegalidad y la condena social y familiar. Además, no se deben confundir los derechos que deben garantizar las políticas públicas con los dilemas éticos que muchas mujeres pueden tener que dirimir frente a su decisión personal de abortar o no.
La idea de que siempre que hay fecundación hay deseo de hijo, consciente o inconsciente, desconoce la realidad material de que los anticonceptivos no son 100% seguros. Un preservativo que se rompe no puede ser confundido con un deseo inconsciente de tener un hijo. Otro aspecto a desmitificar es la idea de que toda interrupción de una gestación tiene efectos traumáticos per se; a menudo produce alivio y una disminución del malestar psíquico.
Disparidades de clase y generación
Existen diferencias de clase y de generación en relación con los imaginarios respecto del aborto. La idea de que es un problema solo de mujeres pobres que no pueden pagar abortos clandestinos es errónea. Si el aborto es clandestino, es un problema de todas las mujeres, no solo de las que no pueden pagar. Incluso quien puede pagar lo hace en condiciones de clandestinidad, poniendo en riesgo su salud por la dificultad de la derivación al sistema formal de atención médica, a menudo sin anestesia, en secreto y con múltiples maltratos y violencias.
En adolescentes pobres, las prácticas abortivas las exponen a riesgos de muerte y desamparo. A las adolescentes no pobres que pueden pagarlas en circuitos clandestinos, las formas de disciplinamiento son los miedos y las culpas. La condena y la culpabilización de las adolescentes que abortan, en contraste con la aceptación para parejas de padres con varios hijos, demuestra que lo castigado es la autonomía de la adolescente.
Un tema importante es la asimetría en las relaciones sexuales de las adolescentes que pueden terminar en embarazos no deseados. En chicas pobres, hay más asimetría de edad y el embarazo temprano es más probable que se deba a una situación de abuso. Obligar a una niña a llevar a término su embarazo no solo amenaza su vida y su salud, sino que también destruye sus oportunidades de vida futura, generando abandono escolar, estigma social, y daño psicológico y emocional, lo que puede ser considerado una forma de violencia institucionalizada o incluso tortura. "Ellas SON NIÑAS, NO MADRES".
Desafíos y retrocesos en el derecho al aborto
El derecho a la vida de las mujeres
El rechazo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina en 2018 demostró la reacción de los sectores conservadores ante la ampliación y el reconocimiento de derechos. Lo que estaba en juego era "el derecho a la vida de las mujeres, de aquellas que mueren en contextos de clandestinidad y de vulnerabilidad sanitaria". Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación en 2016, 43 de las 245 muertes maternas en Argentina se debieron a embarazos terminados en aborto, lo que confirma que el aborto continúa siendo la principal causa de morbimortalidad materna en el país. Si una mujer se enfrenta a un embarazo no planificado y no desea recurrir al aborto, no debe abortar. Sin embargo, legalizar y despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo para que toda mujer que así lo decida pueda acceder a un aborto seguro y legal es un asunto de salud pública.
Argumentos del lobby antiaborto y su refutación
"La única forma de acabar con el aborto es prohibirlo"
La OMS afirma que "los datos demuestran que las políticas restrictivas no solo no reducen el número de abortos, sino que también afectan a la posibilidad de que se practiquen de forma digna y sin riesgos. La proporción de abortos peligrosos es significativamente más elevada en los países que imponen leyes restrictivas, que en aquellos donde estas leyes son más laxas". La ONU, la OMS y el Consejo de Europa ratifican que la prohibición del aborto no hace que desaparezcan ni acaba con la necesidad de las mujeres y adolescentes a recurrir a este derecho.
Por el contrario, una política de salud sexual y reproductiva integral, desde la formación e información hasta la atención sanitaria, garantiza la toma de decisiones responsables sobre el embarazo y la maternidad. Es contradictorio que gobiernos como el de Polonia o el de Paraguay, que establecen una política muy restrictiva de aborto, prohíban al mismo tiempo la educación afectivo-sexual en las escuelas.
"No al aborto, sí a la vida. Soy provida"
Este eslogan del lobby antiaborto mundial es una falsa dicotomía. Las mujeres demandan medidas que garanticen una maternidad responsable: acceso a la salud sexual y reproductiva y disponer de las condiciones económicas básicas que les permitan asegurar el bienestar de su familia. Todas las personas tienen derecho a la vida desde el momento de nacer, y ningún organismo de derechos humanos ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado que "lo que es una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y las adolescentes es prohibir el acceso a un aborto legal y seguro al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos, insalubres y de riesgo". Defender el derecho a un aborto legal y seguro respetando la autonomía de las mujeres no está en contradicción con la defensa del derecho a la vida en el marco de los derechos humanos, independientemente de la posición moral, ética o religiosa de cada persona.
