La situación del aborto en Estados Unidos ha experimentado cambios significativos y polémicos en los últimos años, con un continuo vaivén de políticas a nivel federal y estatal que buscan restringir o proteger el derecho a la interrupción del embarazo. La revocación de Roe v. Wade en 2022 por la Corte Suprema, de mayoría republicana, eliminó la protección federal al aborto que existía desde 1973, dejando la política al respecto en manos de cada estado.
Nuevas órdenes ejecutivas de la administración Trump
Recientemente, el presidente Trump ha firmado dos nuevas órdenes ejecutivas que revierten normativas de la administración Biden, con la intención de limitar aún más el derecho al aborto y restaurar políticas previas. Estas medidas buscan un mayor control sobre la financiación y la participación en pactos internacionales antiaborto.
Corte de fondos federales para abortos electivos
Donald Trump ha ordenado cortar los fondos federales destinados a financiar o promover los abortos electivos. Esta orden ejecutiva subraya que, desde hace casi 50 años, el Congreso ha promulgado leyes anuales que impiden la financiación federal de la interrupción voluntaria del embarazo, y acusa a la administración de Joe Biden (2021-2025) de no haberlas respetado. Biden había permitido el uso de fondos federales para este fin en 2022, argumentando que ante la "crisis sanitaria" el Gobierno federal tomaba medidas para proteger la prestación de servicios sanitarios y promover el acceso a servicios críticos de salud reproductiva, incluido el aborto. Trump afirma que con su orden se pone fin "al uso forzoso del dinero de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo".
Cabe recordar que, según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto, este es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. La Casa Blanca ha señalado que el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto promulgará directrices a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas para la implementación de lo acordado. Planned Parenthood, un proveedor de atención médica para mujeres, ha manifestado que, si bien esta orden no tiene un impacto inmediato, "es una indicación de que la administración Trump está redoblando la apuesta por negar el acceso al aborto a las personas con bajos ingresos".
Restablecimiento de la "Mexico City Policy"
Trump ha firmado otra orden ejecutiva que restablece la política antiabortista conocida como "Mexico City Policy". Esta política prohíbe que se destinen fondos federales a organizaciones no gubernamentales extranjeras que practiquen o realicen abortos. Instaurada por el expresidente Reagan en 1984, ha sido rescindida por cada presidente demócrata y restablecida por cada republicano. Joe Biden la eliminó y ahora Trump la recupera. Los opositores la llaman la "orden de la mordaza global" porque, según ellos, silencia a los defensores del aborto. El presidente de Estados Unidos requiere el retorno de esta medida "para garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no financien organizaciones o programas que apoyen o participen en la gestión de un programa de abortos coercitivos o esterilización involuntaria".
Los demócratas y los defensores del derecho al aborto sostienen que la norma altera otras formas de acceso a la atención médica e impide que las organizaciones no gubernamentales en el extranjero reciban fondos estadounidenses, incluso si usan su propio dinero en la atención del aborto. Janeen Madan Keller, investigadora de políticas del Centro para el Desarrollo Global, ha señalado que las investigaciones muestran que la "orden de mordaza" ha llevado a un aumento de embarazos no deseados y abortos, en contra de su impacto previsto.
Reincorporación a la Declaración de Consenso de Ginebra
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que Estados Unidos se reincorpora a la Declaración de Consenso de Ginebra. Este es un acuerdo internacional antiaborto de carácter simbólico que, según los críticos, tiene como objetivo limitar el acceso al aborto a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
Marcha por la vida y protección a las clínicas
Marcha anual en Washington
En Washington se ha celebrado la tradicional "Marcha por la vida", que se lleva a cabo desde hace décadas. A través de un mensaje grabado, el presidente Donald Trump prometió apoyar a los activistas contra el aborto durante los próximos cuatro años. "En mi segundo mandato, volveremos a defender con orgullo a las familias y los derechos de los no nacidos, protegiéndolos de los ataques de la izquierda radical contra las iglesias", dijo. Esta manifestación comenzó a celebrarse en 1973, tras el fallo del Tribunal Supremo Roe v. Wade, y cada año reúne a miles de activistas en Estados Unidos que llenan la Explanada Nacional con todo tipo de imágenes y consignas contra la interrupción del embarazo.
Rebaja de la protección a las clínicas
Según un memorando emitido por Chad Mizelle, jefe de gabinete del fiscal general, los futuros procesos judiciales y causas civiles relacionados con el aborto, que se lleven a cabo en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés), solo se permitirán en casos graves y "circunstancias extraordinarias". La ley de 1994 prohíbe el uso de la fuerza y la obstrucción física para impedir que una persona obtenga o preste servicios de salud reproductiva. Mizelle también ordenó la desestimación inmediata de tres causas civiles presentadas contra acusados de obstruir el acceso a clínicas en Florida, Pensilvania y Ohio. En adelante, dijo Mizelle, los casos futuros relacionados con el aborto en virtud de la Ley FACE se presentarán solo en "circunstancias extraordinarias o en casos que presenten factores agravantes significativos, como muerte, lesiones corporales graves o daños materiales graves". No se permitirá ningún caso nuevo sin una autorización de alto nivel dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
El panorama del aborto a nivel estatal
Desde la anulación de Roe v. Wade, los estados han asumido la potestad de legislar sobre el aborto, lo que ha generado un mosaico de leyes y acceso muy diferente a lo largo del país. En la actualidad, una de cada tres mujeres en Estados Unidos vive en un estado donde abortar está casi o totalmente prohibido.
