El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en España ha sido un tema recurrente en la agenda política y social. Las propuestas de reforma de la ley, impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, generaron un intenso diálogo y la firme oposición de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de Salud Mental.
La Propuesta de Reforma de la Ley del Aborto por Alberto Ruiz-Gallardón
El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, indicó que los supuestos para abortar que contemplaría la futura ley del aborto estaban todavía en "estudio". No obstante, dejó la puerta abierta a que se considerara el daño psicológico, siempre que estuviera "acreditado por profesionales" y se regulara para evitar que supusiera plena libertad para interrumpir el embarazo. Esta postura se dio a conocer en una entrevista en Onda Cero.
Supuestos Contemplados: Daño Psicológico y Malformación Fetal
Gallardón defendió que la reforma "resolvería las situaciones difíciles para la mujer" en caso de malformación del feto, pero cumpliría con los compromisos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya había explicado en el Senado que no se descartaba el supuesto de malformación grave, pero que en ningún caso se podría abortar por discapacidad. El ministro recordó que la Constitución prohíbe expresamente desproteger la vida del feto y señaló que, en su opinión, la invocación de un daño psicológico para la mujer conllevaba actualmente una plena libertad de aborto, algo que consideraba necesario regularizar. A pesar de esto, se mostró a favor de incluir entre los supuestos para abortar el daño psicológico de la mujer, si este estaba "acreditado por profesionales".
El titular de Justicia aseguró que el ministerio estudiaba la redacción adecuada de la normativa para no vulnerar la Convención de la ONU y eludió adelantar cuáles serían los supuestos específicos en los que se podría abortar.
Compromisos Internacionales y Discapacidad
Preguntado sobre las ayudas para las familias con niños con discapacidad, el ministro reconoció que el Gobierno "tiene que hacer un esfuerzo por la dependencia" y destacó que "no está dispuesto a disminuir, ni en época de crisis", las partidas presupuestarias destinadas a ese fin. Sin embargo, advirtió al PSOE que "no vale defender los derechos de los discapacitados sin defender para estos los mismos derechos que tienen todas las personas desde el momento mismo de la concepción".
Crítica a la Ley de Plazos de 2010 y la Ley de 1985
Gallardón aseguró que el Gobierno debía cumplir sus compromisos y ser fiel a sus principios, al margen de la contestación mediática, pese a que en ese momento el apoyo a un sistema de plazos era mayoritario en España. El titular de Justicia indicó que la modificación de la actual normativa del aborto estuvo presente en la campaña electoral, pero subrayó que el PP no modificó la ley de 1985 durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar. Aunque esa ley "no satisfacía a nadie", según Gallardón, "significó un espacio de consenso en un tema difícil y doloroso", un consenso que, a su juicio, el PSOE rompió al aprobar la ley de 2010. El ministro pidió no comparar el aborto con el divorcio, ya que esto podría llevar a la banalización de la interrupción voluntaria del embarazo, señalando que "una situación tan dramática no debe ser comparada con otro tipo de situaciones".
La Visión de la Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de Salud Mental
La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) - Profesionales de Salud Mental emitió un comunicado expresando su postura respecto a la reforma de la Ley del Aborto, posicionándose firmemente en contra de la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Oposición a la Exigencia de Consentimiento Parental
La AEN recordó que un año antes, asociaciones de mujeres, profesionales y partidos de la oposición se movilizaron contra la reforma de la Ley de plazos de 2010, que buscaba una ley de supuestos más restrictiva, y que gracias a la presión ciudadana, la reforma fue paralizada. En esta ocasión, la nueva Proposición de Ley exigía el consentimiento parental para las jóvenes de entre 16 y 18 años y mujeres con discapacidad que desearan acceder a un aborto legal y seguro, justificando la medida en una supuesta mayor protección de estos dos grupos. Sin embargo, la AEN y Naciones Unidas recomiendan que, para mejorar la protección de las mujeres, los Estados deben eliminar los obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro.