"El aborto es un asesinato y debe estar en el Código Penal"
Este mensaje "tremendista" oculta que el derecho a la vida comienza al nacer la persona, como cualquier otro derecho humano. Ninguna mujer debe verse obligada a elegir entre morir o ir a la cárcel. El derecho y las normas internacionales de los derechos humanos no reconocen los denominados derechos del feto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2004, señaló que "el feto no se considera como una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención" porque si así fuera, "se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas".
Por el contrario, son los Estados que prohíben y criminalizan el aborto en todos los supuestos, incluso cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la embarazada, los que pueden estar ejerciendo violencia de Estado contra las mujeres. El caso de Savita, una mujer que murió en Irlanda en 2012 porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir (cuando el aborto estaba prohibido en cualquier circunstancia), contribuyó a que desde diciembre de 2018 el aborto en Irlanda sea un derecho. "No se puede hablar de proteger la vida mientras se niega el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva."
Preservar la salud de las niñas también forma parte de los derechos humanos, y los riesgos ante el parto de niñas embarazadas se multiplican por cuatro respecto a las mujeres adultas. Las complicaciones de embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes. En los países de ingresos medio-bajos se producen 21 millones de embarazos entre adolescentes de 15 y 19 años, la mitad no deseados y el 55% de estos terminan en abortos inseguros. En Paraguay, el gobierno no permitió abortar a una niña de 10 años violada por su padrastro. Obligar a una niña a llevar a término su embarazo no solo amenaza su vida y su salud, sino que destruye también sus oportunidades de vida futura, generando abandono escolar, estigma social, y daño psicológico y emocional, lo que representa una forma de violencia institucionalizada que puede ser considerada tortura.
"El aborto es la primera causa de feminicidio en el mundo"
Este mensaje, usado por quienes hacen campaña contra el derecho al aborto, es provocador y manipula el concepto de "feminicidio", que define la violencia que, con resultado de asesinatos, se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de serlo. Un problema diferente es que en algunas sociedades, como China e India, la discriminación de género contribuye a la práctica de abortos en función del sexo del feto, donde la autonomía de las mujeres para decidir responsablemente sobre su embarazo se ve conculcada por la discriminación social.
"Las mujeres y las adolescentes usan el aborto como cualquier otro método anticonceptivo"
Con este mensaje se presenta a las mujeres como irresponsables e incapaces de discernimiento. Pero el derecho al aborto no es un derecho aislado, sino que forma parte de la salud sexual y reproductiva integral, de los derechos económicos y sociales, y del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Corresponde a los Estados garantizar a todas las personas el acceso a la educación afectivo-sexual, a métodos anticonceptivos, a los servicios de salud integral, incluido el aborto con garantías sanitarias, asegurando la igualdad de trato y no discriminación. Son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado.
Por el contrario, son los gobiernos los que utilizan los derechos sexuales y reproductivos en sus políticas demográficas basadas en intereses geoestratégicos o de "limpieza" étnica, como los casos de China, Irán o Perú, donde se han aplicado políticas reproductivas restrictivas o esterilizaciones forzadas.
"El aborto va contra las personas con discapacidad"
Este falso mensaje busca utilizar a las personas con discapacidad para justificar la prohibición del aborto. Establecer como causal del derecho al aborto una grave malformación del feto o su inviabilidad no tiene nada que ver con defender los derechos de las personas con discapacidad. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que "es a la mujer embarazada a la que corresponde la decisión de continuar con el embarazo después de un diagnóstico de malformación del feto". La mejor forma de promover los derechos de estas personas y combatir su discriminación social es establecer políticas que apoyen su autonomía y su igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo garantizar su derecho a una vida afectivo-sexual plena, prohibiendo la esterilización forzada, y asegurando el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso al aborto sin riesgos.
"Garantizar el derecho al aborto como un servicio de salud pública supone anular el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario"
Esta dicotomía es falsa. No es un derecho humano negar la atención médica por motivos de conciencia o de creencias religiosas. Ambos derechos son compatibles y los Estados tienen la obligación de regularlos adecuadamente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha manifestado que el acceso a los servicios de aborto no puede dejar de prestarse porque la población médica sea objetora de conciencia. Basta establecer las opciones alternativas de atención para sustituir al personal sanitario que se declare objetor, desde la información hasta la prestación del servicio. En todo caso, el personal sanitario debe atender siempre en situaciones de emergencia y con independencia de sus creencias personales la vida de cualquier embarazada o evitar consecuencias graves, incluida la atención posterior al aborto.