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Clínicas de aborto y viajes interestatales
A finales de 2025, había 753 clínicas físicas de aborto en EE.UU., según un informe del Instituto Guttmacher. Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de la Federación Nacional del Aborto, afirmó que "administrar una clínica en un entorno como el actual a menudo no es sostenible". La amenaza de criminalización en muchos estados ha disuadido a mujeres y niñas de acudir al sistema de salud y buscar atención prenatal. Las prohibiciones estatales han ido acompañadas de una erosión constante y rápida del derecho a la intimidad, ya que la policía y otros investigadores criminales se basan cada vez más en los datos para rastrear a quienes solicitan abortos o a quienes los ayudan e instigan.
Desde la anulación del caso Roe contra Wade, los estados donde el aborto es legal se han convertido en destinos para quienes buscan abortos fuera de su estado. Según el Instituto Guttmacher (GI), 155.000 personas cruzaron las fronteras estatales el año pasado, y más de 9.200 personas viajaron solo a Virginia para someterse al procedimiento en 2024. En 2023, más de 160.000 mujeres estadounidenses dejaron sus hogares para interrumpir sus embarazos.
El Instituto Guttmacher también ha sido usado como fuente para los viajes que han realizado las mujeres de Estados Unidos para abortar en un estado diferente al suyo en 2023 y para la estimación de las interrupciones realizadas en todo el país. La imagen de la distribución espacial de las clínicas para abortar en Estados Unidos se ha elaborado a partir de la base de datos de ANSIRH (Advancing New Standards in Reproductive Health) de la Universidad de California, en San Francisco.
Casos emblemáticos de mujeres afectadas por las restricciones
- Amanda Zurawski estuvo a punto de morir en Texas y ha sido la primera en defender en los tribunales un derecho que tuvieron su madre y su abuela.
- Samantha Casiano se quedó embarazada en 2022 de su hija Halo, que apenas vivió cuatro horas antes de morir agonizando. El estado de Texas no permitió abortar a esta mujer de 30 años, a pesar de que al feto se le diagnosticó una malformación incompatible con la vida en mitad del embarazo. Tuvo que dar a luz a una bebé condenada a morir al no tener recursos económicos para ir a abortar a otro estado.
El caso de Bristol, una ciudad dividida
La ciudad estadounidense de Bristol, con una población aproximada de 44.000 habitantes, está dividida entre Virginia y Tennessee, con la frontera estatal pasando literalmente por la calle principal. Mientras que en Virginia el aborto es legal, en Tennessee es ilegal desde el fallo de la Corte Suprema de 2022. Por ello, la única clínica de abortos de la ciudad, la Clínica de Salud Femenina de Bristol, se mudó a menos de un kilómetro y medio para seguir ejerciendo legalmente en Virginia.
Barbara Schwartz, cofundadora de SLAAP (Asociación para el Acceso al Aborto en la Frontera Estatal), que ayuda a las personas que viajan a Virginia para abortar, describe la situación como el juego de "whack-a-mole", donde los antiabortistas intentan constantemente nuevas tácticas. La clínica se enfrenta a un intento de desalojo por parte de sus propietarios, los hermanos Chase y Chadwick King, que se oponen rotundamente al aborto. Aunque un caso anterior fue desestimado por el juez Sage Johnson, los propietarios insisten en sus intentos de desalojo. Si el juez falla a favor de los propietarios, la clínica se verá obligada a buscar un nuevo hogar, lo que sería un duro golpe para el acceso al aborto, según Schwartz.
Victoria Cobb, directora de la organización antiaborto Family Foundation, ha lanzado esfuerzos para restringir el aborto en Bristol mediante el uso de ordenanzas locales. La Family Foundation ha argumentado que la existencia de la clínica contraviene la normativa urbanística que prohíbe el uso de los edificios de forma que pueda poner en peligro la vida, planteando la pregunta: "¿Por qué esto no se extiende a la vida del feto?". El texto de la ordenanza que ella promovió abogaba por no permitir la apertura de nuevas clínicas en Bristol y el bloqueo de la expansión de las clínicas existentes. Jay Detrick, director de Planificación de la ciudad, describió el debate como "más estresante que lidiar con un estacionamiento. Es algo que nunca antes se había tratado a nivel local". Finalmente, el fiscal de la ciudad determinó que imponer restricciones a un centro médico no era su competencia.