Riesgos y Consecuencias de la Reforma para Adolescentes y Mujeres con Discapacidad
Según la Asociación, exigir este consentimiento traería consigo un aumento del número de adolescentes que recurrirían a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar y hasta su vida. Asimismo, situaría a las menores que pudieran ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas con patria potestad en una situación de especial indefensión. Por estos motivos, la AEN consideró la propuesta un atentado contra la salud mental de estos grupos de mujeres y un aumento de los factores de riesgo para su integridad psíquica. La Asociación Española de Neuropsiquiatría se opuso con fuerza a esta Proposición de Ley, argumentando que "se ceba en las mujeres más indefensas y desfavorecidas, unas por su grupo de edad y otro por sus condiciones de discapacidad".
Entrevista sobre Derechos Sexuales y Reproductivos con Evelin Vallejo y Fernanda Saavedra
Discriminación y Derechos
La AEN consideró que esta nueva propuesta, sin más argumentos que los puramente electoralistas, era un nuevo atentado contra la libertad de las mujeres y una discriminación contra las jóvenes y las discapacitadas. Se destacó que la mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años, permitiendo a partir de esa edad decidir sobre una operación a vida o muerte, y que incluso antes de esa edad las mujeres pueden tomar decisiones cruciales sobre su vida, como contraer matrimonio o mantener relaciones sexuales. La Asociación encontró sorprendente que una mujer de 16-17 años no pudiera decidir sobre si desea o no tener un hijo y se le obligara legalmente a ser una madre competente a esa misma edad. Si se aprobara la reforma, las adolescentes y las mujeres discapacitadas no podrían acceder por sí mismas a un aborto legal y seguro, lo que constituiría una diferencia no basada en criterios médicos y un elemento de discriminación de género con posibles consecuencias para su salud.
Recomendaciones de Organismos Internacionales
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que, para proteger a las menores, las políticas y prácticas deben alentar, pero no exigir, el consentimiento de los padres. Además, el requisito de autorización paterna viola el derecho a la privacidad y el acceso de las mujeres a la atención médica sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres. Datos disponibles indicaban que aproximadamente 400 mujeres entre 16 y 17 años alegaban diversas razones para no pedir el consentimiento paterno o tutelar (riesgo de violencia de género, abusos sexuales, desamparo familiar, familias desestructuradas, etc.), situaciones frecuentes en la sociedad española que, según la AEN, eran ignoradas por el PP. Estas mujeres, las más vulnerables y desamparadas, quedarían indefensas si el plan propuesto por el PP para contentar a una parte de su electorado conseguía aprobarse.
Con respecto a las mujeres con discapacidad, los Estados tienen la obligación de velar por que se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad y no permitir que el consentimiento sea otorgado por terceras personas que actúen en su nombre. La Asociación de Profesionales de Salud Mental consideró que para proteger a las mujeres y no vulnerar sus derechos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deberían respetar y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas.
Análisis y Contexto Histórico de la Legislación sobre el Aborto en España
Las propuestas de reforma revivieron el debate sobre la legislación del aborto en España, trayendo a colación el funcionamiento de la ley de 1985 y las diferencias con la ley de 2010.
La Ley de 1985: Supuestos y su Aplicación Práctica
Una de las declaraciones del Ministro Gallardón, "La Ley será en lo sustancial como la de 1985, pero haciendo que se cumpla", suscitó análisis sobre el cumplimiento de la antigua normativa. La ley de 1985 eximía de la condición de delito el aborto en tres casos: violación (hasta 12 semanas), graves taras físicas o psíquicas del feto (hasta 22 semanas), y grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre (sin límite de plazo). En la práctica, la indicación de "grave peligro para la salud psíquica de la madre" funcionó como una "válvula de escape", no solo para las otras dos indicaciones (ya que algunas malformaciones se detectan después de la semana 22), sino también para casos no amparados por ninguna indicación explícita. El 96,6% de los abortos practicados se acogían a este último supuesto, para el cual bastaba el informe de un único médico.
Se argumentó que si se utiliza en la ley un concepto tan blando como "salud psíquica" de la madre, se traslada la responsabilidad final a los facultativos, convirtiéndolos en "legisladores del aborto". El retorno a una ley sustancialmente como la de 1985, pero con la intención de "que se cumpla", fue considerado contradictorio, a menos que, además de eliminar el supuesto de malformación del feto, se suprimiera también el de salud psíquica de la madre, algo que generaría menos abortos, especialmente en estado avanzado de gestación.
La Actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva (2009/2010)
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada a finales de 2009 por una mayoría de grupos parlamentarios (PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CiU), con el PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria y siete diputados de CiU en contra. La ginecóloga Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Nosotras Decidimos, afirmó que eliminar la ley de plazos y regresar a una legislación de supuestos, como anunciaba Gallardón, significaría "volver a decir que las mujeres no tenemos capacidad de decisión y que sólo alguien ajeno a nosotras puede decir qué podemos o no hacer".
- Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 14 Semanas: La actual ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, siempre que la mujer haya sido informada de las prestaciones existentes de ayuda a la maternidad y haya transcurrido un periodo de al menos tres días entre la petición y la intervención. No es necesario un certificado médico que acredite riesgo de salud para la mujer, a diferencia de la legislación anterior. Según datos de 2011, el 89,58% de los abortos en España se realizaron dentro de este plazo.
- Anomalías Fetales más allá de las 14 Semanas: Pasadas las 14 semanas, una mujer puede interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto, acreditadas por dos dictámenes médicos. Después de ese plazo, un comité clínico debe acreditar anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable. Estos casos constituyen la minoría de las intervenciones y son uno de los cambios más polémicos anunciados por Gallardón, quien rechazó el aborto por malformación fetal. Expertos rechazan el concepto de "aborto eugenésico" utilizado por el ministro. La especialista en diagnóstico prenatal, Pilar Martínez Ten, explicó que "malformaciones incompatibles con la vida" se refieren a anomalías como la anencefalia o la trisonomía del cromosoma 18. Eliminar este supuesto, según Martínez Ten, llevaría a las mujeres con recursos a buscar el aborto en otros países, como ocurría con la ley de 1985, y a las que no pueden permitírselo a recurrir a métodos peligrosos para su salud.
- Consentimiento Parental para Jóvenes de 16 y 17 Años: La legislación actual establece que las chicas de 16 y 17 años que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a menos que aleguen un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o desamparo. Un estudio de 2011 reveló que el 87% de las chicas que abortaron en centros lo hicieron acompañadas de sus tutores legales. El programa del PP, y así lo aseguró el ministro, preveía la eliminación de este supuesto.
- Prevención de Embarazos no Deseados: La portavoz Isabel Serrano señaló la aparente falta de interés del Gobierno en la prevención de embarazos no deseados. Las enmiendas parciales presentadas por el PP hacían pensar que la parte de prevención desaparecería de la futura reforma.
- Despenalización del Aborto: La entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del Código Penal que penalizaba el aborto excepto en tres supuestos. Aunque el ministro de Justicia aseguró que ninguna mujer iría a la cárcel con la nueva legislación, esto no impediría que un juez las citara a declarar, como ya ocurrió en el caso Isadora en 2007, donde 28 mujeres fueron llamadas a declarar por supuestas irregularidades.
Reflexiones sobre el Consenso y la "Guerra Ideológica"
La idea de que las leyes ideológicas pueden modificarse con el cambio de gobierno sin necesidad de consenso fue calificada de "chocante". Se argumentó que, si bien una ley puede ser ideológica para el Gobierno, para la sociedad española, especialmente en temas tan sensibles, lo que se anhela es seguridad, estabilidad y certidumbre que solo un amplio consenso puede garantizar. De lo contrario, un cambio de gobierno podría llevar a un "eterno retorno" de leyes sobre el aborto. Se destacó que las elecciones en España no se deciden por cambios de criterio en este tipo de temas, sino por otros factores, como la gestión económica, y que las "culture wars" no tienen la misma potencia que en otros países. Por ello, se consideró este un caso en el que el consenso era necesario y posible, a pesar de que "no hay una solución que agrade completamente a todos" porque el problema en sí mismo "no tiene solución". El objetivo debería ser una ley clara, que dé seguridad jurídica, evite "coladeros" y abortos en estados avanzados de gestación, y no delegue la responsabilidad. Se criticó que la legislación de 1985 era insatisfactoria y creaba incertidumbres, y que los políticos a menudo hablan de "Ideología" en lugar de "Derecho" o "Política", lo que minimiza las posibilidades de acuerdo entre los principales partidos.
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