Otro grupo, encabezado por el pastor texano Mark Lee Dickson, ha presionado a ayuntamientos de todo el país para que apliquen la Ley Comstock, una ley federal de 152 años de antigüedad que prohíbe enviar o recibir material por correo que pueda inducir un aborto. 93 autoridades locales han aprobado ordenanzas para aplicar esta ley, e incluso han cerrado una clínica de Planificación Familiar en Lubbock, Texas. El pastor Dickson espera el mismo resultado en Bristol. Kimberly Smith, cofundadora de SLAAP, anticipa nuevas campañas, afirmando que los activistas antiaborto tienen a Bristol en la mira debido a su inusual composición política.
Votaciones estatales sobre el aborto
Además de la elección del presidente y los miembros del Congreso, los ciudadanos de 10 estados votaron en las urnas para decidir si consagraban o no el derecho a la interrupción del embarazo en las respectivas constituciones estatales. Siete estados votaron a favor de consolidar los derechos reproductivos, dos de ellos (Misuri y Arizona) revirtiendo la prohibición que estaba vigente y otros cinco (Nevada, Colorado, Nueva York, Montana y Maryland) modificando sus constituciones para consagrar el derecho de las mujeres a abortar. Los otros tres estados (Florida, Nebraska y Dakota del Sur) votaron a favor de mantener la prohibición.
Resultados estado por estado:
- Arizona: Votaron a favor de una enmienda que garantizará el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto (semana 23 o 24) y que incluye excepciones de muerte o para la salud mental de la madre.
- Colorado: La iniciativa para enmendar la Constitución estatal e impedir que el gobierno del estado pueda negar o limitar el derecho al aborto superó el 55% de apoyo. Hoy por hoy no hay límite gestacional para la práctica en este estado.
- Dakota del Sur: Rechazó proteger el aborto en el primer trimestre del embarazo. Actualmente, la ley de Dakota del Sur prácticamente prohíbe los abortos, con la única excepción de que la vida de la mujer corra un peligro inminente.
- Florida: Seguirá en vigor una de las leyes más restrictivas del país, que no permite la interrupción del embarazo después de la sexta semana de gestación, conocida como la Ley del Latido. El gobernador republicano Ron DeSantis la firmó en abril de 2023.
- Maryland: Los votantes se inclinaron por consagrar la libertad reproductiva como derecho constitucional, abriendo paso a que la Constitución estatal contemple el “derecho a la libertad reproductiva, incluida la capacidad para tomar y hacer efectivas las decisiones de prevenir, continuar o dar fin a un embarazo”. No existe límite gestacional para el procedimiento.
- Misuri: Votaron a favor de revertir la prohibición casi total del aborto en el estado y establecer una garantía constitucional al “derecho fundamental para la libertad reproductiva”, incluyendo la opción de interrumpir el embarazo hasta el límite de la viabilidad fetal.
- Montana: El aborto es legal en Montana y ahora sus votantes han apostado por enmendar la constitución para que incluya específicamente el “derecho a tomar y llevar a cabo decisiones sobre el embarazo propio, incluido el derecho al aborto” hasta el límite de la viabilidad fetal, o incluso hasta después si es por proteger la vida o la salud.
- Nebraska: La consulta impulsada por los conservadores, que proponía ratificar el statu quo, blindando las disposiciones existentes en la ley fundamental del estado, logró los votos necesarios.
- Nevada: Una mayoría de votantes se inclinaron a favor de enmendar la Constitución local para incorporar la protección al derecho al aborto hasta la viabilidad fetal o más allá en casos en los que la salud o la vida de la gestante esté en peligro.
- Nueva York: Los neoyorquinos votaron a favor de ampliar la Enmienda de la Igualdad de Derechos de la Constitución del estado, para que prohíba expresamente la discriminación “por resultados de embarazo”, lo que protegería el acceso a un aborto seguro sin importar cambios a nivel federal.
Desde la revocación de 'Roe contra Wade', la mayoría de los estados controlados por los republicanos tienen nuevas restricciones al aborto, incluidos 14 en los que se prohíbe en todas las etapas del embarazo. Mientras, en la mayoría de los estados gobernados por los demócratas se aprobaron leyes o emitieron órdenes ejecutivas para proteger el acceso. Siete estados han llevado a cabo referendos sobre el tema desde la decisión de la Corte Suprema, y en todos se impusieron los partidarios del derecho al aborto, incluyendo California, Míchigan, Vermont, Montana, Kentucky, Ohio y Kansas.
Estos resultados, aunque significativos, no tendrán la última palabra en la cuestión, ya que se prevé que los estados en los que se apruebe la revocación de las prohibiciones post-Roe enfrenten litigios. Lo que sí quedará claro es cuán relevante sigue siendo el tema para los estadounidenses dos años después de la histórica decisión de la Corte Suprema.